Bahía Competitiva, juego a tres bandas
El caso del supuesto fraude de las ayudas públicas que el
empresario gallego Dávila Ouviña perpretó con tanta facilidad tiene una
sencilla explicación: el juego a tres bandas de las administraciones propició
que este presunto estafador desviase 21 millones del erario español. Y que, más
tarde y según las pesquisas de la Policía, blanqueó en paraísos fiscales. Según
las informaciones recibidas por LA VOZ, durante la tanda de declaraciones ante
la jueza Lourdes del Río esta semana pasada, la aprobación de las ayudas para
la Reindustrialización a través del Plan Bahía Competitiva tenían, en el mejor
de los casos, un control difuso, diluido entre las administraciones que
debieron de ejercer el control: Diputación Provincial, Junta de Andalucía y
Gobierno central.
En estos días, la
jueza instructora del caso se ha enfrentado a la difícil tarea de dilucidar si
además de dejación de funciones, algo evidente y que parece probado a tenor de
las declaraciones, hubo prevaricación con fondos públicos para bonificar a un
empresario concreto a cambio de promesas de trabajo en Alcalá de los Gazules o
de algún otro beneficio para políticos y técnicos implicados. Por ahora, lo
único que parece claro es que ninguna de las partes implicadas cumplieron
eficientemente con su trabajo. Los técnicos de Diputación se limitaron a
calificar como ‘Favorable’ la tramitación de todas las solicitudes presentadas
por Dávila Ouviña y Arespacochaga, a pesar de que sospechaban de un promotor
que se anunciaba como el salvador del municipio, y que incluso cambió la
ubicación de los proyectos (desde la Bahía hasta Alcalá). Estas y otras maniobras
extrañas levantaron todo tipo de suspicacias, que sólo quedaron reflejadas en
una casilla de observaciones. Varios imputados alegan que se dieron cuenta de
que había una excesiva concentración de ayudas, el 32% del total en un mismo
empresario y zona, cuando el máximo permitido era del 30%, y de que las firmas
solicitantes no garantizaban la financiación para llevar a cabo sus proyectos.
Y aún así, como cumplían otros requisitos que sí aparecían en la plantilla de
calificación enviada por el Ministerio de Industria, les dieron el visto bueno.
La Junta de Andalucía, a través de la Consejería de
Innovación, y esta a su vez de la Agencia IDEA, era la administración
responsable de las ayudas en la Comunidad Autónoma y debía ofrecer apoyo
técnico a los empleados de Diputación para evaluar las solicitudes en un primer
examen sobre el territorio. Hasta ahora, la Junta se ha puesto de perfil en
este pleito, aferrándose a que desde Sevilla se alertó del posible fraude (dos
años más tarde) y dejando que las culpas de una nefasta gestión (como mínimo, y
suponiendo que no hubiese delito) recaigan sobre las otras dos partes
implicadas en la tramitación, obviando que los propios técnicos de Diputación
denunciaron presiones de la Junta para mejorar la puntuación de algunas firmas
en detrimento de otras. En este punto no hay que olvidar que el gerente de
Bahía Competitiva era el conocido socialista Antonio Perales, parte vital del
clan político de Alcalá. Así como que una de las empleadas que formaban parte
de la mesa de trabajo era Gema Herrera, nuera del exconsejero de Presidencia de
la Junta, Luis Pizarro. Antonio Perales fue el mayor valedor de los empresarios
gallegos en la provincia y, según el informe de la Udyco hasta llegó a
presentarlos ante el consejero de Innovación, Antonio Ávila. Aquí se dibuja la
delgada línea entre el consejo político y la prevaricación, que tendrá que
delimitar la jueza Lourdes del Río.
Pero a todo esto se añade la sorpresa que ha dado en estos
días el Ministerio de Industria, revelándose como una Administración de
juguete. A pesar de tener en sus manos buena parte de los apoyos públicos a
zonas desfavorecidas, los directivos de Programas Estratégico, Ramón Herrero
Arbizu y Alejandro Fernández Granado, alegaron ante la jueza en Cádiz que en aquellos
años, entre 2009 y 2011, tenían más de dos mil expedientes que revisar y que no
les daba tiempo a leerlos detenidamente. Y por este motivo, atendían sólo a la
casilla en la que los técnicos del territorio en cuestión calificaban los
proyectos de ‘Favorable’ o ‘Desfavorable’ para aprobar las ayudas, reconociendo
de forma sorprendente la dejación en sus funciones. Pero no se fueron de los
juzgados sin apostillar que en las reuniones que mantenían con los técnicos de
Diputación, Bahía Competitiva y Agencia Idea, «nunca, nadie» los alertó de los
peligros detectados por dichos profesionales. El director del IEDT, Teodoro
Garrido, y la jefa de Cooperación del mismo organismo, Adelaida Moares, ya
declararon el día antes que las reuniones en Madrid, cuyo revelador nombre era
el de Comisión de Aprobación, «no eran serias, que apenas duraban cinco
minutos».
Un peligroso correo
Hasta ahora, la Junta de Andalucía, se ha puesto de perfil
en este asunto, especialmente porque no han llamado a declarar aún a ningún imputado
de la Agencia IDEA. A pesar de todo, las funciones de esta entidad dependiente
de la Consejería de Innovación se limitaron a servir de apoyo técnico, aunque
un correo electrónico desvelado el pasado martes, en el último momento, por el
abogado de la Rosa Rodríguez (mano derecha de Perales en la oficina de Bahía
Competitiva) podría probar una relación más comprometida entre Junta y
Diputación, en la que desde la primera se le dieran instrucciones para mejorar
la puntuación de los empresarios presuntamente defraudadores. En estos correos
está el quid para dirimir si hubo algo más que dejación de funciones en el
presunto fraude de capitales públicos.
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