La policía chilena detuvo este lunes a unos 41 estudiantes que protestaban en contra de la privatización de la educación que el Gobierno de esa nación quiere llevar a cabo. Este tipo de manifestaciones se efectúan desde principios de mes con saldo de decenas de presos.
Durante las manifestaciones, que ya se extienden por varias semanas, los estudiantes tomaron varios recintos educativos. El primero en desalojado fue el Instituto Nacional, localizado a unas dos manzanas del Palacio de la Moneda, Casa de Gobierno, indicó el Departamento de Comunicaciones de la Policía.
Posteriormente fueron apresados los estudiantes que se encontraban en el Liceo Confederación Suiza, lugar en donde los manifestantes quemaron neumáticos; después las fuerzas del orden se dirigieron al Liceo Amunátegui.
La ocupación de estos centros de educación tiene el propósito de objetar los planes del Estado de acabar con la instrucción pública, sostuvieron los estudiantes.
Aparte de la privatización de la educación, los jóvenes también reclaman beneficios de alimentación y salud, entre otras solicitudes.
Los estudiantes expresaron que deseaban acabar con la ganancia que obtiene el Estado a costa de la formación de los chilenos, además de impulsar el desarrollo de políticas que pongan fin a la inequidad del sector educativo en el país.
En Chile, la educación superior y parte de la secundaria, pública, debe ser pagada por los ciudadanos, algo que ha generado grandes desigualdades en el país, según estudios realizados en los últimos cinco Gobiernos.
Los jóvenes que forman parte del 10 por ciento de la población con menores recursos no finalizan su formación secundaria y sólo pueden aspirar a trabajos con salarios mínimos, que general un promedio mensual de 600 dólares mensuales, señalan los estudios.
En contraparte, los análisis reflejan que los jóvenes que conforman el sector más pudiente de la nación cursan hasta los 24 años de edad un promedio de tres años de educación superior y acceden a trabajos con ingresos de hasta mil dólares que pueden elevarse al triple si finalizan sus estudios.
La protesta de los estudiantes por la privatización de la educación se mantiene desde el 18 de agosto pasado cuando, en la ciudad de Santiago, los efectivos policiales reprimieron a unos 3 mil manifestantes con gases lacrimógenos y chorros de agua, jornada que culminó con unos 60 detenidos.
Además, más o menos medio millar de estudiantes de secundaria de la capital protagonizaron a principios de este mes, una marcha en protesta por el aumento en el pasaje escolar, la solicitud de la no aplicación de la Prueba de Selección Universitaria y el rechazo a la Ley General de Educación.
Los jóvenes salieron desde Providencia (oriente de la capital) para marchar hasta el Museo de Bellas Artes ubicado en el sector del Parque Forestal, en la comuna de Santiago.
Sumado a esta situación, el Gobierno del presidente Sebastián Piñera enfrenta también un paro general de los trabajadores públicos para este 26 de agosto ante la pérdida de unos dos mil 500 puestos de trabajo durante el 2010.
Adicionalmente, la comunidad indígena mapuche recientemente ha señalado a los representantes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Chile por incumplir la aplicación del Convenio 169 sobre pueblos indígenas y Tribales en Países Independientes.
El Convenio ofrece un marco legal de protección a las comunidades nativas y establece normas especiales en gran variedad de ámbitos como el laboral, educacional, de salud y de procedimiento judiciales lo cual implica concederles a los miembros de estas comunidades derechos políticos, participación en el Congreso, así como en las municipalidades y gobiernos regionales, entre otras cosas. La policía chilena detuvo este lunes a unos 41 estudiantes que protestaban en contra de la privatización de la educación que el Gobierno de esa nación quiere llevar a cabo. Este tipo de manifestaciones se efectúan desde principios de mes con saldo de decenas de presos.
Durante las manifestaciones, que ya se extienden por varias semanas, los estudiantes tomaron varios recintos educativos. El primero en desalojado fue el Instituto Nacional, localizado a unas dos manzanas del Palacio de la Moneda, Casa de Gobierno, indicó el Departamento de Comunicaciones de la Policía.
Posteriormente fueron apresados los estudiantes que se encontraban en el Liceo Confederación Suiza, lugar en donde los manifestantes quemaron neumáticos; después las fuerzas del orden se dirigieron al Liceo Amunátegui.
La ocupación de estos centros de educación tiene el propósito de objetar los planes del Estado de acabar con la instrucción pública, sostuvieron los estudiantes.
Aparte de la privatización de la educación, los jóvenes también reclaman beneficios de alimentación y salud, entre otras solicitudes.
Los estudiantes expresaron que deseaban acabar con la ganancia que obtiene el Estado a costa de la formación de los chilenos, además de impulsar el desarrollo de políticas que pongan fin a la inequidad del sector educativo en el país.
En Chile, la educación superior y parte de la secundaria, pública, debe ser pagada por los ciudadanos, algo que ha generado grandes desigualdades en el país, según estudios realizados en los últimos cinco Gobiernos.
Los jóvenes que forman parte del 10 por ciento de la población con menores recursos no finalizan su formación secundaria y sólo pueden aspirar a trabajos con salarios mínimos, que general un promedio mensual de 600 dólares mensuales, señalan los estudios.
En contraparte, los análisis reflejan que los jóvenes que conforman el sector más pudiente de la nación cursan hasta los 24 años de edad un promedio de tres años de educación superior y acceden a trabajos con ingresos de hasta mil dólares que pueden elevarse al triple si finalizan sus estudios.
La protesta de los estudiantes por la privatización de la educación se mantiene desde el 18 de agosto pasado cuando, en la ciudad de Santiago, los efectivos policiales reprimieron a unos 3 mil manifestantes con gases lacrimógenos y chorros de agua, jornada que culminó con unos 60 detenidos.
Además, más o menos medio millar de estudiantes de secundaria de la capital protagonizaron a principios de este mes, una marcha en protesta por el aumento en el pasaje escolar, la solicitud de la no aplicación de la Prueba de Selección Universitaria y el rechazo a la Ley General de Educación.
Los jóvenes salieron desde Providencia (oriente de la capital) para marchar hasta el Museo de Bellas Artes ubicado en el sector del Parque Forestal, en la comuna de Santiago.
Sumado a esta situación, el Gobierno del presidente Sebastián Piñera enfrenta también un paro general de los trabajadores públicos para este 26 de agosto ante la pérdida de unos dos mil 500 puestos de trabajo durante el 2010.
Adicionalmente, la comunidad indígena mapuche recientemente ha señalado a los representantes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Chile por incumplir la aplicación del Convenio 169 sobre pueblos indígenas y Tribales en Países Independientes.
El Convenio ofrece un marco legal de protección a las comunidades nativas y establece normas especiales en gran variedad de ámbitos como el laboral, educacional, de salud y de procedimiento judiciales lo cual implica concederles a los miembros de estas comunidades derechos políticos, participación en el Congreso, así como en las municipalidades y gobiernos regionales, entre otras cosas.
Durante las manifestaciones, que ya se extienden por varias semanas, los estudiantes tomaron varios recintos educativos. El primero en desalojado fue el Instituto Nacional, localizado a unas dos manzanas del Palacio de la Moneda, Casa de Gobierno, indicó el Departamento de Comunicaciones de la Policía.
Posteriormente fueron apresados los estudiantes que se encontraban en el Liceo Confederación Suiza, lugar en donde los manifestantes quemaron neumáticos; después las fuerzas del orden se dirigieron al Liceo Amunátegui.
La ocupación de estos centros de educación tiene el propósito de objetar los planes del Estado de acabar con la instrucción pública, sostuvieron los estudiantes.
Aparte de la privatización de la educación, los jóvenes también reclaman beneficios de alimentación y salud, entre otras solicitudes.
Los estudiantes expresaron que deseaban acabar con la ganancia que obtiene el Estado a costa de la formación de los chilenos, además de impulsar el desarrollo de políticas que pongan fin a la inequidad del sector educativo en el país.
En Chile, la educación superior y parte de la secundaria, pública, debe ser pagada por los ciudadanos, algo que ha generado grandes desigualdades en el país, según estudios realizados en los últimos cinco Gobiernos.
Los jóvenes que forman parte del 10 por ciento de la población con menores recursos no finalizan su formación secundaria y sólo pueden aspirar a trabajos con salarios mínimos, que general un promedio mensual de 600 dólares mensuales, señalan los estudios.
En contraparte, los análisis reflejan que los jóvenes que conforman el sector más pudiente de la nación cursan hasta los 24 años de edad un promedio de tres años de educación superior y acceden a trabajos con ingresos de hasta mil dólares que pueden elevarse al triple si finalizan sus estudios.
La protesta de los estudiantes por la privatización de la educación se mantiene desde el 18 de agosto pasado cuando, en la ciudad de Santiago, los efectivos policiales reprimieron a unos 3 mil manifestantes con gases lacrimógenos y chorros de agua, jornada que culminó con unos 60 detenidos.
Además, más o menos medio millar de estudiantes de secundaria de la capital protagonizaron a principios de este mes, una marcha en protesta por el aumento en el pasaje escolar, la solicitud de la no aplicación de la Prueba de Selección Universitaria y el rechazo a la Ley General de Educación.
Los jóvenes salieron desde Providencia (oriente de la capital) para marchar hasta el Museo de Bellas Artes ubicado en el sector del Parque Forestal, en la comuna de Santiago.
Sumado a esta situación, el Gobierno del presidente Sebastián Piñera enfrenta también un paro general de los trabajadores públicos para este 26 de agosto ante la pérdida de unos dos mil 500 puestos de trabajo durante el 2010.
Adicionalmente, la comunidad indígena mapuche recientemente ha señalado a los representantes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Chile por incumplir la aplicación del Convenio 169 sobre pueblos indígenas y Tribales en Países Independientes.
El Convenio ofrece un marco legal de protección a las comunidades nativas y establece normas especiales en gran variedad de ámbitos como el laboral, educacional, de salud y de procedimiento judiciales lo cual implica concederles a los miembros de estas comunidades derechos políticos, participación en el Congreso, así como en las municipalidades y gobiernos regionales, entre otras cosas. La policía chilena detuvo este lunes a unos 41 estudiantes que protestaban en contra de la privatización de la educación que el Gobierno de esa nación quiere llevar a cabo. Este tipo de manifestaciones se efectúan desde principios de mes con saldo de decenas de presos.
Durante las manifestaciones, que ya se extienden por varias semanas, los estudiantes tomaron varios recintos educativos. El primero en desalojado fue el Instituto Nacional, localizado a unas dos manzanas del Palacio de la Moneda, Casa de Gobierno, indicó el Departamento de Comunicaciones de la Policía.
Posteriormente fueron apresados los estudiantes que se encontraban en el Liceo Confederación Suiza, lugar en donde los manifestantes quemaron neumáticos; después las fuerzas del orden se dirigieron al Liceo Amunátegui.
La ocupación de estos centros de educación tiene el propósito de objetar los planes del Estado de acabar con la instrucción pública, sostuvieron los estudiantes.
Aparte de la privatización de la educación, los jóvenes también reclaman beneficios de alimentación y salud, entre otras solicitudes.
Los estudiantes expresaron que deseaban acabar con la ganancia que obtiene el Estado a costa de la formación de los chilenos, además de impulsar el desarrollo de políticas que pongan fin a la inequidad del sector educativo en el país.
En Chile, la educación superior y parte de la secundaria, pública, debe ser pagada por los ciudadanos, algo que ha generado grandes desigualdades en el país, según estudios realizados en los últimos cinco Gobiernos.
Los jóvenes que forman parte del 10 por ciento de la población con menores recursos no finalizan su formación secundaria y sólo pueden aspirar a trabajos con salarios mínimos, que general un promedio mensual de 600 dólares mensuales, señalan los estudios.
En contraparte, los análisis reflejan que los jóvenes que conforman el sector más pudiente de la nación cursan hasta los 24 años de edad un promedio de tres años de educación superior y acceden a trabajos con ingresos de hasta mil dólares que pueden elevarse al triple si finalizan sus estudios.
La protesta de los estudiantes por la privatización de la educación se mantiene desde el 18 de agosto pasado cuando, en la ciudad de Santiago, los efectivos policiales reprimieron a unos 3 mil manifestantes con gases lacrimógenos y chorros de agua, jornada que culminó con unos 60 detenidos.
Además, más o menos medio millar de estudiantes de secundaria de la capital protagonizaron a principios de este mes, una marcha en protesta por el aumento en el pasaje escolar, la solicitud de la no aplicación de la Prueba de Selección Universitaria y el rechazo a la Ley General de Educación.
Los jóvenes salieron desde Providencia (oriente de la capital) para marchar hasta el Museo de Bellas Artes ubicado en el sector del Parque Forestal, en la comuna de Santiago.
Sumado a esta situación, el Gobierno del presidente Sebastián Piñera enfrenta también un paro general de los trabajadores públicos para este 26 de agosto ante la pérdida de unos dos mil 500 puestos de trabajo durante el 2010.
Adicionalmente, la comunidad indígena mapuche recientemente ha señalado a los representantes de la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Chile por incumplir la aplicación del Convenio 169 sobre pueblos indígenas y Tribales en Países Independientes.
El Convenio ofrece un marco legal de protección a las comunidades nativas y establece normas especiales en gran variedad de ámbitos como el laboral, educacional, de salud y de procedimiento judiciales lo cual implica concederles a los miembros de estas comunidades derechos políticos, participación en el Congreso, así como en las municipalidades y gobiernos regionales, entre otras cosas.
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