La Comisión Europea ha abierto una investigación a España por supuestas ayudas de Estado ilegales a los astilleros privados, que puede poner en peligro a todo el sector en España. Si este factor es preocupante para el futuro de los astilleros que están activos, como son los del occidente asturiano, también se convierte en una losa sobre las posibilidades del astillero de El Natahoyo por parte del grupo Armón, después de que el juez de lo mercantil haya certificado la defunción de Factorías Juliana.
El Gobierno de Noruega, un eurodiputado de Finlandia y asociaciones de astilleros de otros países europeos han denunciado ante la Comisión Europea las supuestas ayudas de Estado a los astilleros españoles, prohibidas por la normativa comunitaria. Según los denunciantes, estas ayudas dan a los astilleros españoles una ventaja a la hora de ofrecer precios de un 20% a un 25% respecto a los de otros países europeos. Si se elimina, los astilleros españoles tendrán más difícil contratar barcos en condiciones rentables.
El meollo del asunto es el «tax lease», un instrumento financiero que permite la amortización acelerada, en tres años y medio, de los buques que se construyen en España. Se instrumenta de la siguiente forma: la construcción del buque la encarga formalmente una entidad de leasing (arrendamiento financiero), que cede el buque a un grupo de inversores, que a su vez alquilan el barco al armador con una opción de compra irrevocable al finalizar el contrato. La clave está en el grupo de inversores, que se busca entre empresas españolas con altas bases imponibles positivas en el impuesto de sociedades, unas bases imponibles que la legislación española les permite compensar con la amortización acelerada del barco. Esto es, les permite ahorrar impuestos. El beneficio también se traslada parcialmente al armador mediante las cuotas de arrendamiento del barco o del precio de la ejecución de compra.
La Comisión Europea ya comenzó a investigar este sistema en 2009, cuando la ministra de Industria de Noruega, Sylvia Brustad, envió una carta a la entonces comisaria de competencia de la UE, Neelie Kroes. El último asalto en esta ofensiva nórdica lo protagonizó el eurodiputado finés Ville Itälä, quien pidió en julio a la Comisión Europea que determine si el «tax lease» español es una ayuda de Estado ilegal. La respuesta se la dio el 31 de agosto el comisario europeo de la Competencia, Joaquín Almunia: «La Comisión está investigando estas denuncias y tomará las medidas apropiadas».
El resultado de la investigación preocupa en la Gerencia del Sector Naval, dado el precedente de lo que ocurrió en Francia, donde un instrumento fiscal homónimo y muy similar ya fue declarado ilegal por la Comisión en diciembre de 2006.
De hecho, responsables del Ministerio ya han manteniendo reuniones con empresarios del sector y con responsables de las comunidades autónomas afectadas para tratar de buscar una alternativa que evite el colapso de la docena de astilleros privados españoles que en las condiciones actuales son rentables. «Todos los países europeos dan ayudas a sus astilleros, la diferencia es que nosotros no nos enteremos de cuáles son», se lamenta un empresario del sector.
Mientras en las costas españolas, con un clima benigno, se cierran factorías navales, los astilleros de los países nórdicos, en los que las condiciones de trabajo son imposibles varios meses al año, prosperan. ¿Cómo? Por un lado, subcontratan la construcción de los cascos en países con mano de obra más barata, como Rusia o Rumanía. Por si fuera poco, para acabar los buques en Noruega o Finlandia, contratan a lituanos o letones, los meten a vivir en barracones mientras dura el trabajo y les pagan sueldos bajos, ya que la legislación permite esa discriminación salarial, al contrario que en España.
Foto. Una barcaza traslada al País Vasco dos grúas de Nagisa en octubre de 2009. ángel gonzález
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