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Pánico a que se sepa la verdad.
MARCOS BALFAGÓN
El ministerio de Defensa ha frenado en seco la iniciativa de
desclasificar 10.000 documentos que se refieren a hechos que sucedieron entre
1936 y 1968. En esos papeles hay información, por ejemplo, sobre las peripecias
que corrieron las unidades militares durante la Guerra Civil o sobre las
estrategias de represión de la dictadura franquista. Se pueden conocer también
las ayudas del régimen a las potencias del Eje durante la II Guerra Mundial o
los movimientos en la guerra de Sidi Ifni a finales de los cincuenta. Por
haber, hay incluso material que recoge las actividades de Radio España
Independiente, La Pirenaica, aquella emisora clandestina que pretendía contar
lo que sucedía en la España opaca de Franco y que puso en marcha el Partido
Comunista en Moscú en 1941, que luego se trasladó a Bashkiria y que terminó
instalándose en Rumanía, donde trabajó unos de los padres de la Constitución de
1978, Jordi Solé Tura.
Más vale que no se sepa nada, que no se hurgue, que no se
investigue, que nada trascienda ni se comente. Para conseguirlo están las
murallas burocráticas y la mayor autoridad en este asunto, el ministro Pedro
Morenés, que ha dicho que no. Hay una ley de 1968, la de Secretos Oficiales,
que impide (para siempre) que se consulten esos asuntos salvo orden expresa del
Gobierno.
A esa ley debe atenerse el ministro. Evidentemente, si
existiera en alguno de esos documentos información que pusiera al Estado en
peligro o que generara tensiones en la escena internacional, que siga
permaneciendo mudo. Pero una comparación con países del mundo occidental
confirma que tanta prevención carece de sentido: los historiadores británicos
pueden conocer todos los detalles de la guerra de las Malvinas (1982) y un
escritor como Chistopher Hitchens pudo husmear en los documentos
desclasificados en Estados Unidos para su Juicio a Kissinger, un devastador
repaso al catálogo de asesinatos y tramas secretas que hubo durante su gestión.
Nada grave ocurrió en ninguno de esos casos (y en tantos
otros) tras levantar el secreto, y los historiadores hicieron su trabajo y los
ciudadanos supieron lo que pasó. Aquí no. Morenés debe explicar si mantiene los
obstáculos por miedo o ignorancia. O, tal vez, porque la iniciativa de
desclasificarlos fue del Gobierno anterior.
El País
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