La información la ha entregado el abogado Edgardo Reinoso, quien ha dicho que "(los mineros) tomaron la decisión de ejercer acciones no solamente en contra de la Empresa San Esteban, dueña de la veta, sino contra algunas entidades con responsabilidad de derecho público". "Entre ellos, el Servicio Nacional de Geología y Minería (Sernageomin) y la Dirección del Trabajo", ha precisado Reinoso.
El abogado ha explicado que la iniciativa de los 33 de Atacama -como se conoce ahora al grupo de mineros rescatados la semana pasada tras permanecer 70 días en un socavón a 700 metros de profundidad- se basa fundamentalmente en las declaraciones de la ministra del Trabajo, Camila Merino, quien señaló que el Gobierno tenía antecedentes "de que la mina no debería haber estado abierta".
Ayer, el minero Juan Illanes, que fue el tercero en salir a la superficie a través de la cápsula 'Fénix 2', entregó su versión a la justicia de cómo sucedieron los hechos el pasado 5 de agosto, fecha del derrumbe, aunque al salir de la audiencia eludió a la prensa.
La idea de las pesquisas es aclarar las responsabilidades y verificar la versión de que los trabajadores pidieron salir de la mina tres horas antes del derrumbe por los ruidos que sentían y que no les fue permitido por los administradores de la mina.
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