La Justicia busca culpables por los daños en el puente
Carranza
El presidente del comité de empresa de Navantia-Puerto Real,
Ramón Linares, ha sido imputado por el titular del Juzgado número 2 de la
localidad puertorrealeña como presunto responsable de las protestas que,
durante los últimos meses, han acabado con destrozos en el puente José León de
Carranza.
Según ha podido saber
este periódico, la imputación fue notificada el pasado martes a Linares. Ésta
se basa en un informe de la Policía en el que se da cuenta, día a día, de los
gastos ocasionados por las protestas de la plantilla del astillero
puertorrealeño. Así hasta una cantidad que supera los 150.000 euros.
Aunque en la
imputación no se reclama ese dinero a Linares, sí se explica que las gestiones
policiales durante las manifestaciones a pie de carretera no han conseguido
identificar a ningún otro trabajador de la factoría. Por lo tanto, se le
considera a él responsable como organizador de las asambleas de la plantilla
que finalmente desembocan en las protestas y enfrentamientos con la Policía
antidisturbio.
La imputación de
Linares se basa en las consecuencias de la movilización de los trabajadores del
astillero puertorrealeño del pasado día 25, cuando resultaron dañados los
sistemas electrónicos que regulan el carril reversible del puente, y que
originó más de 20 kilómetros de atascos en ambos sentidos de la circulación.
Además, el subdelegado del Gobierno, Javier de Torre, ya explicó en rueda de
prensa que los costes de las reiteradas protestas de esta plantilla eran
cuantiosos.
De Torre fue
especialmente crítico con estas protestas. Al día siguiente de que la Bahía
quedara colapsada por estos actos, aseguró que "esto sobrepasa los límites
de la paciencia de la ciudadanía, que no puede seguir permitiendo esto. No está
justificado porque además ellos siguen cobrando su sueldo puntualmente".
Ese mismo día, ya confirmó que la Policía había abierto diligencias para
identificar a varios trabajadores. Por su parte, el comité dijo entonces que el
hecho de cerrar el tráfico por el puente durante más de ocho horas "era
una manera de enfrentar a la ciudadanía con los trabajadores" y aseguraron
que "se podía haber resuelto antes".
Pero no es el único
caso. Además de Linares, ha sido imputado judicialmente otro trabajador de la
plantilla de Puerto Real, del que se desconoce su identidad, por su
participación en el corte de carretera realizado el 19 de marzo del pasado año,
coincidiendo con los actos oficiales del Bicentenario en la capital gaditana, y
a los que asistió el Rey. A este operario se le reclaman 8.000 euros.
Ramón Linares
prestará declaración ante el juez del número 2 de Puerto Real el próximo día
28. Ese mismo día, el otro trabajador de los astilleros imputado, hará lo
propio pero en un juzgado de la capital gaditana.
La plantilla de los
astilleros no es la única envuelta en sanciones. Los ex trabajadores de Delphi
han recibido al menos unas 20 multas de 300 euros y al menos tres de 1.000
euros como consecuencia de ser acusados de desórdenes públicos, resultado
también de las protestas que realizaron en la carretera a la altura del Río San
Pedro, en Puerto Real.
No hay comentarios:
Publicar un comentario