Lo último que se deja de pagar es la hipoteca. En eso coinciden todos los que están hasta el cuello, ahogados por las facturas, por la falta de expectativas y por la propia familia. La compra de una vivienda supone una relación de más de 30 años de fidelidad con la misma entidad bancaria, a la que hay que responder mes a mes. La amenaza de perder el piso, o arrastrar con él la propiedad del avalista es un riesgo demasiado grande. Pero a veces no queda más remedio. Desde que empezó la crisis más de 2.000 gaditanos han perdido su casa.
No siempre se trata de la vivienda habitual, en la costa abunda la segunda residencia y esa es la primera que vuela. La cifra ha llegado a cuadruplicarse en los últimos dos años, según la estadística del Consejo General del Poder Judicial. Los juzgados de la provincia han cerrado 1.884 expedientes de ejecución hipotecaria desde el otoño de 2007. Y aún quedan 1.500 más haciendo cola para este año entre los de nuevos ingreso y los que se van acumulando.
Este tipo de procedimientos apenas eran habituales en la época de bonanza económica. El índice de morosidad de los bancos resultaba casi anecdótico y las familias se lanzaban a la compra del pisito en la playa o la parcela para hacer una piscina sin darle demasiadas vueltas a la cabeza. Hasta diciembre de 2006 los juzgados gaditanos tramitaron un volumen de 200 ejecuciones hipotecarias y unos meses después ya empezaba a multiplicarse la cifra. A lo largo del año pasado se cerraron 600 casos de los 2.180 que llegaron a ingresar en los juzgados (entre los nuevos y los que se habían acumulado), cuatro veces más que antes de la crisis.
Los municipios en los que un mayor número de viviendas han pasado a manos de entidades bancarias son Chiclana, El Puerto y Jerez, según el balance de los tribunales de Primera Instancia. La situación es más tranquila en la capital. Ayer mismo colgaban al menos una decena de anuncios de subastas en el tablón de los juzgados de San José, un par de ellos más los recoge el número 5, ubicado en las instalaciones del Estadio. Uno de ellos sobre un piso en la avenida Ana de Viya por 360.000 euros, un ático en la novena planta. Incluso una finca rústica entre Utrera y Los Palacios, que sale a 172.000.
Este tipo de ofertas no eran habituales hasta hace poco menos de un año. Funcionarios de estos juzgados explican que cada vez entran un mayor número de fincas ubicadas en las zonas más caras de Cádiz. Su valor, por supuesto, también resulta desorbitado. Ajustar el precio en este tipo de procesos resulta complicado, pues la ley obliga a fijar un valor no inferior al 70% de la tasación de referencia utilizada para la hipoteca.
La falta de interés por las subastas unido a las dificultades para acceder a una vivienda han convertido a los bancos en la principal inmobiliaria de la provincia. Es difícil saber qué número de inmuebles se encuentra en manos de las entidades, pero tal como están las cosas, se presume que un buen número de los más de 18.000 pisos que hay en 'stock' son suyos.
Con una tasa de paro en torno al 30%, la fiebre compradora está en cuarentena. Conclusión: el índice de propietarios, que en España ronda el 85%, se irá acercando cada vez más a la media europea (61%).
Otras salidas
En el otro extremo se encuentra el afectado, que no sólo pierde su vivienda, sino que tiene aún pendiente una cuenta con el banco. El precio que se obtiene en la subasta pública suele ser inferior al de mercado, además la ley ampara a la entidad para quedarse con el inmueble por la mitad del precio de tasación. Por eso mismo, antes de llegar al embargo se puede agotar otras posibilidades. A saber: negociar una rebaja del tipo de interés, vender de manera voluntaria, ampliar el plazo de devolución, pagar las deudas e intenta rehabilitar el crédito. La Organización de Consumidores (OCU) aconseja agotar todas las vías antes de que se produzca el embargo.
En el peor de los casos, ya cuando ninguna fórmula ha dado resultado, el usuario que ha visto perder sus bienes llega a temer también por los del que firmó como avalista con una propiedad. En la mayoría de los casos suelen ser familiares que apoyan la compra con su propio patrimonio, pero no se suele llegar hasta ellos para saldar las deudas. Los juzgados gaditanos no han recibido ningún caso de embargo de segundas viviendas por el impago de la primera. La entidad suele quedarse con el piso e intenta sacarlo a la venta a través de mejores condiciones de crédito, aunque los precios siguen siendo altos.
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