EL
EXCONSEJERO DE TRABAJO INGRESA EN PRISION
A las 6.45
de hoy martes la juez le ha entregado el auto de prisión al ex alto cargo de la
Junta. Ha sido después de que pidiera la drástica medida la Fiscalía
Anticorrupción y las acusaciones del PP y el sindicato ultraderechista Manos Limpias, y tras más de cinco horas en las
que ha redactado el auto de prisión.
La
magistrada ha decretado el ingreso en la cárcel de Morón de la Frontera
(Sevilla II) y ha prohibido “cualquier contacto” con su exsubordinado, el que
fue director general de Trabajo, Javier Guerrero, en prisión preventiva desde
el 10 de marzo. La juez justifica la prisión provisional por el riesgo de fuga
del exconsejero y la posibilidad de que pueda entorpecer la investigación.
Además, subraya en su auto los 18 años de prisión que pueden acarrearle una
ulterior condena a Fernández, sobre todo por el delito de malversación
continuada.
La
instructora justifica el riesgo de fuga por el nivel económico del ex alto
cargo: “Dado los importantes cargos públicos que ha desempeñado y que a día de
hoy aún desempeña, con importantes salarios mensuales, se le supone suficiente
capacidad económica para dicha evasión, sin que el arraigo familiar pudiera ser
obstáculo”.
La
magistrada considera ilegal el fondo para empresas en crisis que dotó con 647
millones entre 2001 y 2010, y acusa a Fernández de ser el ideólogo del sistema
de ayudas públicas, que buscaba evitar los controles de la Intervención General
y la Unión Europea. “Resulta (…) difícil de creer también que el Sr. Fernández,
como Viceconsejero y Consejero, no tenía el grado de conocimiento suficiente,
siendo además formado en derecho, para adivinar la presunta ilegalidad del
procedimiento y por supuesto constatarlo tras los informes de la Intervención
que devaluaron las alegaciones de la agencia Idea (pagadora de las ayudas)”.
A las 7.45
el exconsejero ha salido de la sala de vistas acompañado de su abogado y
escoltado por dos agentes de la UCO y otros tres guardias civiles hacia el
furgón policial, en el que ha sido introducido camino de prisión tras una tensa
noche. A diferencia del ex director general Javier Guerrero, Fernández no iba
esposado al entrar en el furgón.
Más de medio centenar de imputados
La Fiscalía
Anticorrupción, el PP y Manos Limpias reclamaban una fianza a Fernández por
responsabilidad de 890 millones de euros. El letrado de la Junta de Andalucía solo exigía como medida cautelar que Fernández
acudiera al juzgado cada siete días y una fianza por responsabilidad civil de
68 millones de euros.
De momento,
por esta causa, que acumula más de medio centenar de imputados, están en
prisión el exdirector general de Trabajo de
la Junta Javier Guerrero, y su antiguo chófer, Juan Francisco
Trujillo.
La
declaración del ex alto cargo del Gobierno autónomo empezó el pasado viernes y
terminó el lunes con las preguntas de las acusaciones particulares y de las defensas.
“¿Qué podría haber hecho yo para evitar esto?”. Esta pregunta fue el alegato
final del exconsejero. Lo dijo momentos antes de que se decidiera su suerte en
la causa. La frase que cerraba 40 intensas horas de interrogatorio fue un
“reconocimiento expreso de culpabilidad” para varios letrados, un giro
inesperado para todos, especialmente al porvenir del acusado que hasta ahora se
ha mantenido más firme en la defensa de la legalidad del fondo para empresas en
crisis. Y el primer alto cargo de la Junta que planteaba batalla a la tesis de
la juez, que desde el principio ha censurado la creación del fondo como un
sistema para repartir ayudas millonarias a círculos empresariales cercanos al
PSOE.
A pesar de
las interpretaciones ante una sorpresa de tal calibre en un momento tan
decisivo como la última palabra, su propio abogado, Alfonso Martínez del Hoyo,
matizó el significado del lamento de su cliente: “Tiene consciencia de haber
actuado conforme a la legalidad y de no haber consentido conductas ilegales.
Sin embargo, a la vista de los evidentes indicios que contiene el
procedimiento, él mismo se cuestiona si podría haber sido un consejero más
cercano y vigilante, en vez de un consejero impulsor y tan confiado”.
Fernández
vio cómo los indicios aportados por la magistrada durante cuatro jornadas
agotadoras (el cansancio hizo mella en el imputado y por la tarde oponía menos
resistencia a las acusaciones de la magistrada) pesaban demasiado sobre la
responsabilidad que mantuvo durante seis años al frente de la Consejería de
Empleo (2004-2010). Y en cierto modo, claudicó. Las caras de los abogados
defensores mostraban su estupor ante lo que parecía un intento desesperado de
Fernández ante la posibilidad de que la Fiscalía Anticorrupción pidiera prisión
incondicional.
El
exconsejero aclaró que este sentía el “daño enorme” que el procedimiento penal
había causado a la imagen de Andalucía, en palabras de su abogado. Del Hoyo
puntualizó: “El daño institucional generado a la Junta de Andalucía y a la
propia comunidad autónoma, habida cuenta del debate público y los términos en
que se ha desarrollado a nivel nacional”. En la mañana del lunes, el
exconsejero aseguró que desconocía las gestiones que realizó Javier Guerrero,
que estuvo a sus órdenes durante cuatro años (entre 2004 y 2008). “Un
desconocimiento total y absoluto”, señaló uno de los abogados presentes en la
causa.
Fernández
contestó a unas 170 preguntas formuladas por la letrada del Partido Popular.
Durante el interrogatorio, el exconsejero mostraba su convencimiento de la
legalidad del fondo para empresas en crisis, creado en 2001 y dotado con 647
millones hasta 2010, y que la juez considera ilegal. La letrada le preguntó por
empresas como Samec o los ERE (expedientes de regulación de empleo) en grandes
compañías como Heineken. Además, le interrogó por las ayudas millonarias que no
pasaron por el Consejo de Gobierno y los expedientes que no llegaron desde la
Dirección General de Trabajo hasta el consejo rector de la agencia Idea
(pagadora de las ayudas).
Preguntas sin respuesta
Fernández
dejó muchas preguntas sin contestar y frenó una de las cuestiones cuando la
abogada tildó la partida 31L de “fondo de reptiles”, al puntualizar que no
toleraba esa definición para un fondo aprobado por el Parlamento durante diez años.
Otro abogado calificó el interrogatorio como “político”, por la cantidad de
preguntas de índole política e indirectamente relacionadas con la causa penal.
El
exconsejero de Empleo ha admitido que la negociación pactada para su salida de
la empresa González Byass, de la que fue trabajador, no fue la mejor de las
soluciones posibles. Su inclusión en el ERE de la firma bodeguera le ha
supuesto la imputación por cohecho, al tener previsto percibir 31.000 euros
como indemnización por despido derivada del ERE que él mismo autorizó en 2008.
“Tal vez habría conseguido más dinero”, ha declarado el acusado sobre qué
hubiera pasado de haber negociado su despido de González Byass de forma
individual en vez de ser incluido en el expediente con el resto de trabajadores.
Los 386.000 euros que estaban destinados para Fernández según el acuerdo entre
la empresa y la Junta, siguen estando previstos como pago de la Administración
a la aseguradora, ya que nunca se recalculó el abono de la Junta después de que
Fernández no firmara su boletín de adhesión y por tanto renunciara al ERE.
Al ser
preguntado sobre el expediente de Delphi, Fernández ha reconocido que este ERE
supuso a las arcas “muchísimo dinero, no sé ni cuánto”. El exconsejero no ha
sabido explicar por qué las ayudas que superaban los tres millones no fueron
llevadas al Consejo de Gobierno para su posterior aprobación, tal y como
estipula la ley, que la juez Mercedes Alaya le ha mostrado durante su
interrogatorio.
Por último, la letrada del PP le ha
preguntado por el contrato adjudicado por la empresa pública Santana como
asesoría jurídica al despacho Olivencia-Ballester, que dirige Luis Olivencia,
cuñado del presidente del PP andaluz, Javier
Arenas. Al parecer
dicho contrato fue adjudicado supuestamente de manera errónea a la partida 31L
pese a que fue abonado con los fondos propios de la agencia Idea. Fernández ha
reconocido su firma en la adjudicación del contrato al bufete, concedido “por
su experiencia en derecho comunitario”.
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