La consejera de Presidencia y portavoz del Gobierno andaluz, Mar Moreno, ha querido dejar claro que es la Junta de Andalucía quien ha detectado este fraude y que el 18 de octubre se informó “de modo detallado” a la titular del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla, Mercedes Alaya, encargada de esta investigación.
Este nuevo fraude, localizado en municipios de la sierra norte de Sevilla, se centra en la figura de Guerrero, hombre de confianza de la Junta de Andalucía con tres exconsejeros de Empleo en la etapa de Manuel Chaves como presidente andaluz: Guillermo Gutiérrez, José Antonio Viera y Antonio Fernández, los dos últimos investigados por la juez Alaya.
Francisco Javier Guerrero, también imputado en la presunta trama de prejubilaciones fraudulentas detectada en numerosos expedientes de regulación de empleo (ERE) incentivados con fondos autonómicos, acaba de solicitar su incorporación al cuerpo de funcionarios de la Administración andaluza. “Esto no es una chulería, es una necesidad; mi familia, como cualquier otra, necesita ingresos para subsistir y comer todos los días. Esto hace falta en mi casa. Mi mujer se ha puesto a trabajar", declaró Guerrero en declaraciones a Europa Press, tras asegura que era “perentorio” conseguir una fuente de ingresos para salir adelante como el resto de familias.
El pasado 1 de noviembre finalizó la excedencia que, como funcionario de la Junta de Andalucía adscrito al Servicio Andaluz de Empleo (SAE), Guerrero había solicitado hace años, por lo que previamente resolvió "ejercer el derecho de reincorporación” que le asiste como miembro del cuerpo de funcionarios de la Administración autonómica. “Si no pido mi reincorporación, perdería mi condición de funcionario”, resaltó Guerrero.
Esta semana habrá más novedades del caso de los EREs falsos. La magistrada sevillana tendrá que decidir el próximo jueves si acepta la petición de la Fiscalía de imponer fianzas a los presuntos intrusos. Como ya publicó El Confidencial el pasado 27 de octubre, la Fiscalía Anticorrupción pidió a la magistrada del Juzgado de Instrucción número 6 de Sevilla que ordene fianza o embargo de bienes a todos los intrusos y personas beneficiadas de la “trama organizada” de las falsas prejubilaciones en Andalucía.
El Ministerio Público ve necesario investigar "caso por caso" las subvenciones otorgadas a ayuntamientos, empresas, asociaciones, mancomunidades y otras entidades con cargo al 'fondo de reptiles -sin reunir los "requisitos exigibles en cuanto a concesión y control del destino" de las ayudas, observa el fiscal- a fin de determinar las "razones últimas de dichos abonos, la veracidad y real existencia del fin público o no de la ayuda dada y, por ende, el destino final del dinero entregado".
fuente: elconfidencial
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