La Cámara de Cuentas de Andalucía reclama un total de 9.472.271,10 euros a los dos ex funcionarios del Ayuntamiento isleño imputados por el robo millonario de la caja municipal descubierto en abril de 2009, Clemente Ruiz García y María José Lebrero de Celis, a los que considera responsables directos del alcance detectado en las arcas públicas. Así se recoge en la propuesta de liquidación planteada al término de la fase de instrucción del proceso contable abierto que se lleva a cabo de forma paralela a la vía penal y que se elevará ahora al Tribunal de Cuentas.
El órgano fiscalizador andaluz, del mismo modo, ha propuesto también la exigencia de responsabilidades contables con carácter subsidiario y solidario entre otros a los dos ex alcaldes que gobernaron durante el periodo en el que se produjo el robo, los andalucistas Antonio Moreno y Manuel María de Bernardo, así como al actual interventor (y anterior tesorero), José Antonio López Fernández; su antecesor en el cargo, ya jubilado, Rafael Monzón Ristori; y la tesorera, María de las Virtudes Gómez Montero.
Todos ellos acudieron ayer a las oficinas de la Cámara de Cuentas, en Sevilla, donde se les dio traslado de dicha propuesta de liquidación en la que se plantean las responsabilidades contables para toda la cadena de mando que se extiende desde los regidores hasta los funcionarios que trabajaban en la caja municipal pasando por los técnicos con habilitación de carácter nacional que se encargaban del control, supervisión y fiscalización de las cuentas.
La comparecencia, que se inició a las diez de la mañana, se prolongó hasta casi las cinco de la tarde al recabar la Cámara de Cuentas las alegaciones que unos y otros presentaron a lo largo de la jornada.
El proceso pasará ahora a manos del Tribunal de Cuentas, donde se determinará definitivamente si existen responsabilidades contables -directas y subsidiarias- y si, efectivamente, éstas recaen sobre las personas a las que apunta el órgano fiscalizador andaluz en la fase de instrucción.
La cantidad de 9,4 millones de euros fijada por la Cámara por las responsabilidades contables corresponde a la suma de la cuantía en la que se cifra el alcance detectado en la caja -7.790.515,79 euros- más los intereses legales, que ascienden a 1.681.755,31 euros.
Los dos funcionarios imputados, a los que inicialmente se considera responsables directos en el proceso contable, tendrán que hacer frente a esa cantidad de 9,4 millones de euros con su propio patrimonio si el Tribunal de Cuentas ratifica la propuesta de liquidación planteada por Sevilla. No obstante, en el caso de que ambos se declararan insolventes -como presumiblemente ocurrirá- serían las personas que responden subsidiariamente las que tendrían que hacer frente a esta millonaria cuantía.
Con todo, ayer, aunque la Cámara de Cuentas pidió garantías a Clemente y a María José Lebrero -que dispondrán de un plazo de diez días para presentar un aval ante el órgano fiscalizador andaluz y cuyas propiedades pueden llegar a quedar retenidas mientras dure todo el proceso contable- no llegaron todavía a concretarse las cantidades a las que, llegado el caso, tendrían que hacer frente De Bernardo, Moreno y el resto de claveros, que en teoría tendrían también que responder con su patrimonio como responsables subsidarios.
La exigencia de responsabilidades contables para los dos ex alcaldes de San Fernando -aún de forma subsidiaria- y el hecho de que ambos pudieran llegar a tener que responder con su propio patrimonio por el robo de la caja municipal causó ayer un gran impacto a pesar de que esta posibilidad se había barajado desde que a principios de julio se recibieran las correspondientes notificaciones de la Cámara de Cuentas acerca del cierre de la instrucción del proceso.
Entre los argumentos esgrimidos por el órgano fiscalizador andaluz para fijar estas responsabilidades sobre los alcaldes isleños, se advierte de que "la firma de las actas de arqueos con cifras extremadamente elevadas debieron ser al menos cuestionadas (por ellos) antes de la firma, sobre todo relacionándolas con los constantes reintegros de fondos para nutrir a la caja".
Asimismo, la Cámara de Cuentas considera en su propuesta de liquidación que "las firmas de las actas de arqueo (de la caja) preceptivas a fin de cada ejercicio y en los cambios de alguno de los claveros (alcalde, interventor y tesorero) y de las Corporaciones, hacen responsables a los firmantes de los datos ficticios que las mismas sostenían".
En este sentido, apostilla, "al no haber depurado dichas cifras, se mini¡mizó el riesgo de la sustracción de fondos". Y recuerda: "La responsabilidad del alcalde-presidente está implícita en las funciones del manejo y custodia de los fondos".
fuente: diariodecadiz
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