Junta y Gobierno silencian el destino de una subvención de
250.000 euros a Marinaleda
Sin respuesta. El Tribunal de Cuentas, la Junta de Andalucía
e incluso el Gobierno central han eludido contestar acerca del paradero de la
subvención de 250.000 euros otorgada al Ayuntamiento de Marinaleda por el
Gobierno andaluz para 25 viviendas. El portavoz del PSOE en este municipio
sevillano, Mariano Pradas, fue quien formuló esta solicitud tras presentar una
denuncia ante la Fiscalía de Sevilla, el pasado 8 de marzo de 2012, por
presunto delito de prevaricación del equipo de Gobierno de Marinaleda. La
Fiscalía del Tribunal Superior de Justicia de Andalucía abrió diligencias de
investigación a Sánchez Gordillo esta misma semana.
Como adelantó El Confidencial el 17 de agosto de 2012, el
Gobierno andaluz concedió ayudas de 826.000 euros repartidas en tres
anualidades en estos inmuebles sometidos a un régimen de autoconstrucción. Hubo
una subvención de 419.500 euros en 2011, mientras que la tercera anualidad,
correspondiente a 2012, se elevaba a 206.500 euros. El plazo para ejecutar la
obra alcanzaba los 18 meses, según figura en el Boletín Oficial de la Junta de
Andalucía del 4 de noviembre de 2010 (número 215). El vencimiento fue en junio
de 2012.
Juan Manuel Sánchez Gordillo se niega a facilitar cualquier
información sobre este tema. Tampoco en los plenos (no se celebra ninguno
ordinario desde enero de 2012 y desde esta fecha sólo ha convocado cuatro
extraordinarios, para asuntos menores). En los ayuntamientos de menos de 5.000
habitantes los plenos ordinarios se tienen que celebrar cada tres meses. “Lo tuve
que poner en conocimiento ante la Fiscalía ante la poca información que se me
ofrecía”, explica Pradas en entrevista telefónica con este diario. El portavoz
del PSOE en Marinaleda tampoco se explica cómo a Gordillo se le ha permitido
construir ocho viviendas en zonas verdes. Este caso se archivó.
Ante la negativa del Ayuntamiento dirigido por el
parlamentario autonómico de Izquierda Unida y de la Consejería de Fomento y
Vivienda, el concejal socialista se dirigió al Tribunal de Cuentas, que le
contestó el 15 de marzo de 2013 argumentando que el TC carecía de competencias
en este asunto, “porque conforme al artículo 32.2 LFTCU no se dará curso a
ninguna petición de fiscalización que no provenga de la instancia a que se
refiere el artículo 45 LOTCU”. Pradas también se dirigió el 8 de marzo de 2013
a la Delegación del Gobierno en Andalucía y continúa sin respuesta a su
petición. “Me duele que no me contesten”.
El político socialista ya intentó desmontar la teoría del
alcalde de Marinaleda de lo baratas que son las viviendas en su pueblo, con el
pago de apenas 15 euros al mes por piso. “No regala viviendas, es una
demagogia. Al final esas viviendas, aunque sea dentro de 70 u 80 años, serán
del Ayuntamiento”, explicó el portavoz del PSOE en el municipio sevillano.
“Yo entiendo que Sánchez Gordillo no quiere contestar, pero
¿y la Junta? ¿Y el Tribunal de Cuentas? ¿Y el Gobierno? Es duro que no te
respondan las instituciones. Él siempre sale victorioso y con propaganda
gratuita en todos los medios de comunicación. Yo me encuentro absolutamente
solo", lamenta a este diario el portavoz del PSOE en Marinaleda, que
remata: “Aquí hay mucho miedo de la gente del pueblo y se lo están permitiendo,
pero él no se come a nadie”.
El Confidencial ha intentado ponerse en contacto en
retiradas ocasiones en los últimos días con Sánchez Gordillo para recabar su
opinión sobre este asunto. El parlamentario autonómico, que protagonizó un
mediático asalto a un supermercado Mercadona en agosto de 2012, no ha querido
contestar ninguna de las llamadas telefónicas de este diario.
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