Los parlamentarios que han perdido su escaño se reparten 2.740.668 euros en indemnizaciones
Diputados y senadores no tienen derecho al paro cuando dejan su escaño, pero sí a una indemnización por cese que en la actual legislatura va a suponer un gasto de casi tres millones de euros a repartir, entre los 128 parlamentarios que han perdido su escaño. Esta compensación económica sustituye a la cobertura por desempleo, de la que carecen sus señorías.
La X Legislatura que acaba de comenzar ha supuesto la salida de ambas Cámaras de 128 parlamentarios que en los comicios de 2008 consiguieron un escaño y en los del pasado año no fueron incluidos por sus partidos en las listas electorales o aún formando parte de ellas no resultaron elegidos.
El Reglamento de Pensiones Parlamentarias y otras Prestaciones Económicas a favor de los exparlamentarios establece su derecho a una indemnización por cese equivalente a un mes de asignación constitucional (su salario base), que en este momento es de 2.813,87 euros, por cada año o fracción superior a seis meses de mandato parlamentario, hasta un límite de 24 mensualidades. La prestación máxima por desempleo es en este momento de 1.397,83 euros mensuales para los parados que tengan dos hijos o más; 16.773,96 euros al año y 33.547,92 euros en el caso de que el desempleado agote el máximo de 24 meses de prestación. Cantidades de las que hay que detraer las cotizaciones a la Seguridad Social y el IRPF.
La indemnización de sus señorías equivale a un despido improcedente (30 días) con la actual legislación laboral, y aunque abandonar el Congreso o el Senado no tiene que ver con un despido, ni las indemnizaciones por cese guardan relación con las que recibe cualquier trabajador que es enviado al paro, la comparación ilustra las prerrogativas de los políticos cuando dejan sus responsabilidades públicas para volver a la empresa privada. Solo tres parlamentarios alcanzan la indemnización máxima, equivalente a 67.533 euros, que cobrarán en mensualidades de 2.813,87 euros. Se trata del socialista Álvaro Cuesta, diputado durante 30 años ininterrumpidos, desde la II Legislatura (1982), en la que el PSOE ganó por primera vez las elecciones generales. El mismo tiempo que lleva en la Cámara Baja su compañero de partido Francisco Fernández Marugán. El tercer beneficiario de la indemnización máxima es el también socialista Antonio Cuevas, aunque en su caso ganó el escaño en 1986.
Algo menos, 64.719 euros por 23 años como parlamentario, cobrará el ya exdiputado socialista Rafael Román Guerrero, que aunque solo tuvo escaño en la Carrera de San Jerónimo durante la VIII y IX Legislatura (2004-2011), fue también senador y consejero de Cultura de la Junta de Andalucía. La popular Soledad Becerril, exministra y exalcaldesa de Sevilla recibirá 61.905 euros por sus 22 años de servicio.
Carreras políticas efímeras.
La mayoría de los diputados y senadores cesantes han tenido escaño únicamente durante los 4 años de la pasada legislatura (32 parlamentarios) y recibirán 11.255 euros de indemnización. El mismo número de señorías no llegó a cumplir las dos últimas legislaturas, y por sus 7 años como representantes cobrarán 19.697 euros. Entre estos 64 parlamentarios se reparten casi un millón de euros.
Solo 30 de los indemnizados han ocupado un escaño durante más de dos legislaturas (8 años), y los 98 restantes han alcanzado como mucho ese periodo temporal. Entre estos últimos hay 10 parlamentarios que solo ejercieron durante dos años (5.627 euros de indemnización), y 9 más durante tres años (8.441 euros). Ninguno de ellos tuvo ocasión de despuntar en la política nacional por una carrera efímera que les ha hecho pasar desapercibidos. Mª del Carmen Achutegui (PSOE); Mª Arritokieta Marañón, (PSOE); Luis Antonio Gómez Piña (PSOE); José Javier Lasarte Iribarren (PSOE) e Inmaculada Guaita (PP) son algunos de ellos.
elconfidencial
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