El escándalo de los ERE ha terminado por salpicar el proceso de Delphi. El engaño no se ha producido en el colectivo que formaba parte de la plantilla, sino entre los trabajadores de la industria auxiliar, que estaban incluidos en el protocolo firmado el 4 de julio de 2007 tras el cierre de la factoría puertorrealeña.
La investigación ha detectado a dos intrusos que aparecen vinculados a subcontratas de la multinacional, aunque nunca han trabajado en ellas. Ambos aparecen en el listado de los 59 falsos prejubilados que ya ha detectado la Junta y a la que ha tenido acceso este periódico.
Estos son los únicos que se han detectado hasta el momento en la provincia, donde no ha habido detenciones por el momento. Durante la investigación se ha detenido y puesto en libertad con cargos a once personas, entre ellos al ex director general de Trabajo de la Junta Francisco Javier Garrido.
El ERE de Delphi fue gestionado por la consultora de seguros Uniter que ha tramitado 636 prejubilaciones, de las que en torno a una treintena han sido a trabajadores de las subcontratas que habían mantenido una larga relación con la multinacional. La Junta y los sindicatos acordaron dar a este colectivo, formado por 173 trabajadores, el mismo trato que a los demás y también se han podido beneficiar de las condiciones de retiro laboral.
En este caso, cada operario que tuviera ya cumplidos los 53 años aportó el 40% de su indemnización -que esa sí fue distinta a la de la plantilla y en arreglo a lo pactado con sus antiguas empresas- y el resto lo puso la Junta. En cualquier caso, el salario anual de garantía que se estableció supera los 21.000 brutos.
Hasta el momento no ha trascendido la indentidad de estos dos posibles prejubilados que la Junta ya ha remitido a la jueza Mercedes Ayala, que instruye la investigación de los ERE derivada del 'caso Mercasevilla'. En el resto de Andalucía hay otros 57 intrusos repartidos entre 21 empresas, la mitad de ellas con sede en la provincia de Sevilla.
La que acumula el mayor número de casos es Bonpunt, ubicada en Ronda, con una decena de intrusos. También en Málaga, se colaron otros cinco en el proceso de regulación de empleo de la fábrica textil Hitemasa. En el punto de mira están otros 87 posibles defraudadores entre los que podrían engordar la lista de Cádiz. Bajo investigación sigue una docena de expedientes de procesos que gestionó Uniter en la provincia entre los que se encuentra el de Altadis.
El consejero de Empleo, Manuel Recio, avanzó en su última comparecencia que ya se han investigado a 5.273 trabajadores, de los que en su mayoría no han presentado ninguna irregularidad, con lo que intentó minimizar el impacto del escándalo.
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