El acuerdo inicial del Expediente de Regulación de Empleo (ERE) entre el comité de empresa y la empresa Vinnell-Brown and Root, que gestiona los servicios de la base aérea de Morón de la Frontera (Sevilla), incluía 31 personas que no mantienen relación laboral con la empresa. Un informe de la Inspección de Trabajo detectó "un indicio racional de fraude" en este ERE que en principio se planteó para 286 de los 594 puestos de empleo sujetos a los servicios de mantenimiento, luego fue reducido a 150 y finalmente afecta a 119 trabajadores.
Las irregularidades en el expediente de regulación de empleo de Mercasevilla, cuyos ERE de 2003 y 2007 incluían personas que nunca trabajaron en la empresa, ha puesto en el punto de mira diferentes ERE. Dos semanas después, la inspección detectó en Morón nada menos que 31 personas que no cumplían los requisitos para acogerse al ERE iniciado en la base, según adelantó ayer Abc.
La empresa presentó un expediente firmado por Comisiones y UGT que afectaba a 150 personas el 24 de noviembre. Tras la corrección del ERE en un informe de la Inspección de Trabajo el 2 de diciembre, la empresa redujo la lista de afectados de 150 a 119. La Consejería de Empleo autorizó el ERE la semana pasada y mañana entra en vigor.
Pago de EE UU
Vinnell-Brown and Root presentó la propuesta de la extinción de 119 trabajadores, pero el costo de 7,5 millones (140.000 euros de media por trabajador) del ERE ha sido abonado por el Gobierno de EE UU, según confirmó el gerente de la empresa, George Newton. "Teníamos hasta tres bases de datos distintas de trabajadores que proporcionó la anterior empresa. Eran un caos", achacó Newton para justificar la entrega de una lista con 30 trabajadores que no trabajaban para su compañía.
El sindicato USO detectó las irregularidades y presentó las alegaciones a la lista de 150 empleados. "¿Por qué intenta la empresa despedir gente que no trabaja para ellos? Es muy sospechoso", preguntó Ginés Espín, de USO, que asegura que entre las 31 casos irregulares había prejubilados y empleados de baja por invalidez. El portavoz del comité, José Manuel Pérez, de UGT, asegura que solo había trabajadores eventuales despedidos entre el acuerdo inicial y diciembre. "Legalmente no hay ningún problema", dijo.
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