Las ayudas para el empleo están en el punto de mira. La Guardia Civil lleva una investigación a gran escala, que ya está en manos del TSJA, sobre un posible fraude en subvenciones de la Unión Europea para incentivar la contratación indefinida. Según recogía ayer el diario ABC, estas ayudas estaban canalizadas por la Junta, encargada de cerrar el trámite con las empresas que iban a ofrecer estos empleos indefinidos, bien por la conversión de contratos temporales o por la creación directa de nuevosp uestos. Una vez cobrada la subvención, las sociedades supuestamente despedían a los trabajadores sin cumplir el tiempo mínimo de mantenimiento del empleo.
Según apunta ABC, fue la Comandancia de la Guardia Civil de Cádiz quien inició las pesquisas en la provincia, que luego se extendieron al resto de Andalucía. Así lo confirmaron ayer varias fuentes consultadas y advirtieron de que «la investigación aún sigue abierta».
Al parecer, el asunto comenzó a adquirir mayor relevancia cuando la Guardia Civil desmanteló la sede de Cádiz del Sindicato Independiente de Trabajadores (SIT) el pasado mes de diciembre en la denominada 'operación Catis'. Los miembros de esta organización fueron acusados de emitir diplomas falsos de formación por cursos subvencionados también por la Unión Europea que luego no impartían. Ya entonces se llevaba algún tiempo investigando a las empresas que podrían estar comentiendo fraude con los fondos europeos.
El fiscal general del Estado, Cándido Conde- Pumpido , señaló ayer en Sevilla que este escándalo se ha extendido a todas las provincias a excepción de Huelva, según informó Europa Press. Poco antes de clausurar una reunión de los fiscales superiores de las comunidades autónomas, precisó que «el fraude ha sido cometido por sociedades particulares y si hay otro tipo de responsabilidades, se derivarán de la investigación judicial». Además, avanzó que tras una prórroga de la operación, «el asunto está prácticamente terminado y en fase de ser próximamente judicializado».
Fuentes de la Delegación de Empleo explicaron por su parte que la única línea de ayuda que gestiona con recursos de la UE es la de fomento del empleo estable. Este programa está regulado por la orden del 21 de julio de 2005 y establece compensaciones económicas de un máximo de 4.750 euros por trabajador contratado. Las fuentes explicaron que «este plan tiene bastante aceptación entre las empresas».
Por su parte, el consejero de Empleo, Manuel Recio, aclaró que se trata de ayudas del Ministerio de Trabajo, con el que el Gobierno andaluz colabora en su gestión y control. Según informa Efe, el responsable andaluz insistió en que su departamento no tiene aún conocimiento de los resultados de la investigación, si bien manifestó que cuando la tenga, «si hay anormalidad se procederá a solicitar la devolución del dinero que hubiera sido mal utilizado».
De una manera u otra, el control de estas subvenciones corresponde a la Junta, que según Recio, se lleva a cabo de manera «aleatoria» sobre un número de empresas que se han visto beneficiadas y que en base a ese control si se observa algún tipo de infracción, se pide la devolución.
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