El fraude a las ayudas europeas podría eludir los tribunales en la provincia si la empresa de telemarketing Qualytel logra demostrar que no dio un mal uso a las subvenciones para estabilizar la plantilla. Ésta es la única que sigue investigando la Fiscalía después de que la Guardia Civil detectara irregularidades en casi 800 expedientes en Cádiz y el caso saltara al resto de Andalucía.
Desde 2007 la firma recibió 318.000 euros para hacer contratos fijos o convertir a trabajadores eventuales en indefinidos. Según fuentes judiciales, ese montante iría destinado a la contratación de más de un centenar de empleados que fueron despedidos o se marcharon antes de cumplir los cuatro años de relación con la empresa, que es el plazo mínimo que exige esta línea de subvenciones. En este caso, tampoco fueron sustituidos como permite el decreto que las regula.
El Ministerio Público mira ahora con lupa toda la documentación aportada por la empresa para determinar si hubo o no delito en la gestión de las ayudas y continuar el proceso judicial. Para ello, la estafa debe superar los 120.000 euros, en lo que corresponde a los fondos de la Unión Europea y 90.000, en la parte que sufraga la Junta, encargada de gestionar los recursos y velar por su buen uso.
La labor no está resultando fácil, en los últimos cuatro años la firma se ha visto inmersa en un ERE, además de varios reajustes de la plantilla, con lo que muchos de estos trabajadores fueron despedidos, renunciaron o solicitaron excedencias. Algunos fueron sustituidos y otros no, con lo que la investigación deberá desvelar en qué casos hubo infracción.
Hace un año
Respecto al resto de solicitudes sospechosas, la Fiscalía de Cádiz las estudió una por una y al no superar el límite para incurrir en un delito, fueron remitidas a la Intervención General de la Consejería de Hacienda para que procediera a solicitar el reintegro de las ayudas.
De aquello hace ya un año después de que el Ministerio Público hiciera la denuncia en el juzgado de Instrucción número 1 de Cádiz. En este proceso solo se encuentra Qualytel que es la única sospechosa de haber cometido un delito. En el resto de los casos, ningún expediente pasaba de los 80.000 euros.
La Junta ya aclaró el pasado fin de semana que en estos años se ha hecho seguimiento a 6.900 empresas en toda Andalucía. Y a 4.082 de ellas se les ha solicitado que devuelvan los fondos. En lo que toca a la provincia, se les ha reclamado el pago a 278 de un total de 471. La mayoría quedarán en una infracción administrativa, a excepción de 24 casos que terminarán ante el juez
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