«Es verdad que hay cuatro o cinco socialistas que han cometido una irregularidad o un delito», admitía en la mañana de ayer Manuel Chaves en una entrevista en Televisión Española en referencia a los posibles socialistas implicados en el caso de los ERE (expedientes de regulación de empleo) fraudulentos. El ex presidente de la Junta y vicepresidente tercero del Gobierno debía desconocer que a esa hora su partido ya había expulsado a otros tres militantes del municipio sevillano de Camas por beneficiarse de prejubilaciones subvencionadas por la Junta de Andalucía en dos empresas sin haber trabajado nunca en ellas. Con ellos, el escándalo de los ERE ha salpicado ya a una docena de socialistas, la mayoría cargos del PSOE en Sevilla. Ocho de ellos figuran como 'intrusos' en los ERE de lo que ha trascendido hasta ahora de la investigación.
El PSOE confirmaba ayer la dimisión de José Antonio García Prieto, secretario de Política Municipal de este partido en Camas, y la expulsión de los militantes Ricardo Medina Barrios y Juan Manuel López Espada, también de Camas. Los tres aparecen como beneficiarios de una póliza de prejubilación en los ERE de Intersur y Surcolor. Junto a la expulsión de López Espada, el PSOE confirmó que también ha dimitido la esposa de este, Concepción Ávila Aldaco, de su cargo de concejala de Cultura de Camas.
El PSOE ya había expulsado por aparecer como 'intrusos' en los ERE al ex dirigente del PSOE de Baeza (Jaén) Antonio Garrido Santoyo, al ex alcalde de El Pedroso (Sevilla) Rafael Rosendo; el exdelegado de Trabajo y Asuntos Sociales de la Junta en Sevilla Juan Rodríguez Cordobés y al militante de El Pedroso Alejandro Martín. Algunas fuentes citan también como beneficiario de una prejubilación falsa al ex gobernador civil de Cádiz César Braña, hoy fallecido.
Los nuevos 'intrusos' descubiertos guardan relación con el ex delegado de Empleo en Sevilla, Antonio Rivas, imputado por la juez del 'caso Mercasevilla' por un supuesto delito de cohecho en la investigación que se sigue por el presunto soborno a unos empresarios en Sevilla. Esta investigación fue la primera del entramado 'Mercasevilla', sobre el que ya hay cinco procesos distintos abiertos, uno de ellos el de las irregularidades en los ERE subvencionados por la Junta en la pasada década. Rivas, alcalde de Camas entre 1999 y 2000, fue obligado a dimitir el pasado domingo de sus cargos en el PSOE provincial después de que el fiscal haya solicitado para él una multa de 900.000 euros y 21 meses de suspensión de cargo público. El PP y PA, personados como acusación, también solicitan multas millonarias, inhabilitación y cárcel. El diario 'El Mundo' citaba ayer a dos concuñados de Rivas como prejubilados en empresas en las que nunca trabajaron.
Entre Camas y El Pedroso
No sólo Camas. El Pedroso es otro municipio especialmente afectado por los ERE. De este pueblo de la sierre sevillana fue alcalde el ex director general de Empleo, Javier Guerrero, imputado por la policía judicial en la trama de los ERE. Guerrero fue el responsable directo de la gestión de 647 millones de euros destinados desde 2000 a 2009 al auxilio de empresas en crisis, la mayoría para prejubilaciones.
La Junta realiza una investigación interna sobre 45 ERE activos gestionados por Guerrero. Hasta ahora ha descubierto 39 casos de irregularidades en 12 empresas de las 30 rastreadas. Para este viernes tiene previsto dar a conocer las conclusiones de las otras 15. PP e IU pidieron ayer a la Junta que envíe las conclusiones de su investigación sobre los ERE al Parlamento.
Los ERE coparán hoy el debate parlamentario, donde la mayoría socialista volverá a rechazar una comisión de investigación reclamada por PP e IU. Pero en la sesión plenaria de ayer también hubo bronca sobre este asunto. Tanto PP como IU cargaron contra el consejero de Economía, Innovación y Ciencia, Antonio Ávila, en una comparecencia para hablar de los incentivos a las empresas en tiempos de crisis (340 millones desde 2008).
La portavoz del PP, Esperanza Oña, sembró dudas sobre irregularidades de dichas ayudas, que entiende que «sólo benefician» a los socialistas o a sus amigos y acusó al Gobierno andaluz de ser «cínico y cruel con los parados» por ello. Ávila aguantó el chaparrón y calificó de «impresentable» la intervención de la portavoz del PP.
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