De esta forma, cualquier asociación vecinal, social, cultural, política, sindical, etc., que desee simplemente repartir hojas informativas, recoger firmas en una mesa en la calle, o simplemente utilizar megafonía, deberá pagar por ello. La medida afecta también a actividades deportivas organizadas por asociaciones de vecinos o clubes deportivos, a mesas de organizaciones como “Stop Accidentes”, Ingenieros sin Fronteras, la Asociación de Víctimas de Agresiones Sexuales, etc., a quienes se equipara con empresas de venta ambulante.
Esta medida comenzó a aplicarse, sin publicidad, a partir de una modificación de la Ordenanza fiscal mediante el Decreto de Alcaldía nº 4610 de 14 de Mayo. Pese al secretismo, desde entonces se han ido produciendo los casos que han alertado a los afectados, todas las organizaciones sociales de Valladolid.
Por ejemplo se ha tenido noticia de que recientemente se tuvo que celebrar en un recinto cerrado una actividad deportiva infantil organizada por la Confederación de Asociaciones de Vecinos de Castilla y León, que incluso contaba con subvención de la Junta de Castilla y León. Sindicatos (en los días previos a la huelga general del 29 de septiembre) y partidos políticos ya han experimentado igualmente en carne propia esta medida. Por ello, representantes de los colectivos afectados han manifestado que detrás de esta medida puede esconderse un intento de dificultar la libertad de expresión de los colectivos más críticos, mientras que el alcalde, Francisco Javier León de la Riva la ha justificado por la situación de crisis que obliga a obtener ingresos de fuentes nuevas para compensar la disminución de otros de cara a equilibrar los presupuestos.
La cuantía cobrada es de 1,85 euros por metro cuadrado ocupado, y si la policía municipal ha de vigilar el evento se cobra 23,20 euros por cada hora y por cada agente que esté cumpliendo esa labor. Este celo recaudatorio contrasta con los cuantiosos ingresos que el Ayuntamiento de Valladolid ha dejado de percibir por no haberlos cobrado en plazo a diversos constructores de la ciudad; por la negativa a exigir un canon a AGUALID (la empresa adjudicataria del abastecimiento de agua) por el vertido de agua a cauces públicos pese a que estaba recogido en el contrato de adjudicación y la empresa lo repercutía los vecinos en el recibo del suministro; por las reticencias a cobrar un tributo de 100 millones de las antiguas pesetas (en 1997) al Real Valladolid, lo que originó un enfrentamiento con el director del servicio de inspección general tributaria, etc.
Más de 56 colectivos sociales de Valladolid (ONG, fundaciones, asociaciones culturales, vecinales, partidos políticos, sindicatos y, en general entidades, sin ánimo de lucro) se han reunido para tomar una postura común ante el tema. Han presentado alegaciones, indicando que el hecho imponible del impuesto es la obtención de beneficio económico, por lo que no es de recibo cobrarlo a entidades sin ánimo de lucro, y han elaborado un comunicado conjunto mostrando su “oposición radical” a esta nueva medida, que “condiciona el ejercicio de derechos fundamentales como el de libertad de expresión o de asociación, pues se está poniendo un precio a su ejercicio”.
Estos colectivos anuncian que recurrirán por las vías administrativa y judicial todas las liquidaciones de la tasa y realizarán actos de protesta en la calle.Si antes del próximo mes de Abril no se ha derogado este decreto, ¿se aplicará a las procesiones de Semana Santa?
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Javier León de la Riva, un cacique hecho a sí mismo
Desde su llegada a la alcaldía, León de la Riva ha impuesto una forma de hacer totalmente autoritaria que le ha llevado a no dialogar con ningún interlocutor social, zanjando toda oposición a sus planteamientos con la frase “sobre este tema no admito discusión”.
Acostumbrado a hacer de Valladolid su cortijo, algo que le ha valido innumerables sentencias en contra por actuaciones urbanísticas contrarias a las leyes, en abril de 2007 protagonizó uno de sus mayores excesos verbales cuando, durante una visita a una obra, un joven le recriminó su actuación y él respondió “mira el valiente cómo da la cara; qué machotes son estos hijos de puta”.
Quizás lo más llamativo, por el revuelo mediático que causó, fue la orden de carga policial contra las miles de personas que celebraban la noche de San Juan en la playa fluvial de Las Moreras, fiesta que se viene haciendo desde hace muchos años. Menos repercusión han tenido decisiones como la recuperación para la fachada del Teatro Calderón de una placa que conmemora la fusión entre Falange Española y las Juntas de Ofensiva Nacional Sindicalista (JONS).
Otro episodio recordado fue su participación junto con tropas de la Legión en una procesión de Semana Santa, en la que además se empeñó en sacar un paso de gran valor artístico pese a que llovía abundantemente, sin reparar en el daño que la escultura sufrió por la lluvia.
Ya dejó patentes sus ideas desde sus tiempos de estudiante en la Facultad de Medicina, a la que según fuentes consultadas solía acudir con pistola. Ligado a organizaciones falangistas, era conocido por reventar violentamente asambleas de estudiantes (preparó un escándalo en un homenaje a Antonio Machado, se opuso a la creación del Sindicato Democrático de Estudiantes, etc.).
Ya como alcalde promulgó una ordenanza eufemísticamente denominada “antivandalismo” que encubría la vulneración de los derechos de reunión, manifestación y libertad de expresión, como dictaminaron los tribunales. Expedientó al Jefe de Inspección Tributaria por inspeccionar al Real Valladolid y determinar que debía pagar cien millones de pesetas en impuestos (de nuevo los tribunales fallaron en contra del la actuación del alcalde) y tuvo problemas con miembros de su propio partido por el cobro de dietas cuando era diputado regional.
Todo ello le ha valido en Valladolid, el sobrenombre de “Javier Corleone de la Riva”.
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