Ocho años han transcurrido de la aciaga noche que dejó marcada la Feria de Chiclana. Un accidente pirotécnico provocó una avalancha de espectadores, que atemorizados ante la caída de cohetes sobre sus cabezas, trataron de salir de una zona acotada que se convirtió en una ratonera. Dos responsables municipales y el dueño de la empresa que organizó el espectáculo fueron imputados. Sin embargo, el pasado mes de octubre, cuando se celebró el juicio en el Penal nº 3 de Cádiz sólo se sentaron en el banquillo la ex concejal de Fiesta, Teresa Varo, y el que fuera responsable de la cartera de Seguridad y Protección Civil, Antonio Delli. El tercer imputado falleció a lo largo del procedimiento. Ayer se conocía la sentencia que condena a los dos ex concejales por 19 delitos de lesiones por imprudencia grave, en concurso ideal con otros cuatro delitos similares. Traducido en tiempo de condena, ambos acusados han sido sentenciados a 15 meses y un día de prisión.
Demasiados años han pasado de aquel siniestro sucedido en 2002, tantos que los responsables políticos condenados se han beneficiado de una atenuante por dilaciones indebidas al alargarse la causa en exceso y por causas no imputables a ellos. Pese a esa rebaja penal, que les permitirá eludir el ingreso en prisión por carecer de antecedentes previos, sus carreras políticas quedaron rotas a partir de ese suceso. Tanto Varo como Delli no repitieron en las listas del PSOE en los siguientes comicios y ambos están alejados de la política hoy en día.
La jueza les responsabiliza a ambos de las consecuencias que tuvo el accidente, que se debió a una falta absoluta de medidas de seguridad. Entre otros aspectos, el espectáculo pirotécnico en el que se utilizó más de 40 kilos de material explosivo carecía de un plan de emergencia. «Conocedores de la existencia del peligro no realizaron lo necesario según sus respectivas responsabilidades y omitieron las precauciones propias del riesgo». Los dos acusados se defendieron alegando que habían seguido las instrucciones de sus técnicos, pero la magistrada les recuerda que pese al tiempo transcurrido no han presentado ninguna documentación que acredite algún tipo de planificación.
Por la sala de vistas pasaron 47 testigos que describieron el pánico que se desató a partir de la primera caída de cohetes. «Del informe pericial se desprende que la distancia de seguridad (entre el público y los fuegos) no era suficiente». Pero no fue el único problema: «La zona donde se permitió el acceso al público era un espacio reducido con un solo acceso de entrada y salida, sin vías de evacuación rápida, lo que supuso un obstáculo». Para más inri, la sentencia indica que la instalación de los fuegos se hizo por personal no formado.
Los condenados tendrán que indemnizar a los afectados con cantidades muy variadas que van desde los 28.000 euros hasta poco más de 130 euros en función de las lesiones acreditadas.
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