"No sé cómo criaré a mis hijos"

"No tengo dinero para criar a mis hijos". Susana Puscas, pareja de uno de los cinco bomberos fallecidos en el incendio de Horta de Sant Joan (Terra Alta) del pasado julio, deberá mantener a sus cuatro niños con poco más de los 180 euros al mes que gana limpiando hogares. El Instituto Nacional de la Seguridad Social le ha denegado la pensión de viudedad al considerar acreditado que sólo convivió durante cuatro años con Jordi Moré, muerto entre las llamas a los 41 años y con el que tuvo dos gemelos, de cuatro años. Es el tiempo que certifica el padrón pese a que la pareja compartió domicilio desde 2003.

"Dependíamos económicamente de mi pareja y tampoco puedo trabajar más horas. ¿Quién se ocupará de los niños?". Lamenta la mujer, que tiene otros dos hijos de una relación anterior. Las parejas de otros dos fallecidos en Horta de Sant Joan, una de las cuales dio a luz hace una semana, se encuentran en la misma situación, explica Puscas.

"La situación es lamentable", admite Lluís Ballera, alcalde de La Pobla de Segur (Pallars Jussà), donde reside Puscas. Puscas y su pareja se empadronaron juntos cuando se mudaron a un piso nuevo, en agosto de 2005, informa El Segre. Hasta entonces vivían juntos en otro domicilio pero empadronados en viviendas distintas. "Nunca pensamos que este documento iba a ser tan importante", explicó Puscas, que ayer visitó por primera vez el escenario en el que su marido perdió la vida. "No lo entiendo. ¿No ha pagado lo suficiente después de 20 años trabajando? Tengo derecho a recibir la pensión".

Así lo atestigua el propio alcalde: al saber lo que estaba sucediendo, firmó un acta oficial que certifica que la pareja convivió durante más de cinco años, como exige la Seguridad Social. "Lo hice porque les conozco, era vecino de donde residieron entre 2003 y 2005 y les veía a diario", aseguró Ballera. Otros vecinos también declararon lo mismo ante el secretario municipal.
Todos los testimonios quedan en papel mojado para la Seguridad Social. "Lo fundamental es el padrón", apunta el subdirector en Lleida, Antoni Dolcet.

Embrollo burocrático
El embrollo burocrático en el que ha encallado Puscas ha sido una pérdida de tiempo. Primero la mutua Asepeyo le pidió dos testimonios que certificaran el periodo de convivencia con su pareja; después se le requirió el testimonio de una "persona oficial", lo que consiguió gracias al alcalde de La Pobla; después se le pidió el documento del empadronamiento. Finalmente, rechazó la solicitud.
La pensión de orfandad que sí han concedido a los hijos se deducirá del 20% cotizado por el fallecido, mientras que la denegada representaba un porcentaje del 51% (unos 1.500 euros al mes, según fuentes judiciales). "La ley no permite interpretaciones. Es una lástima, pero no hay nada que hacer", remachó Dolcet.
No es del todo cierto, según el abogado Jordi Juan Serra, experto en derecho de la Seguridad Social que ganó recientemente un caso similar. Lograrlo requiere paciencia y dinero dado que la minuta de los gastos relacionados con el proceso ronda los 6.000 euros. "Es muy complejo porque en estos casos la Seguridad Social sólo acepta pagar con una sentencia judicial y suelen recurrirlas hasta el Tribunal Supremo. El proceso dura entre cuatro y cinco años", precisó. Serra asegura que cualquier documento es válido para justificar ante un tribunal la convivencia de parejas de hecho, como facturas de luz o del gas. "Aunque tuviera el dinero, ¿de qué viviríamos durante este tiempo?", se quejó Puscas.
El Departamento de Interior se comprometió ayer a "realizar todas las gestiones posibles" para que la familia reciba la pensión completa, informa Jesús García. "No es competencia nuestra, pero estamos al lado de la familia y tendrá todo nuestro apoyo", precisó un portavoz.