Argentina dicta orden de detención internacional contra
cuatro torturadores del franquismo
En un día histórico para las víctimas del franquismo, la
magistrada María Servini de Cubría ha dictado una resolución por la que dicta
orden internacional de detención preventiva, con fines de extradición, para
cuatro ex funcionarios de seguridad acusados de torturas: el ex guardia civil Jesús Muñecas Aguilar, el ex escolta de Francisco
Franco y de la Casa Real Celso Galván Abascal, el ex comisario José Ignacio
Giralte González; y ex inspector José Antonio González Pacheco, alias Billy El
Niño.
Es decir, que en la causa abierta en Argentina para juzgar
los crímenes del franquismo, han pasado a ser imputados estos cuatro ex
funcionarios, que deben ser extraditados "a efectos de recibir declaración
indagatoria". "Se procede que esta magistratura curse específicamente
a las autoridades españolas esta orden de detención", dice textual la resolución
de la magistrada. El texto especifica que se debe comunicar "el arresto
preventivo de los nombrados con fines de extradición a efectos de recibir
declaración indagatoria a la Organización Internacional de Policía Criminal
(INTERPOL)".
Ésta es la victoria más importante de las víctimas del
franquismo en causa que comenzó hace más de tres años
La resolución, entonces, será enviada tanto a INTERPOL como
a las autoridades españolas para proceder a la detención de los primeros cuatro
procesados de la causa, abierta en abril de 2010, tal y como acaba de confirmar
a Público uno de los abogados que ha recibido en mano la resolución de la
jueza, el argentino Carlos Slepoy.
Los abogados solicitaron por escrito a la jueza, en marzo de
este año, que emitiera órdenes de captura internacional contra nueve
responsables del régimen franquista: tres ex ministros, José Utrera Molina
(suegro del ministro de Justicia Alberto Ruiz-Gallardón), Rodolfo Martín Villa
y Fernando Suárez; y dos ex jueces, además de los cuatro exfuncionarios de
seguridad que ahora han pasado a estar procesados en la causa. La magistrada ha
decidido proceder, por ahora, contra estos últimos.
La ley procesal argentina prevé que, si existen indicios de
criminalidad en una persona, se la llame para que preste declaración
indagatoria, cuyo efecto es la orden internacional de detención si el acusado
se encuentra fuera del país. Ésta es la victoria más importante que consiguen
las víctimas del franquismo en el marco de una causa que comenzó hace más de tres
años. El proceso ha sufrido varios escollos que ahora comienzan a disiparse.
Siguientes pasos
La jueza recibirá el próximo 20 de noviembre, aniversario de
la muerte de Francisco Franco, a víctimas de la dictadura y a funcionarios
españoles para que presten su testimonio en el marco de la causa. Se espera la
llegada de parlamentarios de BNG, IU, Amaiur, y quizás alguno del PSOE. Es
probable que se adelante el diputado de ERC Joan Tardà, para interponer en
octubre una querella por el asesinato durante la dictadura de Lluis Companys,
presidente de la Generalitat durante la II República, y que también lo
acompañen varios concejales y alcaldes
de su partido.
Diputados de BNG, IU, Aralar y PSOE irán con las víctimas
que testificarán en Buenos Aires el 20-N
A ello se le suma el creciente apoyo institucional que en
Argentina otorga cada vez más relevancia a la causa. Además de la resolución de
apoyo del Congreso Nacional a la causa judicial, el alcalde de de la ciudad de
La Plata ha declarado de interés municipal la querella argentina contra los
crímenes del franquismo, y lo mismo está estudiando la legislatura provincial
de Buenos Aires. La última en mostrar su respaldo ha sido la legislatura
porteña (el Parlamento de la ciudad de Buenos Aires), que acaba de aprobar por
unanimidad una declaración de apoyo a la querella y de condena al franquismo.
Hace unos días, se constituyó la Plataforma Argentina de Apoyo a la Querella
contra los Crímenes del Franquismo, a la que se adhirieron casi 100
organizaciones, y uno de sus objetivos es el de sumar el apoyo de más
instituciones a la qerella, en sintonía con lo que está sucediendo en España
con la Coordinadora Estatal de apoyo a la Querella Argentina (CeAQUA).
"Este apoyo es fundamental", resalta Slepoy. Los abogados se han reunido con prácticamente
todas las fuerzas del Congreso, y con el director de Derechos Humanos de la
Cancillería, Federico Villegas Beltrán, para garantizar que las próximas
videoconferencias que realice la jueza con víctimas del franquismo no vuelvan suspenderse,
como ya sucedió en tres ocasiones. Los querellantes también estuvieron con
Mario Fera, presidente de Consejo de la Magistratura, órgano encargado de la
tramitación técnica de las querellas, para dejar asegurado nuevos problemas.
Estado de la causa
Hasta ahora, la jueza había enviado a España dos comisiones
rogatorias. En la primera, solicitaba que le informaran sobre si había
investigaciones en curso sobre el franquismo, en qué juzgado estaban, en qué
estado se encontraban. También pedía información sobre el plan sistemático de
exterminio de la dictadura, y en específico, sobre el plan deliberado,
planificado y legalizado del secuestro de niños. Varios meses después, contestó
la Fiscalía General de Estado que encabezaba Cándido Conde-Pumpido, cuando por
entonces el PSOE estaba en el Gobierno. La Fiscalía alegó que en España estaba
investigando el franquismo, y advertía que el principio de jurisdicción
universal es subsidiario, es decir, que podía aplicarse cuando no había
investigaciones en el país donde se cometió el crimen, por lo se entendía que
Argentina no tenía competencia para investigar.
La única causa judicial abierta en el mundo sobre los
crímenes del franquismo es la que se impulsa desde Argentina
Los abogados de la querella replicaron con un escrito,
aclarando que todos los procesos abiertos en distintos juzgados del país a raíz
de los testimonios que había enviado el juez Baltasar Garzón, habían sido
archivados en su inmensa mayoría, y que sólo quedaban tres abiertos, pero
relacionados con la existencia de fosas comunes y exhumación de cuerpos, sin
que hubiera una investigación penal. La jueza reaccionó inmediatamente y mandó
una segunda comisión rogatoria a España, pidiendo la identificación de muchos
responsables. La Fiscalía General volvió a contestar cuando ya estaba el PP en
el Gobierno, con Eduardo Torres-Dulce
como nuevo fiscal general, en donde reiteraban que Servini de Cubría no tenía
competencia para juzgar los crímenes franquistas. Para entonces, Garzón ya
había sido condenado en febrero de 2012 por el Tribunal Supremo.
La magistrada decidió entonces viajar a España, pero el
viaje fue cancelado porque la Corte limitó el número de funcionarios con los
que podía viajar. Para su llegada se había creado un movimiento con una lista
de 100 declarantes. La suspensión de su viaje generó una enorme frustración.
Pero con la actual resolución de la jueza, con la que dicta
la primera orden internacional de detención contra los primeros representantes
del franquismo, la magistrada ha dado un paso que puede marcar un hito en la
historia española.
La única causa judicial que hay abierta en el mundo en
relación a los crímenes del franquismo es la que se impulsa desde Argentina. La
Constitución argentina reconoce desde 1853 el principio de justicia universal,
por el que este país tiene jurisdicción para perseguir los crímenes franquistas
al haberse negado España a investigar por sí misma los crímenes cometidos entre
el 17 de julio de 1936 y el 15 de junio de 1977. Según los autos de Garzón, la represión
franquista dejó al menos113.000 desaparecidos y unos 30.000 niños apropiados
por el régimen que fueron sustraídos a las familias republicanas.
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