Anda que no esta contento el tio con el dinero que gana. Viva el parlamento europeo-peo-peo-peo-peo.El Parlamento Europeo (PE) discute esta y la próxima semana la idoneidad de los comisarios designados por Durão Barroso para liderar la próxima Comisión Europea (CE). La inminente entrada en funciones del nuevo Ejecutivo comunitario supone la salida de otros comisarios que no renovarán mandato, lo cual trae consigo indemnizaciones doradas, un monto total que podría superar los 15 millones de euros. Aunque los pagos se ciñen a la normativa actual, la crisis económica por la que atraviesa Europa y el hecho de que los comisarios no sean designados por votación democrática, hace que no estén exentos de cierta controversia.
El PE inició el pasado lunes 11 de enero las audiencias de los 26 comisarios propuestos por el presidente de la CE, José Manuel Durão Barroso, para liderar el nuevo Ejecutivo. Los comisarios designados se disponen a convencer a los eurodiputados de su idoneidad para asumir el trabajo. Una vez pasado el examen, la nueva Comisión Barroso II entrará en funciones, previsiblemente a principios de febrero. Esto conlleva la salida de trece comisarios.
La normativa actual establece que los funcionarios salientes se beneficiarán durante tres años de una “indemnización transitoria” equivalente a entre el 40% y el 65% de su salario bruto que estará sujeta a los impuestos comunitarios. El monto total también depende de la duración del mandato. Aquellos titulares que hayan ocupado el cargo por un periodo inferior a cinco años (el estándar) obtendrán primas proporcionalmente reducidas. En el caso de haber cumplido cinco años, el ex comisario percibirá 116.804,68 euros anuales.
Actualmente el salario básico de un comisario europeo es de 19.909,89 euros brutos mensuales, a lo que se suman otros complementos, como el pago de la residencia. En el caso de un vicepresidente, como será el caso del español Joaquín Almunia, el salario base está fijado en 22.122,10 euros mensuales. El del presidente de la CE, en 24.422,80 euros.
La indemnización transitoria está diseñada para facilitar la “reinserción profesional” de los políticos salientes, dada supuesta dificultad de que el sector privado les abra sus puertas. La regulación actual también estima un tope para esta indemnización. En caso de que el comisario saliente adquiera una función remunerada, la suma total de su nuevo salario junto a la indemnización de Bruselas no podrá exceder el monto que percibía mientras trabajaba en la CE.
Las pensiones de la CE
El Ejecutivo comunitario también otorga una pensión vitalicia a sus ex comisarios, que reciben a partir de los 65 años. Así, los ex titulares tienen derecho a una jubilación que supone el 4,275% del salario básico de cada año de servicio prestado en la CE, y sin que nunca pueda exceder del 70% de su salario de base. Esto se traduciría en un monto de 51.068,76 euros anuales en el caso de haber cumplido con un mandato de cinco años.
En el caso del ex titular español, Pedro Solbes, la prensa recogía en abril del año pasado que su pensión como ex comisario europeo se suma a la de ex diputado y ex ministro, lo que significa unos 13.500 euros al mes.
Ante la polémica desata por estas cifras, la portavoz comunitaria de Asuntos Administrativos, Valérie Rampi, ha querido dejar claro que son las que fija la regulación actual, un reglamento aprobado por los Estados miembros en el Consejo Europeo. La CE se limita a “aplicar las reglas”, concluye.
El PE inició el pasado lunes 11 de enero las audiencias de los 26 comisarios propuestos por el presidente de la CE, José Manuel Durão Barroso, para liderar el nuevo Ejecutivo. Los comisarios designados se disponen a convencer a los eurodiputados de su idoneidad para asumir el trabajo. Una vez pasado el examen, la nueva Comisión Barroso II entrará en funciones, previsiblemente a principios de febrero. Esto conlleva la salida de trece comisarios.
La normativa actual establece que los funcionarios salientes se beneficiarán durante tres años de una “indemnización transitoria” equivalente a entre el 40% y el 65% de su salario bruto que estará sujeta a los impuestos comunitarios. El monto total también depende de la duración del mandato. Aquellos titulares que hayan ocupado el cargo por un periodo inferior a cinco años (el estándar) obtendrán primas proporcionalmente reducidas. En el caso de haber cumplido cinco años, el ex comisario percibirá 116.804,68 euros anuales.
Actualmente el salario básico de un comisario europeo es de 19.909,89 euros brutos mensuales, a lo que se suman otros complementos, como el pago de la residencia. En el caso de un vicepresidente, como será el caso del español Joaquín Almunia, el salario base está fijado en 22.122,10 euros mensuales. El del presidente de la CE, en 24.422,80 euros.
La indemnización transitoria está diseñada para facilitar la “reinserción profesional” de los políticos salientes, dada supuesta dificultad de que el sector privado les abra sus puertas. La regulación actual también estima un tope para esta indemnización. En caso de que el comisario saliente adquiera una función remunerada, la suma total de su nuevo salario junto a la indemnización de Bruselas no podrá exceder el monto que percibía mientras trabajaba en la CE.
Las pensiones de la CE
El Ejecutivo comunitario también otorga una pensión vitalicia a sus ex comisarios, que reciben a partir de los 65 años. Así, los ex titulares tienen derecho a una jubilación que supone el 4,275% del salario básico de cada año de servicio prestado en la CE, y sin que nunca pueda exceder del 70% de su salario de base. Esto se traduciría en un monto de 51.068,76 euros anuales en el caso de haber cumplido con un mandato de cinco años.
En el caso del ex titular español, Pedro Solbes, la prensa recogía en abril del año pasado que su pensión como ex comisario europeo se suma a la de ex diputado y ex ministro, lo que significa unos 13.500 euros al mes.
Ante la polémica desata por estas cifras, la portavoz comunitaria de Asuntos Administrativos, Valérie Rampi, ha querido dejar claro que son las que fija la regulación actual, un reglamento aprobado por los Estados miembros en el Consejo Europeo. La CE se limita a “aplicar las reglas”, concluye.
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