Es un proceso lento, complicado, que precisa de una investigación cuidadosa que se debe hacer con tiempo y sin dar pasos en falsos. Pero, tarde o temprano tiene que llegar una resolución. Es cierto que aún falta para ello, pero se continúa avanzando. La prueba de ello es que el Tribunal de Cuentas ya ha fijado un día para citar a los máximos responsables de las cuentas municipales como consecuencia de «un presunto alcance acaecido en el Ayuntamiento de San Fernando durante los ejercicios de 2002 a 2009» por el que desapareció 7,8 millones de euros de la caja municipal. Lo que significa que el próximo 28 de julio y a partir de las diez de la mañana pasarán por la sede de la Cámara de Cuentas (órgano encargado de llevar la investigación) tanto alcaldes, como interventores, cajeros y tesoreros de aquella época. De esta manera se verán las caras tanto Antonio Moreno como Manuel María de Bernardo. Los dos últimos alcaldes andalucistas que ha tenido la ciudad tendrán que acudir a Sevilla para seguir la investigación abierta por el Tribunal de Cuentas y tendrán que declarar dentro de la «práctica de la liquidación provisional». Pero no son los únicos ya que también han sido citados tanto el anterior interventor, Rafael Monzón, como el actual, José Antonio López, y la tesorera, María Virtudes Gómez. Acompañados por los dos únicos imputados hasta el momento por el desfalco, los cajeros Clemente Ruiz y María José Lebreros.
Incógnitas
Un nuevo giro que se da en torno a un suceso que arroja más sombras que luces y que sigue siendo una gran incógnita para la mayoría de los ciudadanos. Fue el 1 de abril de 2009 cuando el Ayuntamiento denunció a los dos cajeros por la supuesta sustracción de más de 400.000 euros de la caja municipal durante los tres primeros meses del año. A los pocos días la cantidad alcanzó los 7,8 millones y el comienzo de la desaparición se retrasó hasta el año 2002. Según el Ayuntamiento una situación que se dio por un «exceso de confianza» y por la trama dispuesta por el principal imputado, Clemente Ruiz.
Sin embargo, tras más de dos años de investigación aún no hay ninguna novedad respecto a lo que ocurrió. No se ha encontrado el dinero y tampoco se ha podido explicar hacia dónde fueron los 7,8 millones de euros de las arcas municipales. Las dudas comienzan incluso en la detección del presunto robo pues la Cámara de Cuentas fue la que alertó de un problema económico en las cuentas, aunque el Consistorio siempre aseguró que fueron los propios técnicos municipales los que dieron la voz de alarma. El órgano de fiscalización andaluz realizó un duro informe sobre el procedimiento de control del dinero público en San Fernando, que fue contrarrestado por otro documento encargado por el Ayuntamiento a un bufete de abogados especializado en temas fiscales.
Ahora es la propia Cámara de Cuentas la que lleva la investigación a petición del Tribunal de Cuentas, que hay que recordar que fijará las responsabilidades contables en la desaparición de tanto dinero y no las penales, que dependen del Juzgado de Instrucción número dos de San Fernando. Tras la citación se ha abierto un plazo de diez días para aducir alegaciones y aportar documentos por parte de todos los interesados.
El desfalco le ha pasado factura al perder la Alcaldía en las pasadas elecciones y quedarse su grupo con solo tres concejales.
Alejado de la política, fue uno de los alcaldes con más legislaturas de San Fernando. Su puesto lo dejó en 2005, tres años después del comienzo del desfalco.
fuente: lavozdecadiz
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