La querella, elaborada minuciosamente por el abogado Fernando Merodio, se extiende en 42 páginas, a las que se adjuntan 8 documentos que incluyen sentencias del Juzgado de lo Social nº 4 de Gijón y del TSJ de Asturias.
Para comprender el alcance de la denuncia es necesario retroceder a 1984 cuando la Reconversión del Sector Naval, que con la supuesta tarea de coordinar las actuaciones de los Astilleros y de las diversas Administraciones públicas, para agilizar y canalizar las ayudas a la construcción naval, se constituía con fondos públicos Pequeños y Medianos Astilleros Sociedad de Reconversión, S.A. (PYMAR), dependiendo del Ministerio de Industria y, en el caso de Naval Gijón, también de la Consejería de Industria de Asturias. Se trataba de garantizar la supervivencia de los astilleros porque, dada sus reducidas dimensiones, no disponían de suficiente capacidad de gestión y respuesta comercial y económica; de establecer un sistema de avales y garantías y de promover cuantas actividades contribuyeran a fomentar la reconstrucción naval a cuyo fin se aportarían los fondos patrimoniales precisos. Todo ello en teoría.
Pero la realidad fue muy distinta. PYMAR crea Astilleros Asturianos, SL., una sociedad interpuesta para gestionar Naval Gijón y participada por Factoría Vulcano, S.A.; Hijos de J. Barreras, S.A.; Astilleros de Huelva, S.A.; Navales Freire, S.A.; Astilleros Zamancona, S.A. y Astilleros Balenciaga, todas ellas asociadas en PYMAR, lo mismo que Naval Gijón, razón por la que los querellantes plantean la necesidad de extender la investigación de los presumibles delitos a todas estas empresas y, además, que la investigación continúe con el astillero de Juliana Gijonesa, S.A., de la que es propietaria Factoría Vulcano.
En medio de este premeditado entramado de sociedades interpuestas, pero que en todo caso dependen de la empresa pública PYMAR, Naval Gijón, crea la Sociedad Pesquier Navegaçao y la sociedad Weselman Navegaçao para las que fija su domicilio social en el paraíso fiscal de Madeira, dotándolas con el ridículo capital social de 5.000 euros. Obvio es deducir que el objeto de estas maniobras ha sido meramente especulativo y, también, como medio de eludir el pago del IVA. Los querellantes entienden que estas actuaciones han de ser investigadas.
Volviendo a Naval Gijón, la querella hace hincapié en que siempre fue "cultura de la empresa", como solución exclusiva, la reducción de plantilla de modo aparentemente no traumático, recurriendo a incapacidades, acuerdos, prejubilaciones, etc, para lo que el Astillero contó con la necesaria colaboración de PYMAR, de los sindicatos mayoritarios CCOO y UGT y de las tres Administraciones, central, de Asturias y del Ayuntamiento de Gijón. Y así, con estos antecedentes, se llega a la extinción de los contratos de trabajo de 98 trabajadores el 5 de diciembre de 2008 por acuerdo entre la Empresa y el Comité de Empresa que la Dirección de Trabajo, dependiente de la Consejería de Industria, acepta y firma el ERE 36/2008 correspondiente, con la oposición explícita de los querellantes de la CSI.
De estos trabajadores 54 se acogieron a un Plan de prejubilaciones y los 44 restantes fueron incorporándose al paro al no cumplir los requisitos de la prejubilación pero, con la falsa promesa expresa y tácita de acceder a otros puestos de trabajo, algo que no se ha cumplido cuando ya las prestaciones del despido se agotan, por lo que su situación y las expectativas de futuro son dramáticas.
Todo ello gestado con aparente malicia porque, en 2009, firmaron PYMAR, UGT, CCOO, el Ayuntamiento de Gijón y el Gobierno de Asturias el llamado documento de "Acuerdos y garantías del expediente..." por el que la Consejería de Industria, el Ayuntamiento de Gijón se comprometían a ayudar en la recolocación de estos trabajadores, sin que hasta ahora se haya producido ni una sola gestión concreta, ni mucho menos recolocación.
Constituye un serio agravante de todo lo anterior la no presentación en el Registro Mercantil de las cuentas auditadas de Naval Gijón correspondientes a 2008 y 2009, por lo que no es posible expresar una opinión sobre la situación patrimonial, algo que no es más que la reiteración de lo que se viene manifestando desde 2003. Aún cabe añadir a la falsedad de las cuentas que, en 2004, la capacidad real de Naval Gijón fue asumida íntegramente por PYMAR al adquirir la totalidad de su capital social, pero no sus pasivos.
En esta situación y ante la reiterada negativa de la Empresa a entregar al Comité las cuentas debidamente auditadas, los querellantes de la CSI acuden al Registro Mercantil y comprueban que las cuentas entregadas eran distintas a las que constan en el expediente presentado con el ERE.
Respecto al ejercicio 2005, aparecen como gastos 41 millones de euros y como ingresos 42 millones, mientras que en las entregadas por la Empresa no aparece cantidad alguna.
Respecto a 2006 figuran como gastos 73 millones y como ingresos 66 millones, pero en las cuentas entregadas nada aparece.
En el capítulo de existencias, en 2005 y 2006, se registran y auditan 34 y 8 millones respectivamente, pero en lo entregado por la Empresa con el ERE tampoco aparece cantidad alguna.
Parece más que evidente que las numerosas irregularidades y toda la falsedad documental, premeditadamente organizada, tenía por objeto facilitar el despido de todos los trabajadores y propiciar así el cierre definitivo de Naval Gijón, aunque para ello conculcaran derechos fundamentales de los trabajadores. Pese a tales evidencias y sin ni siquiera poder conocer la realidad contable, el Director General de Empleo, de la Consejería de Industria, autoriza el ERE para la totalidad de la plantilla, lo mismo que los representantes de UGT y CCOO en el Comité de Empresa que también firman el Acta Final de Consultas, el 5 de diciembre de 2008, que no es suscrita por los querellantes, miembros de la CSI.
Dos años después, con el Astillero totalmente desmantelado y sin actividad alguna, la sociedad sigue sin ser legalmente disuelta y liquidada, con un Administrador único en activo, dependiente de la empresa pública PYMAR, que elude adoptar las obligatorias medidas jurídicas y contables debido, sin duda, a las falsedades que vician las cuentas y a las oscuras operaciones realizadas y a otras muchas más que probablemente aparecerán al hacer un análisis más pormenorizado.
Naval Gijón tampoco inició procedimiento concursal alguno, incurriendo así los administradores y sus cómplices en las responsabilidades civiles y penales señaladas en la Ley Concursal 22/2003.
La toma de control de Naval Gijón por parte de PYMAR dejó al Astillero sin activos pero con todos los pasivos, resultando así insolvente y sin capacidad de maniobra, algo que por otra parte fue decidido por PYMAR para lograr lo planificado desde el inicio: el buscado cierre del Astillero con las menores cargas posibles. Ni se realizaron las grandes inversiones prometidas ni se cumplieron los planes de viabilidad, sino que lo primero que se hizo fue especular con los extensos terrenos del Astillero, víctima al tiempo de los planes de urbanismo del Ayuntamiento de Gijón, pese a que la alcaldesa Fernández Felgueroso, que comenzó asegurando que nunca se recalificarían, para ir cediendo en favor de la especulación amparada por el Plan General de Ordenación redactado por el propio Ayuntamiento.
El parón inmobiliario frenó la escalda de las recalificaciones, pero así y todo, en este momento, tanto PYMAR como el Ayuntamiento de Gijón ya se han manifestado abiertamente en favor de la recalificación de los terrenos de Naval Gijón.
Los querellantes entienden que por los hechos denunciados, los responsables, podrían haber incurrido en malversaciones, falsedades en actividades subvencionadas con dinero público en las que se alteran los fines para los que la subvención fue concedida y otras actividades delictivas instrumentales, todo ello contra los derechos de los trabajadores y exclusivo beneficio de particulares.
La querella criminal va dirigida contra las personas responsables de todo el entramado, razón por la que para su esclarecimiento los demandantes interesan que se practiquen las diligencias probartorias mediante el interrogatorio de:
1) García Sanz, Administrador Único de Naval Gijón y al resto de los miembros de la dirección.
2) González Viñas, presidente de PYMAR y al resto de los miembros de la dirección.
2) A las direcciones de Astilleros Asturianos, Dike Global y Hecikom 7.
Los querellantes también requieren aporten documentos a:
3) Dirección de Trabajo para que remitan el ERE (tan irregularmente tramitado).
4) A las direcciones de las empresas citadas para que aporten cuantos documentos acreditan la relación entre ellas.
5) A la Alcaldesa de Gijón para que aporte certificación sobre la evolución de la calificación urbanística de los terrenos de Naval Gijón, así como el estado actual de los mismos.
Cuando se conculcan tantos derechos y tantos atropellos sociales, cuando despedir a miles de trabajadores, o a uno sólo, es tan fácil y gratuito, y en medio de la mayor impunidad, no sólo es que corren malos tiempos sino que seguramente se avecinan aún peores. Nada de todo esto es fortuito, la acumulación de fortunas en cada vez menos manos, al tiempo que cada vez el paro y la pobreza abarca a mayores sectores de la población es, parece ser, el objetivo deseado de la crisis, entendiendo esta como el medio para conseguir lo anterior. Sin olvidar que en determinadas personas, en los políticos y en las instituciones en las que se amparan y de las que se sirven, está la causa y el origen de la crisis.
fuente: Asturbulla
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