Los economistas siempre aclaran que la ciencia que presuntamente conocen tiene un alto componente emocional. La percepción, la sensación mayoritaria, es capaz de invertir un gráfico de resultados. Si cunde el optimismo, es posible salir de la peor crisis. Si aumenta el temor, todas las cifras van a peor. El Ayuntamiento de Cádiz es demasiado pequeño para eludir esa ley universal. Su situación económica es compleja como la de todos los gobiernos locales españoles, asfixiados por una combinación de descenso de ingresos por vía de tasas e impuestos, reducción de transferencias del Estado e incremento de servicios asociados a la ayuda social.
Aunque hay matices y grados de gravedad, la mezcla ha dejado sin liquidez las arcas municipales de toda España. Algunos ayuntamientos ya tienen problemas crónicos para pagar las mensualidades. El Ayuntamiento de Cádiz aún está a salvo de ese nivel de dificultad, pero en las últimas dos semanas han proliferado las denuncias por impagos de empresas prestatarias de servicios, contratas, colectivos y asociaciones.
Las pequeñas empresas proveedoras siempre han sido acreedoras, hace años, antes incluso del inicio de la recesión. Sus dificultades para cobrar han llegado a entenderse como lógicas y habituales. Sin embargo, las firmas que realizaban alguna labor para el Ayuntamiento bajo contrato, solían cobrar de forma regular.
Denuncias encadenadas
Esa situación, admitida como habitual, se ha roto en las últimas dos semanas. Las denuncias públicas de empresas que no perciben los emolumentos pactados se multiplican. Ya no sólo son proveedores o autónomos. Ahora son prestatarias de servicios a través de contrato. Sean más que hace unos meses o no, son más visibles.
El ejemplo más llamativo es la empresa Imesapi, con casi un centenar de trabajadores, encargada de la limpieza y el mantenimiento de las playas de Cádiz. Ha anunciado que suspenderá el servicio el próximo 1 de agosto porque el Ayuntamiento no le ha pagado ni una de las facturas pendientes desde el verano pasado.
El Gobierno local admite la situación aunque anuncia que le pondrá remedio en cuestión de días. Otra empresa, en este caso ligada al sector turístico y cultural, Animarte, ha suspendido todas las rutas teatralizadas y ya no mantiene ninguna colaboración con el Ayuntamiento, como reacción ante el impago de facturas que, en algún caso, tienen 13 meses de antigüedad.
Uno de los responsables de la firma asegura que siempre hubo atrasos, pero «han alcanzado una duración intolerable. Eran de seis u ocho meses, siempre por encima de lo que marca la Ley, pero ya superan habitualmente el año de retraso». Actualmente, reclaman unos 10.000 euros correspondientes a distintas labores en diferentes fechas de 2009. El colectivo de coristas Ascoga también se suma a la lista como muestra de una situación que se generaliza. Advierte de que no habrá tangos en el carrusel anunciado para el próximo sábado si no se les pagan los 120.000 euros pendientes desde febrero. Al listado se suman escuelas deportivas, como la de Buceo de el Elcano y asociaciones, al margen del tradicional y un enorme listado de pequeños autónomos y pymes.
Los demás, también
La sensación, real o no, es de acumulación de acreedores en la ventanilla del Ayuntamiento. Cada vez más empresas aseguran que les deben dinero durante más tiempo.
El Ayuntamiento de Cádiz, a través de un portavoz oficial, aseguró ayer que, en la ciudad, «el problema de pagos es exactamente el mismo que tienen todos los municipios del país como consecuencia de la crisis» y admite que esa situación conyuntural provoca que «ahora aparezcan más empresas que antes reclamando sus pagos».
El Gobierno local fija «la media aproximada de demora en los pagos en 12 meses» y recuerda que es «un tiempo mucho menor que el de otros ayuntamientos del entorno. La situación económica del Ayuntamiento de Cádiz es mucho mejor que la que viven otros municipios con una población similar».
No hay comentarios:
Publicar un comentario