El Colectivo Ronda ha presentado una demanda en representación de dos confederaciones estatales de prejubilados y pensionistas en la que solicita que se declare inconstitucional la congelación de las pensiones contributivas de este año 2011.
La demanda se ha presentado ante los tribunales de Barcelona en nombre de la Confederación Estatal de Asociaciones y Federaciones de Prejubilados y Pensionistas de Telefónica (Confedetel) y de la Confederación Estatal de Prejubilados y Pensionistas (Cepyp).
En la demanda se denuncia la vulneración e infracción de artículos de la Constitución y de derechos, entre los que destacan el derecho a la Seguridad Social, a la seguridad jurídica y a la igualdad ante la ley.
También afirma que el Gobierno ha querido sustituir a las Cortes Generales legislando con un real decreto-ley "de forma abusiva e injustificable". "Salta a la vista -se argumenta en la demanda- que el Gobierno del Estado, sin el apoyo de ninguna mayoría parlamentaria, por el procedimiento en teoría 'urgente' del real decreto-ley, ha derogado un artículo de la Ley General de la Seguridad Social que había sido acordado por el conjunto de grupos parlamentarios, Gobierno y sindicatos, mediante Ley 24/1997, de 15 de julio, de Consolidación y Racionalización del sistema de Seguridad Social". Esta ley fue votada en el Congreso de los Diputados y refrendada en el Senado, recuerda el colectivo de abogados.
La congelación de las pensiones representa, a juicio de este grupo de letrados, una pérdida de poder adquisitivo "injusto, haciendo recaer las consecuencias de la crisis en las clases más desfavorecidas, en base a argumentaciones genéricas para conseguir objetivos indeterminados como la estabilidad del euro o el aumento de la credibilidad".
La pérdida de poder adquisitivo se da, además, en un colectivo, los pensionistas, que "ya sufren unas pensiones muy reducidas", y cita datos oficiales que indican que el 71,75 % de jubilados percibe prestaciones inferiores a 1.000 euros, y el 58,5 % tiene ingresos de menos de 600 euros mensuales.
Recuerda, además, que estas pensiones se dan en un contexto en el que el gasto en España por este concepto se sitúa en el 9 % del Producto Interior Bruto (PIB), mientras que en el conjunto de la Unión Europea es del 12 %.
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