10 años después, con una cuestión de competencia resuelta entre medias por el Tribunal Supremo, el titular del Juzgado de Instrucción Número 3 de El Puerto, Miguel Ángel López Marchena, ha concluido al fin la investigación del caso de venta de datos confidenciales por parte de policías de las Comisarías de El Puerto y Jerez. Un asunto en el que han llegado a contabilizarse hasta más de 150 imputados en toda España en una red que surtía a entidades bancarias de informaciones sobre ciudadanos que solicitaban préstamos.
El magistrado ha dado prácticamente por finalizado el grueso de la investigación con un auto en el que procesa a algo menos de 30 personas, entre policías, otros funcionarios públicos, empresarios y personal de entidades bancarias. Los únicos contra los que, al parecer, habría pruebas consistentes de su implicación en el ilícito negocio.
Según ha podido saber este diario, tras ser ya resueltos dos o tres recursos por parte de otros tantos procesados, el caso está ya listo para calificación fiscal. Todo apunta a que ya el próximo año llegaría para ser juzgado a la Audiencia Provincial.
Finalmente, son unos cinco policías los encausados por los supuestos delitos de cohecho y revelación de secretos, que llevan aparejadas penas que oscilan entre los seis y los doce años de prisión. El resto de procesados son una docena de empresarios y similar número de trabajadores de diversos bancos, por uso de información secreta, castigado con entre uno y tres años de prisión.
El caso arrancó hace ya más de una década. En concreto, en octubre del año 2000, cuando agentes de Asuntos Internos de Madrid comenzaron a investigar a varios policías nacionales que trabajaban en las Comisarías de El Puerto y de Jerez, al tener sospechas de que se podían estar dedicando a vender datos confidenciales de ciudadanos a empresas que, a su vez, los revendían a bancos. En febrero de 2001, se producían las primeras detenciones. Cuatro policías fueron detenidos en El Puerto y Jerez. Dos de ellos, tras prestar declaración, fueron puestos en libertad y sin cargo alguno, al descartarse su implicación y constatarse que sus claves de acceso a los ordenadores desde los que se habrían logrado datos confidenciales habían sido empleadas por los otros dos sí supuestamente implicados: un agente de la Escala Básica que trabajaba en la sala del 091 de la Comisaría de El Puerto, y otro que hacía un año había sido trasladado a la Comisaría de Jerez. Para ambos, el juez de El Puerto decretó libertad bajo fianza de un millón de pesetas. En paralelo, en Jerez eran detenidos dos empresarios y la mujer de uno de ellos (esta última, puesta en libertad al final) que figuraban al frente de la empresa fantasma Infotec, supuestamente dedicada a negocios informáticos pero cuya actividad en realidad era la venta a bancos de datos privados. Los dos empresarios fueron enviados a prisión.
La documentación requisada en esta empresa provocó tres meses después otra detención significativa del importante alcance del entramado: la de un funcionario del Instituto Nacional de Empleo, el Inem, en El Puerto, un jefe de área de la oficina local. Nuevas pesquisas acabaron determinando que la empresa fantasma vendía la información confidencial a firmas radicadas e Burgos y Málaga, por lo que el Juzgado de El Puerto abrió piezas separadas y acordó inhibirse en favor de Juzgados de dichas localidades. Los órganos judiciales de Burgos y Málaga rechazaron la inhibición de El Puerto, al considerar que s trataba de delitos conexos, y la cuestión de competencia terminó en el Tribunal Supremo, en abril de 2006. Seis meses después, el TS declaró competente para investigar al Juzgado de El Puerto, que cierra ahora la investigación con el procesamiento de una treintena de personas. Entre ellos, ya no está el agente de la plantilla de la Comisaría de El Puerto, dado que, como en su día informó este diario, falleció en julio de 2003.
Tanto el funcionario del Inem como los policías vendían supuestamente datos relativos a las propiedades de ciudadanos que solicitaban un préstamo en entidades bancarias. en el caso de los agentes, tenían acceso a las informaciones por estar destinados en la sala del 091. Los dos, supuestamente, por cada 'chivatazo' recibían menos de 300 pesetas, ni 1,80 euros de hoy día, una cantidad que, a simple vista, se antojaba ya entonces, hace más de una década, ridícula, aunque a la larga sería una actividad rentable porque serían muchas las informaciones solicitadas por los empresarios de Jerez, y dadas en consecuencia.
fuente: diariodecadiz
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