Los 22.000 euros al mes de Magdalena
Magdalena Álvarez (San Fernando, Cádiz, 1952) no es una de
las caras más conocidas en la UE, pero disfruta de uno de los puestos mejor
pagados dentro de su entramado institucional. La exministra de Fomento,
imputada por el caso de los ERE fraudulentos en Andalucía, ocupa una de las
vicepresidencias del Banco Europeo de Inversiones (BEI), el poderoso brazo
financiero de los Veintiocho. Pese a que su trabajo apenas acapara la atención
de los focos, la remuneración está alineada con la que recibe un comisario con
una función mucho más visible. Su
salario ronda los 22.000 euros brutos al mes, una cifra nada descabellada
dentro de unas instituciones comunitarias, que apuestan por excelentes
retribuciones para garantizar la independencia de los altos cargos.
Álvarez desembarcó en el BEI hace casi cuatro años años.
Tras un breve paso por Bruselas como eurodiputada socialista, la exministra se
mudó rápidamente a Luxemburgo, sede central de la entidad. Su llegada a la
institución bancaria fue tan fulgurante porque España y Portugal comparten
sillón en el comité directivo, el órgano permanente que gestiona las
operaciones diarias. El representante luso abandonó el cargo y era el momento
de que un español le sustituyera. Álvarez fue la elegida por José Luis
Rodríguez Zapatero para un mandato inicial de seis ejercicios que puede
prorrogarse seis más. Al expresidente le precede cierta fama de buscar las
mejores salidas a sus antiguos colaboradores, un objetivo que el BEI cumple con
creces.
El comité directivo en el que trabaja la exministra está
compuesto por ocho vicepresidentes y un presidente. Álvarez se encarga
específicamente de apoyar el desarrollo de las redes transeuropeas de
transporte, las líneas ferroviarias de interés supranacional concebidas para
cohesionar la UE. En paralelo, supervisa la financiación de los proyectos
llegados desde España, Portugal, Ámerica Latina y Asia. Creado en 1958, el BEI
fue una de las primeras instituciones que pusieron en marcha los seis países
fundadores de la Unión. Su objetivo: reducir las diferencias entre los socios,
aunque su abanico de actividades resulta cada vez más amplio. Con un capital de
242.000 millones, otorga préstamos a pymes para innovación y en el campo de la
energía.
Antes de que el PP llegara al poder, Zapatero quiso mejorar
aún más la posición de su colaboradora. El Ejecutivo socialista intentó a
finales de 2011 que Álvarez accediera a la cúspide del BEI, pero no fue
posible. Alemania, poco dada a ocupar puestos comunitarios hasta el estallido
de la crisis, decidió que debía controlar una institución con semejante
capacidad financiera. Berlín no falló en las negociaciones con el resto de
socios y aupó a la jefatura de la entidad a Werner Hoyer, exsecretario de
Estado de Exteriores. La designación produjo controversia. El ministro de
Finanzas germano, Wolfgang Schäuble, explicó que hasta España acabó votando por
su candidato para evitar divisiones en el seno de la Unión.
Débil representación
La derrota de Álvarez evidenció la pérdida de peso español
en la cúpula de las instituciones comunes, una tendencia que se agravó a lo
largo de 2012. El golpe más duro llegó con la salida de José Manuel
González-Páramo del comité ejecutivo del Banco Central Europeo. Hasta ese
momento, España siempre había contado con un asiento en el máximo órgano de la
entidad dirigida por Mario Draghi. No hay que el olvidar que el emisor del euro
desempeña un papel clave en la crisis y su actuación ha resultado
imprescindible para calmar a los mercados. Hasta que Draghi dijo basta de
presiones, el rescate español estuvo sobre la mesa.
En el pulso que acompañó al relevo de González-Páramo, el
Gobierno de Rajoy pugnó hasta el final por obtener la recompensa de la
dirección del Mecanismo Europeo de Estabilidad, el fondo de rescate dotado con
medio billón de euros. Incluso jugó la baza de una candidata femenina
aprovechando la apuesta por la paridad de la UE. Propuso a Belén Romana, la
actual directora de Sareb, la entidad que ha aglutinado los activos tóxicos del
ladrillo. Alemania volvió a cruzarse en su camino y forzó la elección de Klaus
Regling. Desde ese momento, España no ha cesado de quejarse absteniéndose en
las votaciones para nombrar a otros cargos.
Pese a su escasa proyección pública, Álvarez es una de las
representantes españolas de mayor rango en la Unión. El principal cargo lo
ocupa Joaquín Almunia como vicepresidente de la Comisión y responsable de
Competencia. El BEI ha tomado cierto protagonismo en las últimas semanas por
las exigencias de España de reactivar el crédito a las pymes. El Gobierno ha
insistido en que la entidad resultaba fundamental para acabar con esta sequía
en la financiación, una reclamación que se ha escuchado a medias. Los socios
han aceptado que impulse sus actividades, pero sin endeudarse demasiado. De
nuevo, el sello alemán.
lasprovincias
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