Los informes forenses describen su minusvalía psíquica de la siguiente manera: «Padece retraso psicomotor, hemiplejia leve y retraso mental significativo». Los especialistas cifran su edad mental en ocho años, aunque ya no pueda cumplir más los 40. Esa diferencia notable es incapaz de reconocerla porque «no conoce su edad ni su fecha de nacimiento»; tampoco «sabe leer, escribir ni realizar cálculos matemáticos». Ese conjunto de limitaciones se les pasó por alto presuntamente a dos notarios de El Puerto, que autorizaron la firma del discapacitado en una serie de actos jurídicos que mermaron sus bienes. Ambos dieron fe de «su capacidad y legitimación» y de esa manera colaboraron presuntamente en la estafa que otros estaban perpetrando. La Fiscalía de Cádiz ha pedido que se les investigue.
La imputación de los dos notarios forma parte de una investigación que está realizando el juzgado mixto nº 2 de El Puerto y que se abrió el año pasado. Un conocido de la víctima, aprovechando su discapacidad, se hizo con el control de su patrimonio, sustrayendo dinero de sus cuentas e impulsando la venta de una parcela en Valdezahares (El Puerto) de la que se llevó más del 50% del precio final que debía haber recibido el legítimo vendedor y propietario. Así consta en las diligencias que se instruyen en el juzgado portuense, el cual emitió en octubre un auto de procesamiento contra el supuesto autor de la estafa y su pareja sentimental. El juez veía indicios de delito en su comportamiento y pidió al fiscal que calificara los hechos.
Sin embargo, el Ministerio Público indagó en cómo se habían producido determinadas operaciones como la compra-venta de la citada parcela y descubrió que el discapacitado había firmado una serie de documentos ante dos notarios cuando en realidad no sabe ni leer. La propia Fiscalía había iniciado meses antes los trámites para incapacitarlo a partir de los datos que les ofreció la entidad Afanas, donde había trabajado.
A finales de enero, el fiscal le contestó al juez indicándole una serie de indicios de la presunta autoría de los dos notarios en un delito de falsedad en documento público. El juez aceptó sus argumentos y emitió un nuevo auto en donde confirmaba que procedería a interrogar a los notarios, en calidad de imputados, y ordenaba la práctica de pruebas complementarias.
Según la información recabada por el Ministerio Público, el discapacitado plasmó su firma el 9 de diciembre de 2009 en un poder notarial que le otorgaba plena capacidad al principal implicado en la estafa para disponer de su patrimonio. En dicho documento, uno de los notarios señaló que había permitido a la víctima la lectura de la escritura y tras explicarle su contenido, le manifestó que quedaba enterado de la misma. Para el fiscal, en virtud de los informes médicos, eso es incompatible con las limitaciones del discapacitado.
El otro notario está imputado por dos actos jurídicos que validó. Se trata de un testamento en el que la víctima nombraba heredero universal al supuesto autor de la estafa. Según dejó por escrito este profesional, redactó el documento cumpliendo la voluntad del discapacitado, quien supuestamente le demostró que sabía leer y escribir. A los pocos días este mismo notario verificó una operación de compra-venta en la que la víctima vendía una finca por 90.500 euros a un tercero. 35.800 euros acabaron en manos de su falso amigo. El fiscal entienden que los notarios habrían incurrido en una imprudencia grave al pasar por alto el claro retraso mental de la víctima.
fuente: Lavozdigital
No hay comentarios:
Publicar un comentario