«La querellada suscribe contrato de asesor con Juan Carlos Jiménez García, contrato que se realiza mientras mantiene una relación estable, y que finaliza con casamiento llevado a efecto el pasado verano del presente año (en relación a 2009)». Es un extracto literal de la querella criminal presentada por el ex alcalde Pedro Pacheco contra la actual regidora de Jerez, la socialista Pilar Sánchez, en la que se se dedica todo un apartado para la «especial consideración a la contratación de Juan Carlos Jiménez».
En el mismo escrito, se da a conocer a la jueza que instruye el caso, que «se nombra asesor de Presidencia al Sr. Jiménez García, estableciendo una retribución para el mismo superior a los 6.000 euros mensuales». Como es sabido, la magistrada ha admitido a trámite la citada querella, lo que significa que investigará la contratación de los asesores de la primera edil, tal y como pedía Pacheco.
El escrito presentado ante el Juzgado de Instrucción número 3, al que ha tenido acceso este medio, divide la contratación de los asesores en cinco apartados. En dos de ellos, se refiere a dos cargos y personas concretas: Sebastián Rubiales Bonilla, gerente de la empresa de suelo (Emusujesa), y Juan Carlos Jiménez, asesor de Alcaldía. En todos los casos, no obstante, se «quiebra de distintas formas y a través de distintos procedimientos, de forma consciente y dolosa, la legalidad afectante a la contratación de personal afecto a las administraciones públicas, bien con carácter de funcionario eventual, bien con carácter de personal laboral fijo indefinido». Asimismo, el ex alcalde asegura que todos estos nombramientos se llevaron a cabo basándose siempre «en las relaciones personales que mantiene la querellada con cada contratado, y estableciendo, a espaldas de los principios de publicidad, concurso público y transparencia, determinados puestos de trabajo, la mayoría de ellos vacíos de contenido, y en todos los casos con retribuciones superiores a las previstas en los funcionarios públicos».
Retribución «desorbitada»
La demanda presentada a la jueza, que no tiene desperdicio, se detiene en asuntos como «la carencia de méritos, titulación y perfil con el supuesto desempeño laboral que se asigna en cada caso», la retribución «desorbitada» o el «exagerado» número de contrataciones. El ex alcalde le achaca a la primera edil los «delitos continuados en el tiempo de prevaricación, nombramiento ilegal, falsedad en documento público, malversación y tráfico de influencias».
Los supuestos contratos ilegales a los que alude el ex líder andalucista son un total de 45 y afectan a 40 personas, por lo que la defensa de Pedro Pacheco ha pedido que todos sean llamados a declarar como testigos.
Recientemente, la alcaldesa anunció que habrá una disminución «notable» de 19 asesores, mientras que desde el PP le han pedido que ésta sea «sobresaliente» y de «matrícula de honor», es decir, que «acabe con todos porque son políticos, no jurídicos, y la mayoría vienen de la corte de Pilar Sánchez, con lo que su credibilidad es cero». Al hilo de la querella presentada por Pacheco, el gobierno local, en su última comunicación en relación con este asunto, ha asegurado «no tener constancia alguna acerca de la admisión a trámite o no» de la misma. Fuentes del gobierno han subrayado que «en cualquier caso, dicha admisión sería el trámite legal lógico en todos aquellos casos en los que la autoridad judicial se enfrenta a una denuncia presentada por cualquier ciudadano, ya que lo que se abriría ahora es una fase de reclamación de información». Dicho paso no supondría «en ningún caso que el contenido sea siquiera verosímil».
En cualquier caso, ha insistido el gobierno por activa y por pasiva, la querella «forma parte de una estrategia de defensa (tratando de ocultar su condición de acusado y aparentando ser el acusador), en un proceso impulsado por Anticorrupción en el cual hay un solo imputado, como es Pedro Pacheco».
fuente: la voz
No hay comentarios:
Publicar un comentario