En el primer caso, el próximo viernes se realizará una nueva manifestación por las calles de San Fernando para exigir la salida del alcalde, Manuel María de Bernardo, así como de la delegada de Hacienda, Mercedes Espejo. Todo ello cuando el Tribunal de Cuentas ha anunciado el inicio del expediente para determinar la responsabilidad contable en el caso.
Una noticia que atañe al segundo supuesto, pero que no es la única en estos días ya que un auto del juzgado de Instrucción y Primera Instancia número 2 de San Fernando, con fecha del pasado martes, ha desestimado de nuevo la puesta en libertad, solicitada por su abogado defensor, del principal imputado, el ex cajero Clemente Ruiz García. Aunque lo más llamativo es lo que ha trascendido en cuanto a las supuestas líneas de la investigación, ya que la principal continúa siendo la relación de Clemente con una familia marroquí afincada en San Fernando, a pesar de que no se encuentra imputada e incluso le fueron devueltos los pasaportes a sus miembros.
Según fuentes consultadas y cercanas al proceso, se podría haber encontrado una supuesta vinculación económica, entre el funcionario y parte de esta familia, que explicaría la desaparición de una gran cantidad de dinero, aproximadamente cercana a la mitad de lo que falta en las arcas del Consistorio, que de confirmarse reforzaría una teoría que ya sustentó en un primer informe la Policía Nacional. En ella exponía el soporte financiero de M.A.B., A.B.A y N.B.A, de origen marroquí, por parte de Clemente. Aún así se ha descartado que vayan a producirse detenciones por el momento ya que se pretende avanzar más en estos indicios. Para ello se ha solicitado información a más de una veintena de organismos e instituciones estatales, desde bancos a cajas de ahorro hasta a Hacienda y la Seguridad Social, para seguir atando los distintos cabos.
Incluso se ha pedido una certificación a la Organización Nacional de Ciegos (ONCE) y a Loterías y Apuestas del Estado (LAE) para rechazar que distintas cantidades detectadas, y que por el momento no se han podido justificar, no provengan de juegos o sorteos de cifras millonarias.
Todas estas pistas se han seguido a través de las primeras averiguaciones por parte de la Policía Nacional tras recibir la denuncia del Ayuntamiento el pasado 1 de abril de 2009 en el que señalaba a los cajeros, tanto Clemente como su compañera María José L. de C., como los supuestos autores de un delito de malversación de fondos.
A partir de ahí comenzó una ardua investigación en la que los investigadores se remontaron hasta el 2005 y que resulta extremadamente compleja ya que han pasado muchos años desde que comenzara a desaparecer el dinero de la caja municipal. Aún así desde un principio se ha establecido la relación de Clemente con la familia marroquí como «sospechosa» en los distintos informes ya que tenían un nivel de vida muy superior a lo que generaban sus negocios.
Es por ello que se mantiene esta línea como el eje principal de las acciones judiciales y policiales a la espera de que el Tribunal de Cuentas pueda certificar o arrojar una nueva visión de lo ocurrido durante tantos años en la delegación de Economía y Hacienda.
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