Como casi siempre, la realidad supera a la ficción. Los peores presagios para los trabajadores municipales se cumplieron y los rumores que llevaban ya circulando meses se materializaron ayer con el anuncio de un Expediente de Regulación de Empleo (ERE) para 390 empleados del Ayuntamiento: 300 en el Consistorio matriz y 90 en el grupo de empresas y fundaciones.
La medida, que se pondrá en marcha el próximo mes de mayo, es la cruz de una moneda cuya cara es el pago de 328 millones de euros a los proveedores gracias a los préstamos ICO. Entre la plantilla, a la que le ha tocado la peor parte de este ajuste para demostrar a Hacienda que se cumplirán los compromisos, el anuncio provocó auténtica conmoción en un Viernes de Dolores lluvioso que se recordará para la posteridad.
Mientras unos 300 trabajadores se concentraban en la calle Consistorio, el PP concretaba dentro en solitario -tras abandonar la oposición el pleno en señal de protesta- las grandes cifras de la medida más impactante que muchos recuerdan en la historia democrática del Ayuntamiento. Un plan de ajuste definitivo para ahorrar 94 millones de euros el próximo año y 100 millones anuales entre 2014 y 2022, dentro de un presupuesto que actualmente no supera los 222.
El ERE es sin duda la medida más traumática de este segundo plan aprobado por el pleno y remitido a Hacienda, que se suma al que ya salió adelante en septiembre.
Empresa externa
«Seremos extremadamente objetivos e incluso una empresa externa trabajará con nosotros en el ERE para garantizar la estabilidad», afirmó la alcaldesa. En cuanto a los criterios que se aplicarán en esta criba, se tendrán en cuenta «cargas familiares, antigüedad, discapacidad, mayor edad o falta de productividad» para determinar quienes deben conservar sus puestos de trabajo y quienes no.
Por cierto que este ERE es pieza aparte, confirmó la máxima autoridad municipal, respecto al de Onda Jerez que lleva aparejado el concurso de acreedores.
Asimismo, García-Pelayo concretó que el plan de ajuste «nos obliga a ahorrar» para garantizar al Ministerio de Hacienda «que vamos a devolver 328 millones» para el pago a proveedores. Lo primero que se llevará a cabo será una reducción de los servicios que presta el Ayuntamiento, para que varios de ellos los asuman las administraciones competentes.
No hay que olvidar que ya hace tiempo el gobierno cifró en 16 millones el «sobrecoste» que el Ayuntamiento tiene al desempeñar servicios que corresponden a otras administraciones.
La segunda pata de este segundo plan de ajuste será la aprobación de una nueva estructura organizativa y administrativa, que se reducirá un 40% al recortar coordinadores, directores, subdirectores y jefes de departamento... El objetivo es que «no haya dos ayuntamientos paralelos», en palabras de García-Pelayo.
Simultáneamente, la Relación de Puestos de Trabajo se llevará a cabo con un ahorro de 12 millones en el Ayuntamiento y otros cuatro en empresas municipales. Se eliminará toda la masa de pluses en pro de un complemento específico y se establecerán criterios objetivos para acabar con las arbitrariedades.
Reglamento para la Policía
En cuanto a la Policía Local, se establecerán los conceptos retributivos, que en su caso son ajenos a las productividades, vía reglamento. «La mayoría de los funcionarios, el 16%, son policías y hay que darle también una respuesta», señaló la regidora popular.
Por último respecto al personal, en los próximos cinco años se jubilarán 250 personas en el Ayuntamiento, lo que supondrá lógicamente un ahorro en la masa salarial.
Más concretamente, García-Pelayo precisó que de los alrededor de 100 millones anuales que se quieren ahorrar, 33 salen del capítulo de personal: ERE para los 300 trabajadores del Ayuntamiento (13,2 millones), los 90 trabajadores de empresas municipales y fundaciones (cuatro millones) y la RPT (12 millones), a los que añadió otros cuatro millones en concepto de «normas salariales» de la RPT propia para empresas municipales.
En cuanto al resto, se realizará a través de los capítulos 2 y 4, con un ahorro de casi 30 millones entre gastos corrientes y transferencias.
García Pelayo reconoció por último la dureza de las medidas de ajuste, si bien las justificó en la necesidad de «cumplir con la estabilidad presupuestaria y con la garantía que pide el Ministerio de Hacienda para que los proveedores puedan cobrar los 328 millones de euros que tienen pendientes en las 12.999 facturas».
Por su parte, el portavoz del gobierno municipal, Antonio Saldaña, recordó que este plan «llega 30 años tarde; si los que nos han gobernado antes hubieran tomado medidas no hubiésemos llegado a esta situación». «El plan de ajuste -concluyó- son cuatro grandes números que tanto el señor Pacheco como la señora Sánchez tienen que conocer, y no ha salido de la noche a la mañana ni son un invento del PP. Los números son los números».
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