La actual alcaldesa, María Paz Fernández, ha confirmado que los registros están teniendo lugar en los despachos del exalcalde y otros tres sospechosos: el exprimer teniente de alcalde y secretario general del PSOE de Ronda, Francisco Cañestro; la exdelegada municipal de Obras, María José Martín de Haro; y el exdelegado de Seguridad, Rafael Lara.
El centro de las sospechas recae sobre los antiguos responsables municipales y no sobre la actual corporación (PP), como ha insistido en aclarar la alcaldesa. Tras un primer mandato del PA, el municipio ha sido gobernado principalmente por alcaldes del PSOE. En 2003 comenzaron a gobernar los socialistas, pero tras la marcha del alcalde por motivos de salud, el GIL, el PP y el PA se hicieron con la alcaldía. En 2007, la lista más votada fue de nuevo la del PA y su candidato Antonio Marín Lara se convirtió en alcalde. Pese a los duros enfrentamientos con el PSOE, este y sus ocho ediles se pasaron a las filas socialistas dos años más tarde.
El exalcalde de Ronda reclama daños por un libro sobre Los Merinos En las últimas elecciones, el PSOE gana en votos pero empata en número de ediles con los populares. Finalmente, PP y PA pactan y nombran a la actual alcaldesa, la popular María de la Paz Fernández.
Si se confirman las sospechas, esta actuación es el final de una operación que se ha ido aplazando ante la aparición de nuevos datos y se ha consolidado ahora. Fuentes policiales advirtieron de que el registro de las dependencias del Ayuntamiento se complementa con otros en domicilios particulares.
Ronda, el municipio con uno de los mayores términos municipales de Málaga, ha sido objeto en el pasado de numerosas operaciones inmobiliarias por su privilegiado entorno natural. Algunas de ellas ya han sido objeto de investigación antes posibles casos de corrupción. Sin embargo, esta intervención, dirigida por la Fiscalía Anticorrupción, está muy respaldada por los indicios obtenidos tras un proceso muy largo.
Con esta intervención, todas las comarcas de Málaga cuentan ya con un municipio investigado por un caso de corrupción urbanística.
Los funcionarios del Ayuntamiento no han podido acceder a sus puestos de trabajo por el registro policial. A los agentes, que están requisando numeroso material, se les ha unido una patrulla de la Policía Local para custodiar la sede municipal.
fuente: elpais
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