Otro frente judicial amenaza ahora al Ayuntamiento de jerezano: el caso Jerecom. José Grimaldi, dueño de la constructora que quebró en el año 2007 y que se adjudicaba la mayor parte de los trabajos contratados por Urbanismo, declaró ayer en el Juzgado de Instrucción Número 4 como imputado por los presuntos delitos de malversación de fondos públicos y falsedad documental. «Llevaba tres años esperando este momento», fueron sus primeras palabras.
Se notaba que aguardaba el momento. Grimaldi reconoció su culpabilidad en la malversación de fondos, pero acusó directamente a la alcaldesa, Pilar Sánchez, y a altos cargos de Urbanismo de ser igual de culpables que él: «Quiero que sufran lo mismo que he sufrido yo», sentenció.
El caso se remonta a la primavera de 2007, justo antes de las elecciones. Grimaldi declaró que el Ayuntamiento y la extinta Gerencia de Urbanismo acordaron con la constructora hacer un «regalo» de 600.000 euros a la Hermandad del Rocío para su casa en la aldea onubense. Para justificar ese importe, se emitieron facturas falsas con varias empresas (Jerecom a la cabeza) por pequeños importes que, en principio, «iban destinados a arreglos de farolas y actuaciones en las zonas norte y sur». Una manera de burlar la legalidad. El responsable de la constructora no ocultó su responsabilidad en esta supuesta estafa: «Es cierto, sé que es ilegal, pero a mí como empresario lo que me interesaba era cobrar la obra», reconoció sin ambages. En la reunión para acordar el supuesto «regalo» a la hermandad, que debía pagar el Consistorio, también estaban altos cargos de Urbanismo, desde el gerente al arquitecto y el aparejador. En cuanto a la hermandad, Grimaldi ha declarado que le debe 600.000 euros por la obra, más otros 63.000 euros por el monolito de la plaza Aladro. Pero, según el empresario, ésta «se escuda en que era un regalo del Ayuntamiento» para evitar el pago. En este sentido, Grimaldi reconoce que «nunca hubo ningún contrato, todo fue en base a un acuerdo verbal». Además, Grimaldi asegura que el Ayuntamiento le debe más de dos millones de euros.
Guerra política
Su dedo acusador señaló ayer directamente a Pilar Sánchez, que «era entonces la alcaldesa y la máxima responsable de Urbanismo». En este sentido, aseguró haber recibido «llamadas de gente muy cercana al PSOE pidiéndome que implicara a Pacheco, pero no puedo, porque él ya había sido destituido como delegado de Urbanismo», afirma el empresario que califica elcaso como «una guerra política entre Pilar Sánchez y Pedro Pacheco» que, según se lamenta, le ha «arruinado la vida» a él: «Me han quemado el coche, el porche de la casa, han hecho fotos de mis niños...», denuncia el fuera responsable de Jerecom, que asegura que ha tenido que «tirar de Cáritas y Siloé» para seguir subsistiendo, ya que pasó de ser un empresario con éxito a un hombre prácticamente arruinado. Además, sobre su vivienda pesa orden de desahucio. Grimaldi, que asegura haberlo perdido todo, sólo espera ahora que «la jueza investigue y llame a los implicados para declarar». Y advierte que la declaración de ayer ha sido sólo un «primer capítulo» de lo que amenaza con contar: «Diré más nombres y datos de concejales, llegado el momento», amenazó
La reacción del Ayuntamiento no se hizo esperar ayer, tras las declaraciones del empresario. Por una parte, la alcaldesa ha puesto en manos de su gabinete jurídico el estudio de posibles acciones judiciales contra el ex propietario de Jerecom. Por otro lado, el delegado de Urbanismo, Juan Pedro Crisol, rechazó rápidamente lo dicho por el ex propietario de Jerecom por la mañana y acusó a Grimaldi de «mentir, en un intento de culpar al gobierno municipal de las irregularidades que presuntamente haya podido cometer él».
Crisol recordó que las obras a que se refiere se realizaron «en marzo de 2007, por lo que su contratación fue muy anterior»; y por lo tanto ni él, como delegado de Urbanismo, ni la alcaldesa tendrían responsabilidades directas en la gestión de la extinta Gerencia Municipal de Urbanismo, «que estaba en manos del entonces delegado Pedro Pacheco». El concejal señaló que las facturas presentadas por obras no realizadas tienen fechas de enero, febrero y marzo de 2007, «los tres últimos meses de gestión del anterior delegado», y subrayó que su equipo tiene «la máxima confianza en que la justicia al final demostrará la falsedad de éstas y otras actuaciones relacionadas con la dirección que se hizo en esta empresa». En cuanto a la construcción de la casa hermandad, Crisol aseguró que «no hay ningún expediente en Urbanismo sobre este tema», y sobre el futuro de los altos cargos de Urbanismo denunciados, se limitó a señalar que el Ayuntamiento «colaborará con la Justicia» y llegarán «a donde haya que llegar».
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