DEL ABARATAMIENTO DEL DESPIDO
Se abarata el despido. La indemnización será de 33 días por año trabajado y con un máximo de 24 meses. 20 y un máximo de 12 meses en caso de que el despido sea declarado procedente, para lo cual la reforma aumenta el margen de casos aceptables como tales.
Hasta aquí nada nuevo. La nueva sorpresa para indemnizaciones en caso de despido afecta a los contratos anteriores a la reforma del verano de 2010, que si viene algunos seguían manteniendo la indemnización de 45 días por año trabajado, a partir de esta reforma, les bajará a 33 días.
En resumen esto significa que si despiden a algún trabajador con contrato indefinido anterior a la reforma, hasta el día antes de la entrada en vigor de la reforma, se computarán como indemnización los años trabajados en una escala de 45 días por año trabajado y los posteriores en una escala de 33 días.
EL CONVENIO LABORAL SE PUEDE IR ENMARCADO...
Se autoriza el descuelgue de las PYMES de los convenios sectoriales. En la práctica supone que el empresario puede imponer las condiciones de trabajo (horarios, duración de la jornada, salarios, etc.) A su aire. Supone, también, el fin de la negociación colectiva. Los convenios prácticamente pasan a ser, en el ámbito de las PYMES, papel mojado, o, mejor dicho, figuras retóricas para adornar el marco de relaciones laborales vigente, pero sin ningún valor real.
Los convenios caducados no podrán alargarse más allá de 2 años. Esta medida afectará más que nada a empresas de más de 50 trabajadores, pues a las PYMES ya hemos visto hacia donde señala la nueva reforma.
LA OFERTA/DEMANDA DE EMPLEO PASA A SER UN NEGOCIO
Prácticamente se equiparan las Empresas de Trabajo Temporal (ETT) en el INEM y otras agencias autonómicas de empleo como el SOC, en lo que supone una privatización encubierta del servicio público de empleo. Las ETT, conocidas por ser el paradigma de la contratación ultraprecària y la explotación laboral abusiva, serán ahora quienes ejerzan como agencias de colocación a gran escala, sacando del medio la incomodidad que para un empresario explotador pudiera suponer tener que utilizar el Estado como intermediario en la búsqueda de trabajadores y trabajadoras, y convirtiendo de facto la oferta / demanda de empleo en un negocio, donde los parados serán tratados como mera mercancía a la que poder sacar un rendimiento económico. La oferta / demanda de empleo pasa a ser un negocio.
CRIMINALIZACIÓN DE LOS QUE ESTÁN EN PARO
El Ejecutivo ha anunciado que, dentro de la reforma laboral, se impulsará que los parados que estén cobrando la prestación realicen servicios de interés general en beneficio de la comunidad. Esto se llevará a cabo a través de convenios de colaboración con las Administraciones públicas y el objetivo, según ha anunciado la ministra de Empleo, Fátima Báñez, es luchar contra el fraude en el cobro de la prestación.
Convierte a los parados, personas enfermas con baja laboral (pues también apunta al absentismo), etc. en sujetos sospechosos de estar cometiendo algún tipo de fraude fiscal sólo por el mero hecho de encontrarse en tal situación laboral, y carga sobre ellos la lucha contra la "economía sumergida", tratándolos a priori como delincuentes y no se tiene en cuenta que mientras han trabajado se les ha retenido parte del salario precisamente para poder disfrutar de la prestación de desempleo, situación en la que se ven en la mayoría de los casos avocados a consecuencia de la mala fe de la administración y la patronal .
LOS JÓVENES: CARNE DE CAÑÓN
Instauran una vía legal por la que el empresario podrá robar a un joven parado parte de su prestación de desempleo.
Para reducir el paro juvenil, que sufre una tasa de desempleo del 48%, el Ejecutivo ha creado un nuevo contrato. En él, se establece una rebaja en los costes laborales de 3.000 euros para las PYMES con menos de 50 trabajadores al contratar al primer empleado menor de 30 años que esté en paro. Este trabajador seguirá cobrando el 25% del paro al que tenía derecho mientras el empleador, podrá dejar de pagar el 50% de lo que le correspondía de la prestación a la que tenía derecho el empleado durante un máximo de un año , aunque este período coincide con el período de prueba que prevé el nuevo contrato, el cual establece en 12 meses (la anterior era de 30 días).
Esto quiere decir que antes de que hayan pasado estos 12 meses tienes todos los números para ir a la calle sin indemnización y que en tu lugar pongan a otro.
Junto a este contrato, el Gobierno modifica las bonificaciones y se establece una ayuda de 4.000 euros para quienes den trabajo a los llamados parados de larga duración.
Para que se entienda, la cosa que se acaba de aprobar, viene a ser algo así como si usted, ciudadano trabajador, joven, en paro y que actualmente está cobrando 900 euros por el subsidio de desempleo, para que un empresario acepte contratarlo lo, en las condiciones que él considere oportunas (digamos, por ejemplo, contrato temporal por el salario mínimo de 642 euros), usted tendrá que renunciar al 75% del subsidio de desempleo, del que un 25% irá para el Estado, y un 50% para el empresario en forma de deducciones fiscales. Usted seguirá cobrando el 25% restante y lo podrá sumar a los 642 €, pero perderá todo derecho adquirido sobre este tema, y, en esencia, será usted, con su subsidio, quien esté pagando la mayor parte del coste que el empresario le supone su contratación.
Sin embargo, se ha decidido recuperar el límite del encadenamiento de contratos que el gobierno anterior había eliminado, pasando a ser de nuevo de 24 meses. En resumen esto significa que como mínimo cada 24 meses perderemos el trabajo, pues de todos es sabido la afición que tienen empresas (principalmente relacionadas con la alimentación) de nuestra comarca a utilizar estos límites para rescindirlo tiene el contrato.
El contrato de formación continuará vigente afectando a todos los trabajadores hasta los 30 años. En caso de que baje el paro por debajo del 15%, la línea será los 25 años.
En opinión de la ministra de trabajo Fátima Báñez, el nuevo marco legal aumenta los derechos de los trabajadores, aunque solo ha enumerado uno: que tendrán más derecho a la formación.
Por tanto, este aumento de derechos tan espectacular, establece que las empresas tendrán que pagar 20 horas de formación laboral anuales a sus empleados si se cumplen una serie de criterios concretos.
Es necesario que nos unamos y luchemos contra los continuados abusos y los recortes de derechos. Banqueros, patronal y políticos nos están haciendo pagar repetidamente la crisis que han creado ellos y sus mercados. Es por ello que desde la CNT tenemos que seguir luchando y sumando el máximo de trabajadores / as posible en nuestras movilizaciones y dar el máximo apoyo posible a las diferentes luchas en los lugares de trabajo.
fuente: CNT-AIT Cataluña
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