Una presunta trama de tráfico ilegal de inmigrantes desarrollada en tres municipios de la costa de Huelva (Punta Umbría, Isla Cristina y Ayamonte) ha llevado a la Guardia Civil a la detención, en las dos últimas semanas, de nueve personas. Entre ellas se encuentran, según fuentes judiciales, un funcionario de la oficina de extranjería de Huelva, el director del Instituto Social de la Marina de Punta Umbría -órgano dependiente del Ministerio de Trabajo e Inmigración donde se valida documentación-, empresarios agrícolas y del sector pesquero, un armador y residentes marroquíes en Huelva.
Los acusados vendían falsos contratos de trabajo a los extranjeros
De los nueve detenidos, siete están ya imputados por dos delitos: contra el derecho de los trabajadores extranjeros y contra los derechos de los trabajadores. A la mayoría se les ha retirado el pasaporte. La declaración ante el juez de los otros dos, arrestados por la Guardia Civil el lunes por la tarde, estaba prevista para última hora de ayer. El titular del Juzgado de Instrucción número 5 de Huelva, Javier Romero, solicitó esta semana nuevas diligencias policiales. El magistrado ha decretado el secreto en las actuaciones.
La Guardia Civil comenzó la investigación hace varios meses ante las sospechas de contratación fraudulenta de inmigrantes procedentes del norte de África y posible falsificación de documentos. La supuesta maniobra irregular consistía en ofrecer suculentos contratos falsos en Marruecos para emplearse en las labores de pesca de la costa onubense y también en faenas agrícolas durante las temporadas de fresa. Los implicados en la trama, presuntamente, habrían recibido dinero por parte de los extranjeros, que, al llegar a España, se habrían encontrado con que el trabajo no existía.
El hecho de que no se presentaran denuncias se debe, según fuentes de la investigación, a que "ellos también salían ganando ya que se quedaban en el país, aunque fuera de forma ilegal". Los primeros arrestos de la denominada Operación Costas se realizaron el pasado lunes, 28 de junio. La mayor parte de los implicados procede de Punta Umbría, aunque también se ha detenido a un armador y el dueño de un negocio, ambos de Isla Cristina, y a varios empresarios de Ayamonte.
Uno de los imputados, M.P., de 61 años, director del Instituto Social de la Marina de Punta Umbría, se encontraba ayer en su despacho, cerca del Ayuntamiento del municipio costero. "Nosotros nos encargamos de dar de alta a los trabajadores. Si los papeles llegan con alguna irregularidad no es responsabilidad nuestra", declaró. El dueño de una gestoría de la misma localidad, también en libertad con cargos, dijo haber "ayudado mucho" a los extranjeros, pero "siempre de una forma legal". En su oficina, a pocos metros del puerto, añadió: "El juez me preguntó si había pagado a un funcionario de extranjería para que me hiciera un trato de favor. Contesté que no".
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