Según ha podido conocer INFORMACIÓN varios de los operarios de la UTE San Fernando, que prestaba el servicio municipal de alcantarillado hasta el pasado mes de septiembre, han puesto en conocimiento del funcionario instructor de la Comisión de Investigación municipal que le habían comunicado tanto al alcalde, Manuel María de Bernardo, como a la delegada de Desarrollo Sostenible, Rosario Álvarez, las presuntas irregularidades que estaba cometiendo la concesionaria del mantenimiento del alcantarillado. Es más, lo hicieron antes inclusive de que se entregase ante la Fiscalía el documento firmado por los seis trabajadores en el que admitían que se estaban prestando servicios de carácter privado de la empresa Mantenimientos de Servicios Públicos Locales utilizando tanto los medios técnicos como humanos de la UTE San Fernando (que cabe recordar que estaba formada en un 80 por ciento por Mantenimientos de Servicios Públicos Locales y en un 20 por ciento por Ansareo).Dicho documento fue dado a conocer con posterioridad por el PSOE y desencadenó una serie de acontecimientos que derivaron en el cese de la actividad por parte de la concesionaria, pasando a ofrecer actualmente el mantenimiento del servicio de alcantarillado la empresa Aquagest Sur, encargada también de la gestión del servicio del agua.A raíz de la denuncia presentada por los seis trabajadores de la UTE, así como con los documentos sacados a la luz pública por parte de la formación socialista, el Ayuntamiento decidió poner en marcha una Comisión de Investigación con el objeto de esclarecer no sólo este hecho denunciado por los operarios, sino también la posible doble facturación que podría haber estado llevando a cabo la empresa concesionaria, es decir, que realizaba un servicio privado y lo cobraba por duplicado, una vez al particular al que se la hacía el arreglo y la otra al Ayuntamiento. Los socialistas han llegado a señalar que esa doble duplicidad en la facturación podría haber alcanzado los 600.000 euros, y que además se podrían haber visto salpicadas unas 4.000 familias isleñas.Pues bien, en los últimos días el juez instructor de dicha comisión (que es un funcionario municipal) ha estado tomando declaración a los trabajadores de la UTE San Fernando y ahí es donde ellos han señalado que habían puesto al corriente tanto al alcalde como a la delegada de lo que estaba sucediendo.
fuente: Informacion
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