Estos tres municipios gobernados por Izquierda Unida apoyan un urbanismo desaforado en contra del desarrollo sostenible que defiende el programa del partido29/01/10. Sociedad. El modelo de un desarrollo energético y económico sostenible que Izquierda Unida defiende en su programa se vuelve palabrería cuando algunos dirigentes de esta formación política toman el mando de ciertos municipios malagueños. No es la norma general en la provincia, pero el urbanismo salvaje y el crecimiento desaforado basado en la promoción del ladrillo y de un turismo residencial especulativo también es moneda común en localidades como Torrox, Arriate o Casares, tal y como ha constatado EL OBSERVADOR / http://www.revistaelobservador.com/.EL caso de Carratraca, con la renuncia de un alcalde de IU, Oscar Román, por negarse a aplicar la legislación urbanística de la Junta de Andalucía porque supondría abrir más de un centenar de expedientes sancionadores por construcciones irregulares a los vecinos del municipio, se ha solventado in extremis con una huida hacia delante. El nuevo alcalde, Francisco Duque, también de IU, ha anunciado en su toma de posesión que defenderá “a muerte” las casas de los vecinos. No hay cambio de postura respecto el argumento que hizo dimitir a su predecesor, que en esencia supone un desacato institucional al cuerpo normativo en materia urbanística.
LO ocurrido en este pequeño pueblo del valle del Guadalhorce pone de relieve la contradictoria relación que Izquierda Unida mantiene con la gestión y el planeamiento urbanístico en los municipios malagueños, dependiendo de si forma parte del gobierno o de la oposición. A priori, el discurso programático de Izquierda Unida propugna un urbanismo sostenible, controlado, en línea con los planteamientos de los ecologistas. ESTA teoría la han llevado a la práctica en casos como el de Merinos Norte en Ronda o en Ardales, donde los dirigentes locales de IU han mantenido una firme postura en contra de los desmesurados complejos urbanísticos que se han planteado. No sólo en estos dos municipios, también en El Borge, Archidona, Mollina o Alozaina, por citar algunos ejemplos, IU defiende y practica en líneas generales un desarrollo urbanístico sosegado que no hipoteque el futuro a los cantos de sirenas de las grandes promotores inmobiliarios.
LO ocurrido en este pequeño pueblo del valle del Guadalhorce pone de relieve la contradictoria relación que Izquierda Unida mantiene con la gestión y el planeamiento urbanístico en los municipios malagueños, dependiendo de si forma parte del gobierno o de la oposición. A priori, el discurso programático de Izquierda Unida propugna un urbanismo sostenible, controlado, en línea con los planteamientos de los ecologistas. ESTA teoría la han llevado a la práctica en casos como el de Merinos Norte en Ronda o en Ardales, donde los dirigentes locales de IU han mantenido una firme postura en contra de los desmesurados complejos urbanísticos que se han planteado. No sólo en estos dos municipios, también en El Borge, Archidona, Mollina o Alozaina, por citar algunos ejemplos, IU defiende y practica en líneas generales un desarrollo urbanístico sosegado que no hipoteque el futuro a los cantos de sirenas de las grandes promotores inmobiliarios.
EXISTEN, sin embargo, varios ejemplos que demuestran que la política urbanística de Izquierda Unida en poco o nada se diferencia de la de otras formaciones políticas que han basado en el ladrillo y la industria de la construcción su gestión municipal, con mejor o peor suerte.
ARRIATE. La desmesurada urbanización que propone el alcalde de IU, Bernardino Gaona, en el pequeño municipio serrano de Arriate donde gobierna con mayoría absoluta habría provocado alegaciones y protestas del propio partido en cualquiera otra población. Su nuevo PGOU plantea inicialmente aumentar un 80 por ciento el suelo urbanizable, consolida viviendas diseminadas y deja las puertas abiertas a futuros campos de golf. Destaca la promoción de Picachos: 187 viviendas a tres kilómetros del casco urbano junto al Arroyo de la Ventilla que ha provocado encendidas críticas de Ecologistas en Acción. El complejo, que como tantos otros se encuentra actualmente paralizado a causa de la crisis inmobiliaria, supondría en caso de llevarse a cabo y habitarse las viviendas sumar 800 nuevos ciudadanos a los apenas 4.100 con los que cuenta el municipio. La urbanización de la promotora Eleven Desarrollos Inmobiliarios SL ocupará un área de 110.000 metros cuadrados, tendrá unas 17 casas por hectárea y conllevará, en palabras de Gaona, el ingreso de 570.000 euros a las arcas del municipio. A cambio, la riqueza faunística, botánica, geológica, paleontológica, paisajística y arqueológica que atesora el arroyo La Ventilla se verá gravemente afectada, advierten desde Silvema-Ecologistas en Acción.
CASARES. Gobernado durante décadas por un alcalde de IU, Juan Sánchez, actual presidente de la Mancomunidad de Municipios de la Costa del Sol y sobre quien pesa una denuncia de la Fiscalía de Medio Ambiente de Málaga por permitir la construcción de dos viviendas ilegales teniendo conocimiento de que el Seprona (Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil) había abierto dos expedientes para restablecer legalidad alterada. Una vez terminadas las viviendas, el Ayuntamiento de Casares decretó su archivo, lo que para la Fiscalía puede constituir un delito contra la ordenación del territorio. Además, el municipio de Casares alberga Doña Julia Golf Resort, una gigantesca promoción que combina la fórmula golf y viviendas residenciales ha sido objeto de estudio -consultar AQUÍ- en Paisajes Amenazados de Málaga, obra editada por Ecologistas en Acción en la que este macroproyecto se describe como “el mayor pelotazo urbanístico de la Costa del Sol”.
TORROX. La Junta de Andalucía limita el crecimiento urbanístico de los municipios a un 40 por ciento del suelo urbanizable y un 30 por ciento de la población. En el caso del municipio axárquico de Torrox, gobernado por IU en coalición con el PP junto a dos partidos locales independientes, estos umbrales se sobrepasan ampliamente. Con una población censada de 16.900 habitantes, la alcaldesa de Torrox, Toñi Claros, y el concejal de Urbanismo, José Luis Pérez, ambos de IU, están echando un pulso al gobierno andaluz para que el nuevo PGOU incluya las 10.000 viviendas previstas en el antiguo planeamiento. Al igual que otros municipios costeros, Torrox ha experimentado los efectos del ‘boom’ de la construcción de los últimos años centrando su economía en la venta y alquiler de viviendas vacacionales o segundas residencias. Y al igual que otros municipios, Torrox ha experimentado un fuerte descenso de ingresos municipales con el pinchazo de la burbuja inmobiliaria de forma que en los últimos tres ejercicios se ha pasado de cinco millones a medio millón de ingresos urbanísticos. Pese a ello, la que propone IU para este pueblo costero es más ladrillo.
fuente : el observador
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