Subvenciones bajo sospecha

La Cámara de Cuentas cuestiona la política de ayudas de la Junta y detecta que dio 5 millones de euros a Delphi un año antes del cierre.
La Cámara de Cuentas de Andalucía ha dado un tirón de orejas a la Junta por el criterio utilizado en la concesión de subvenciones con cargo a un programa destinado a empresas ubicadas en las denominadas Zonas de Acción Especial (ZAE). Según las conclusiones del informe correspondiente a 2006, seis grandes empresas se llevaron el 43% de las subvenciones destinadas a pequeños y medianos negocios. Entre las compañías que acapararon estas ayudas se encuentran Airbus, la aeronáutica Casa y Delphi, ubicadas en la Bahía de Cádiz. Se da la circunstancias de que Delphi recibió la millonaria ayuda un año antes del cierre.
La Cámara recuerda que el objetivo de las ayudas a estas zonas especiales, repartidas entre Jaén, Huelva, Sevilla, Campo de Gibraltar y la Bahía no era otro que la dinamización del tejido empresarial. El decreto de 2001 determina el marco regulador de este programa, aclarando que las subvenciones son para pymes. Estas zonas fueron creadas por el propio Gobierno regional y tienen como denominador común haber sufrido crisis industriales. El fin último de los incentivos es estimular la actividad industrial y el desarrollo económico a través del apoyo a la implantación de nuevas empresas y la ampliación, renovación y consolidación de las firmas ya existentes.
La sorpresa de la Cámara ha sido mayúscula cuando ha analizado el plan de actuaciones de 2006 y ha detectado anomalías en la asignación del dinero. Ese año, la Junta recibió propuestas de inversión por valor de 1.703 millones de euros para estas zonas y concedió 109 millones en incentivos. En total se autorizaron 472 expedientes. En el ranking de grandes beneficiados con ayudas públicas destacan en la provincia de Cádiz: Airbus, Construcciones Aeronáuticas, Delphi, Intercontinental Química y Petroquímica Española. El informe del órgano fiscalizar llama la atención sobre la magnitud de estas entidades y, al mismo tiempo, sobre el importe de la ayuda recibida. El pellizco más suculento se lo llevó entonces el gigante europeo de la aeronáutica Airbus, cuya sede en Puerto Real captó algo más de 17 millones de euros.
Por su parte, Construcciones Aeronáuticas, en El Puerto, recibió casi 7 millones, mientras que la desaparecida Delphi se embolsó 5,1 millones de euros. Cabe recordar que la planta de automoción de Delphi recibió esta atractiva ayuda económica justo un año antes de cerrar y dejar en la calle a 1.600 trabajadores. Ante esta situación, la propia Cámara de Cuentas, en el capítulo de conclusiones, pone en entredicho el sistema de control de la Junta sobre las subvenciones que concede.
Otra de las grandes empresas que se llevó una importante tajada del pastel fue Petroquímica Española, en el Campo de Gibraltar, que percibió tres millones de euros.
60,7 millones en total
La provincia de Cádiz presentó ese año 188 expedientes de los 472 que recibió la Consejería. El importe que sumaban las ayudas solicitadas por las empresas gaditanas superaba los 1.086 millones de euros, pero la cuantía concedida finalmente por la Junta fue de 60,7 millones. Tal y como afirma el órgano fiscalizador: «En lo que respecta a la subvención, el 60% corresponde a cinco expedientes, que suponen el 48% de la inversión realizada en esa zona».
Entre las pequeñas empresas gaditanas agraciadas con las subvenciones destaca Artemármol de Chiclana, con 14.000 euros; Cerrajería José Román, con 15.000 euros; Colón Costa Ballena, con 627.000 euros; Desarrollos Turísticos del Sur, con 70.416; GrafisurTarifa, con 38.000 euros; y Golf Novo Sancti Petri, con 131.000, entre otros.
El informe de la Cámara alude a la existencia de expedientes que han recibido una puntuación discrecional que, en alguno de los casos, representa sólo el 46%.

Chiclana - "Rompió seis precintos y continuó con las obras pese a la orden de derribo"

Hoy se reabre el plazo para que pueda ejecutarse la sentencia de derribo que existe contra las diez viviendas ilegales construidas en la zona de Majadillas Bajas, una circunstancia que, según apuntaron ayer fuentes municipales, el constructor ya conocía en 2007, cuando las obras se encontraban en su primera fase."Ese año", resaltaron, "él ya era consciente de que no podría vender estas viviendas y que habría de restituir la legalidad (demolerlas), a pesar de lo cual prosiguió con la edificación hasta terminarla, incluyendo una calle para poder acceder a las mismas"."Fue en este mes (febrero de 2007, hace casi tres años) cuando los inspectores urbanísticos de la Gerencia de Urbanismo denunciaron la carencia de la obligada licencia de construcción de la edificación de estas casas, que se estaban levantando en una parcela de 4.700 metros cuadrados", añadieron.

Dicho desarrollo urbanístico se observa en las tres ortofotos que ayer proporcionó el Ayuntamiento, en las que, según argumentó, "se muestra el estado inicial de la parcela, sin ninguna construcción, en el año 2005; posteriormente, ya en 2007, iniciada la edificación, como se ha dicho anteriormente, se procede a la denuncia y a comunicarle al promotor que pare las obras de forma inmediata"."Además", añadieron dichas fuentes, "se da notificación al Registro de la Propiedad para que realice una anotación marginal en la inscripción registral, con el objetivo de impedir la venta de las viviendas, fin para que estaban siendo construidas y cuya continuación, por consiguiente, ya carecía de sentido".

"A pesar de todo ello, a sabiendas de que no iba a poder enajenarlas, el constructor prosiguió con sus fines especulativos, llegando a romper hasta en seis ocasiones los precintos que les fueron colocados por parte de la Administración para parar los trabajos", resaltaron."Incluso después de que el anterior alcalde y delegado de Urbanismo, Ernesto Marín y José Pedro Butrón, firmasen en septiembre de 2007 la orden de demolición", apostillaron, "el constructor, lejos de cumplirla, continuó con la edificación de las casas hasta concluirlas, en 2008.

Dado que no había llevado a cabo con su obligación de restaurar el ordenamiento urbanístico, la Gerencia, en junio de 2008, decretó la demolición subsidiaria (sería la propia Administración la que lo haría, cargando los costes sobre el promotor). Para llevar a cabo el derribo, la Gerencia pidió al Juzgado permiso para entrar en el domicilio (se trata de un paso obligado desde un punto de vista legal), el 13 de noviembre de 2008, autorización ahora concedida por el Juzgado, que ha dado como plazo máximo el 26 de diciembre de 2009 para tirar las viviendas".

Por todo ello, el gobierno municipal volvió a recalcar ayer que "el constructor conocía todos estos pasos perfectamente, a pesar de lo cual, primero, siguió con las obras, y, luego, una vez terminadas las casas, cedió algunas a sus propios familiares y alquiló otras (no informando a los inquilinos de las circunstancias en que se encontraban).

Desde el pasado 26 de octubre, además, el promotor tenía conocimiento de que la ejecución era inminente, según el plazo dado por la jueza, y que se podía producir en cualquier momento. A pesar de ello, no informó a los inquilinos.

En cuanto a la demolición de las 10 construcciones, el Ayuntamiento realizó ayer las gestiones para iniciar las labores de derribo, dado que éstas deben comenzar antes del próximo día 26 de diciembre.

En huelga de hambre para exigir a su empresa que le pague la nómina

Un vecino de Zalamea la Real (Huelva), Luis Miguel Gómez, se mantiene en huelga de hambre desde el pasado martes y encerrado en las instalaciones de la empresa Nature Pack de Minas de Riotinto (Huelva), en protesta por los cinco meses de impago al personal y el parón en la producción de la compañía.
Gómez, que recibe a diario la visita de un médico, sólo está ingiriendo bebidas isotónicas, y asegura, según han informado fuentes del Ayuntamiento de Zalamea la Real, que está dispuesto a mantener su situación "hasta las últimas consecuencias".
Entre las adhesiones que ha recibido se encuentra la del alcalde de su localidad natal, Vicente Zarza, que asegura en el 'blog' del Ayuntamiento que tras su decisión "está el intentar mantener un espíritu solidario que nos lleve, desde la concepción de comarca global, a defender con energía las reivindicaciones comunes que nos unen en este propósito que no es otro que conquistar nuestro futuro".
El trabajador se encerró en la empresa a las 17:00 horas del pasado martes, con la intención de mantener su actitud hasta que le den una solución al conflicto laboral por el que están pasando los trabajadores de Nature Pack.

La CNT de Madrid sale a la calle para denunciar la falta de libertad sindical en Alemania

Este sábado 19 de diciembre, y pese a la premura de la convocatoria, decenas de afiliados a la CNT madrileña se han concentrado ante el Instituto de Cultura y la embajada alemana para denunciar la situación de acoso contra los trabajadores y trabajadoras de la FAU-AIT.
Como respuesta a la llamada internacional de solidaridad de la FAU-AIT, que había preparado un acto urgente el día 19 en Berlín para denunciar la sentencia que les prohíbe ejercer la labor sindical bajo fuertes penas económicas, el sindicato de Artes Gráficas, Comunicación y Espectáculos convocaba al resto de la Federación Local de Madrid de CNT a concentrarse frente a ambos organismos y demostrar así que la solidaridad no conoce fronteras para los miembros de la internacional, AIT.
Pese al frío gélido que les ha acompañado toda la mañana, los congregados han estado más de hora y media a las puertas del organismo cultural primero y de la embajada más tarde, denunciando la falta de libertad sindical en Alemania e informando a viandantes y personal de la entidad acerca del conflicto laboral y la sentencia que el pasado 11 de diciembre prohibió a la FAU cualquier actividad sindical, lo que en la práctica supone su ilegalización como asociación de trabajadores y trabajadoras. Esto no pasaba en Alemania desde 1933, cuando estaba en el poder un tal Adolf Hitler y se ponían en práctica las leyes de excepción nazis.
La sentencia se enmarca dentro del conflicto laboral que han mantenido los trabajadores de la empresa cinematográfica Babylon afiliados a la FAU. Este conflicto ha puesto de manifiesto que en Alemania existe una alternativa sindical al sindicalismo de Estado. Por ello, los jueces, aliados con el sindicato oficial y ciertos partidos políticos, han decidido eliminar a la molesta organización anarcosindical con una sentencia que puede crear jurisprudencia. De nada ha servido que FAU fuera el sindicato mayoritario en Babylon; en un ejercicio de sonrojante parcialidad, la justicia ha tomado partido por la patronal en su deseo de concederle la exclusividad de la negociación al oficial Ver.di, sindicato sin práctica implantación en la empresa, pero eso sí, más docil a las pretensiones de la dirección.
La situación alemana lamentablemente nos recuerda a los oscuros años del franquismo en España cuando los trabajadores debíamos afiliarnos obligatoriamente al sindicato vertical y cualquier intento de autoorganización obrera, o incluso el mero llamamiento a la libertad sindical, eran reprimidos sin miramientos.
La FAU está respondiendo en la calle y en los tribunales a la sentencia, y desde la Federación Local de Madrid vamos a apoyarla en todo lo necesario frente a un Estado que se llama "democrático" pero que no respeta ni las mínimas libertades que sobre el papel recoge su Constitución.

Descubren una cámara oculta en el Ayuntamiento del Coronil que atribuyen a IU

Técnicos municipales han descubierto en el Ayuntamiento de El Coronil (Sevilla) una minúscula cámara web inalámbrica conectada a la red eléctrica que habría sido colocada en el anterior mandato, cuando gobernaba IU, cuyas oficinas municipales están justo encima de donde se ha localizado.La Guardia Civil, tras ser informada de este hecho, se ha llevado la cámara y prevé en los próximos días nuevas actuaciones, entre ellas un rastreo en todas las dependencias municipales así como las posibles conexiones que esta cámara pudiera tener con algún terminal próximo.El alcalde, Jerónimo Guerrero, del PSOE, confirmó a Efe el hallazgo de la cámara y recordó que hace un año se realizaron y grabaron escuchas telefónicas "ilegales" suyas que se publicaron en una asamblea de IU, lo que denunció en los juzgados.La cámara fue localizada el jueves 17 de diciembre entre los muebles de una de las oficinas mientras técnicos municipales renovaban el cableado de voz y datos en dependencias del Ayuntamiento.El regidor agregó que "esto es un intolerable atropello a la libertad e intimidad de las personas y, en este caso, de los trabajadores municipales durante anteriores equipos de gobierno", y lo consideró "un nuevo ejemplo del poco respeto que algunos han tenido por los trabajadores de este Ayuntamiento".Tras encontrar la cámara, el alcalde se reunió con los empleados municipales, algunos de los cuales recordaron que en el año 2006, componentes del equipo de gobierno de IU le "insinuaron" que se estaban haciendo grabaciones a trabajadores, cuestión que corroboraron otros funcionarios del Ayuntamiento, según el alcalde.

fuente: Andalucia Informacion

Finalizado satisfactoriamente conflicto con Mercadona en Lucena - Córdoba

Tras el anuncio de movilizaciones de CNT Córdoba en relación a la negativa de Mercadona Lucena a reincorporar a la compañera, la empresa ha cambiado de postura y ha accedido a iniciar negociaciones para alcanzar una acuerdo, lo que ha motivado la suspensión de la concentración en Lucena prevista para el martes 22 de Diciembre.
En breve informaremos más detalladamente de la solución a este conflicto, que pone de nuevo de manifiesto la importancia para los trabajadores de Mercadona de organizarse en la CNT y de luchar por sus derechos y debe animarnos en la lucha por la solución del resto de conflictos abiertos con Mercadona (Sagunto, Viladecamps, Chiclana, San Fernando, ...)
Cada victoria parcial contra Mercadona es una victoria de toda la CNT, porque es el resultado de años de lucha acumulada, que hacen que esta empresa conozca el coste de enfrentarse con la CNT.

La alcaldesa de Jerez cobra más que el presidente de la Junta, según el PSA

El PSA ha recurrido a los datos del Presupuesto Municipal del 2009 para denunciar que la alcaldesa de Jerez cobra más que el presidente de la Junta de Andalucía. Según explicaron a través de un comunicado, «los datos facilitados por Pilar Sánchez sobre su sueldo no son correctos. No ha tenido en cuenta lo que percibe por su antigüedad. En total su nómina ronda los 95.000 euros al año, y ahora con la reducción del 10%, que dijo que acometería para el mes de noviembre y todavía no ha sido así, cobrará unos 86.500 euros, más que el presidente de la Junta de Andalucía», dijo el secretario local del PSA, Santiago Casal. «Le invitamos a que presente su declaración de la renta, a ver quién dice la verdad, si el PSA o ella», continuó.
«Cuando 30.000 jerezanos carecen de un empleo y la inmensa mayoría de los trabajadores perciben apenas 1.000 euros al mes, no es honesto que una alcaldesa junto con su marido cobren del dinero de todos los jerezanos: 150.000 euros al año», continuó el responsable, que arremetió además contra el número de asesores que tiene actualmente el gobierno municipal. «Dispone de 24 asesores, y no sólo de 19 como había dicho. Miente más de lo que habla. Además, el PSA asegura que muchos de ellos «están relacionados familiarmente con ella».
Presionada por la opinión pública y por el PSOE a nivel estatal se ha visto obligada a renunciar «al gasto millonario e innecesario en asesoramiento municipal». En este sentido, unos 4.500 jerezanos han respaldado con su firma la propuesta del PSA «de la reducción de sueldos en el Gobierno, asesores, altos cargos y concejales liberados; así como del número de asesores, hasta un total de cuatro». Igualmente, «las encuestas publicadas recientemente la consideraban entre los políticos menos honestos». Y es que «chirría a los ciudadanos que se les venda un discurso de austeridad al tiempo que los hechos revelan que esta alcaldesa se gasta al año más de dos millones y medio de euros en asesores».

"El promotor alquiló las viviendas a sabiendas de la sentencia de derribo"

El Ayuntamiento señaló ayer que el promotor que construyó las diez casas para su venta en la zona de Majadillas Bajas que cuentan con una orden judicial para su derribo "tenía orden de tirarlas desde el pasado 6 de septiembre de 2007, esto es, hace más de dos años, cuando aún era alcalde Ernesto Marín y delegado de Urbanismo José Pedro Butrón"."El proceso", añadió, "prosiguió, por cuanto el promotor, que llevó a cabo una parcelación ilegal con fines especulativos, incumplió la orden. Hace algo más de un año, en junio de 2008, con los mismos gobernantes anteriormente señalados, el Ayuntamiento pasó a tener la responsabilidad de derribar subsidiariamente las casas. La actuación no se ha podido hacer hasta ahora, ya con el nuevo gobierno, cuando el Juzgado autorizó el 26 de octubre la entrada en el domicilio, dando al Ayuntamiento un periodo de dos meses para actuar".

"El promotor", recalcó, "conocía perfectamente todos estos plazos y fechas y que la orden de demolición es de obligado cumplimiento".

Asimismo, destacó que, "ante esta situación y para frenar la decisión judicial, en las últimas semanas el promotor alquiló a sus propios familiares y otras personas las casas, para que éstas se encontrasen habitadas cuando llegase el momento del derribo, algo que ocurrió el pasado viernes. Los alquilados que no tienen relación familiar con el promotor se vieron sorprendidos al no haber sido informados por el promotor de que las casas que les habían alquilados tenían una inminente orden de demolición, produciéndose el viernes escenas de tensión y el abandono de las viviendas por parte de algunos de ellos que no querían verse implicados en una situación que desconocían; estas personas increparon en el mismo lugar de los hechos al promotor por haberles engañado".

Por otra parte, el equipo de gobierno recordó que, "esta no es la primera actuación ilegal de este promotor, puesto que existe una diligencia abierta contra el administrador de la empresa promotora, Prefabricados Medina; además, también la hay contra un arquitecto vinculado a la operación Obra Nueva por un presunto delito de falsedad documental".

El Ayuntamiento sigue obligado a demoler las casas, algo que hará durante los próximos días, al permanecer vigente la orden judicial.

San Fernando - Los vecinos de Luis Berenguer, hartos de estar con el agua al cuello

Las inundaciones que sufre la ciudad ha vuelto a llevar a los vecinos a protestar ante los responsables políticos. Ayer fue el turno de los de Luis Berenguer que llevaron hasta el pleno sus quejas a pesar de que en el orden del día no había ningún punto sobre el asunto.
El temor a que se vuelvan a repetir situaciones como las sufridas con las últimas lluvias les ha hecho protestar de forma pública para exigir medidas urgentes. Y es que el año pasado perdieron hasta 14 vehículos que quedaron inutilizados por el agua y todos los enseres que guardaban en sus trasteros. Desde ese día, la situación ha vuelto a repetirse cada vez que las precipitaciones son más intensas. Por este motivo, ayer se presentaron en el salón plenario y, durante toda la sesión mostraron carteles con las fotos de los viarios y coches inundados en el que rezaba: «¿vuestra calle no se inunda, ¿verdad?».
Al termino de la sesión todos se pusieron en pie sujetando una pancarta en la que decían: «solución a las inundaciones, ya». La protesta no fue a más ya que el alcalde, Manuel María de Bernardo, no dudó en acercarse al grupo de manifestantes para escuchar lo que tenían que decirle. El regidor les aseguró que estaban trabajando en solucionar con celeridad el problema que padecen.
Por su parte, los vecinos solicitaron que se agilicen las obras del colector de Constitución que desde hace un año se están realizando en la zona, y que estuvieron paralizadas por los problemas económicos de la empresa adjudicataria. «Ahora, han empezado a meter las tuberías pero hay sólo tres operarios trabajando cuando estas obras eran urgentes», explicó José Antonio Pallán, presidente de la comunidad de vecinos.
«Es una piscina»
Además, explicaron que según los datos de estudio privado realizado por los vecinos, el Campo de Fútbol Gómez Castro y la plaza Quintín Doblegas, se construyeron posteriormente con una cota más alta que los pisos, formando «una piscina» cuando llueve. «Creemos que las obras que están haciendo de las tuberías podrían ser insuficientes para que la zona no se inunde», aseguró Ángel González. Por ello han vuelto a reiterar la petición de obtener los planos del alcantarillado y de orografía para completar el estudio que están realizando y buscar una solución que no ha sido planteada por los técnicos municipales. En esta caso, estarían hablando de una obra de mayor envergadura que solucionaría la diferencia de cota que por el momento, se habría parcheado con la construcción de un pequeño muro en la plazoleta.
El alcalde isleño se comprometió con los vecinos a facilitarles la documentación requerida y a gestionar la protesta de los afectados.

La jueza pide a la alcaldesa los contratos de los asesores tras la querella de Pacheco

Al pulso político que mantienen el gobierno socialista y la oposición por el tema de los asesores -la propia alcaldesa anunció el jueves que habrá una reducción «notable»- hay que sumar el enfrentamiento judicial que mantienen Pilar Sánchez y el ex alcalde Pedro Pacheco por este asunto. Batalla que inició la regidora -cumpliendo un compromiso suyo de que denunciaría todas las irregularidades que encontrara en el Ayuntamiento-, pero que ha escrito un nuevo capítulo en su contra.
La jueza ha decidido ahora investigar la contratación de los asesores de la primera edil, tal y como pedía Pacheco en la querella interpuesta contra ella recientemente por los presuntos delitos «continuados en el tiempo de prevaricación, nombramiento ilegal, falsedad en documento público, malversación y tráfico de influencia».
Según explicó a LA VOZ el abogado defensor de Pacheco, Felipe Meléndez, la titular del juzgado ha dictado providencia según la cual, a la vista de la querella presentada, «se tiene» al ex líder andalucista como acusador particular y se acepta el traslado de la misma al fiscal. Pero lo más importante, según Meléndez, es que se ha acordado «practicar la prueba documental que se pedía, relativa a los documentos sobre los contratos de los trabajadores» aludidos en la demanda de Pacheco. No hay que olvidar que, en su escrito, el ex alcalde solicitaba una serie de pruebas que certificaran los ingresos económicos, nivel laboral, lugar de puesto de trabajo, formación académica y efectiva labor que desempeña cada una de estas personas.
Los supuestos contratos ilegales a los que alude el ex líder andalucista son un total de 45 y afectan a 40 personas, por lo que la defensa de Pacheco ha pedido que todos sean llamados a declarar como testigos. Algo que está por ver si también recibe respuesta positiva.
Precisamente hace un par de días, la alcaldesa anunció que habrá una disminución «notable» de 19 asesores, mientras que desde el PP le han pedido que esta sea «sobresaliente» y de «matrícula de honor», es decir, que «acabe con todos porque son políticos, no jurídicos, y la mayoría vienen de la corte de Pilar Sánchez, con lo que su credibilidad es cero».
Respecto a la denuncia de Pedro Pacheco, como se recordará, éste sostiene que Pilar Sánchez, «prevaliéndose de su cargo de alcaldesa, trazó un plan de contratación de asesores y cargos de responsabilidad» con muy elevadas retribuciones económicas, «sin apoyo legal alguno y quebrando los principios de transparencia, legalidad y concurso público». En el escrito también se deja claro que los contratos que ahora la jueza ha decidido investigar se llevaron a cabo «basándose en relaciones personales».
Al hilo de este nuevo paso en relación con la querella de Pacheco, el gobierno local aseguró ayer «no tener constancia alguna acerca de la admisión a trámite o no» de la misma. Fuentes del gobierno subrayaron que «en cualquier caso, dicha admisión sería el trámite legal lógico en todos aquellos casos en los que la autoridad judicial se enfrenta a una denuncia presentada por cualquier ciudadano, ya que lo que se abriría ahora es una fase de reclamación de información».
De acusado a acusador
Dicho paso no supondría «en ningún caso que el contenido de la misma sea siquiera verosímil, ni que el autor no haya podido tergiversar hechos para dar una interesada apariencia de criminalidad». Las mismas fuentes subrayan que la querella «forma parte de una estrategia de defensa (tratando de ocultar su condición de acusado y aparentando ser el acusador), en un proceso impulsado por Anticorrupción en relación al cual hay un solo imputado, como es Pedro Pacheco».
El Ayuntamiento de Jerez está «plenamente abierto a satisfacer todas las solicitudes de información que se le realicen desde cualquier instancia judicial; en este caso concreto, además, desde la más absoluta seguridad de que no se ha cometido irregularidad alguna».

Doscientas personas logran paralizar el derribo de diez casas ilegales en Chiclana

Lo consiguieron, al menos de momento. Unas 200 personas, la mayoría familiares y amigos de los promotores de los inmuebles, lograron ayer paralizar el derribo de las diez viviendas unifamiliares de la calle Reina Isabel de Portugal, en la zona de Majadillas Bajas de Chiclana, que el Ayuntamiento tenía previsto demoler de forma subsidiaria tras dictar orden de derribo el juzgado de lo Contencioso-Administrativo número 3 de Cádiz.
Con dicha orden judicial en la mano, el Ayuntamiento chiclanero había contratado días atrás a la empresa Derribos Aragón para reducir a escombros los diez inmuebles, todos ellos levantados de forma sin licencia hace tres años, y que cuentan con dictamen judicial firme con fecha desde septiembre de 2007.
Sin embargo, y debido a la enorme presión de los propietarios y su entorno, las autoridades municipales se vieron obligadas hasta en dos ocasiones ayer a abortar estos trabajos. La primera intentona tuvo lugar a las 8 de la mañana, después de que un fax de la empresa encargada de ejecutarlo alertara de que no tenía en su poder toda la documentación del informe de seguridad.
Una veintena de agentes de la Policía Local de Chiclana y tres dotaciones de la Guardia Civil abandonaban el lugar con las primeras luces del alba. La familia Tocino, promotora de estos inmuebles y muy conocida en la ciudad por su actividad hostelera e inmobiliaria, decidía mantenerse en guardia en sus domicilios «por si vuelven» y celebraba su 'primera victoria' ante el derribo.
Pero, no sabían que lo peor estaba por venir. Tras toda la mañana en medio de una gran tensión, gritos desesperados y llamadas de teléfono y trabajo a destajo de los técnicos municipales de la GMU, el Consistorio anunciaba que a las cuatro de la tarde las viviendas serían demolidas de una vez por todas. Ocho coches-patrulla con más de una veintena de agentes de Policía Local a bordo, la grúa municipal para retirar los vehículos que obstaculizaban a las excavadoras, y dos dotaciones de la Guardia Civil tomaban la calle donde se ubican las unifamiliares.
Aplausos
Los ánimos estaban muy encendidos. En medio de ataques de ansiedad, y algún sabotaje a los vehículos policiales (pinchazo de ruedas), los promotores y docenas de propietarios de inmuebles irregulares de otras zonas de Chiclana que se sumaron a la causa consiguieron paralizar nuevamente el derribo.
Un minuto antes de las cinco de la tarde los mandos de la Policía Local y los técnicos de Derribos Aragón aseguraban a este medio que no se reunían «las condiciones óptimas de seguridad para ejecutar la actuación», y comenzaban su segunda retirada del día en medio de los aplausos y vítores de los indignados vecinos ante los medios gráficos.
Nuevamente los propietarios habían ganado la batalla, y al menos hasta el lunes, sus casas seguirán en pie aunque con la picota amenazándoles de cerca. De hecho, está previsto que tras el fin de semana la maquinaria pesada vuelva a la zona y reduzca a escombros, como mandó en su día el juzgado, las diez unifamiliares de la familia Tocino. El particular balance de heridos de esta peculiar 'batalla' fueron las cuatro intervenciones de emergencia de los servicios sanitarios, que tuvieron trasladar con crisis de ansiedad a un centro hospitalario a la hija de uno de los propietarios. Éstos, en su gran mayoría familia y amigos de 'el pelón', como es conocido el patriarca de la misma, Antonio Tocino Verdugo, no hicieron caso a los seis precintos que Urbanismo realizó a las obras de sus viviendas entre febrero de 2007 y agosto de 2008.
Los inmuebles, todos idénticos y que forman una calle privada, cuentan con 100 metros cuadrados de superficie y se ubican en parcelas de 400 metros2 con jardín y barbacoa.

Conflicto con Mercadona en Lucena - Córdoba

La CNT de Córdoba ha iniciado un conflicto con Mercadona por la no reincorporación a su trabajo de una trabajadora en excedencia. La compañera trabajadora del Mercadona de Lucena exige ser reincorporada en su puesto y CNT entiende que su no incorporación por parte de Mercadona, no es más que una práctica laboral repetitiva por parte de Mercadona, que no busca sino deshacerse de los trabajadores con más antigüedad.
Dentro de este conflicto la CNT de Córdoba ha convocado par el próximo martes 22 de diciembre a las 19 horas en las puertas de la tienda en la que trabajaba al compañera en Lucena. EN solidaridad con la compañera y con el resto de compañeros en conflicto con Mercadona en otras localidades.
Así mismo se ha convocado una rueda de prensa el día anterior , lunes , para informar a los medios locales de Lucena de las prácticas laborales de esta empresa.

El juez embarga un barco de los astilleros de Huelva

El Juzgado de lo Mercantil de Huelva notificó ayer a la Autoridad Portuaria de la capital onubense, con carácter urgente, el embargo del buque Odoardo Amoretti, construido por la empresa Astilleros de Huelva, debido a la deuda de más de un millón de euros contraída con la firma escocesa Environmental Processes (EP) desde 2008. El bufete legal que representa a la firma, RCD Asesores legales y tributarios, solicitó la medida alegando que EP fabricó a medida unas plantas medioambientales de tratamiento de aguas residuales para dos barcos de Astilleros que siguen pendientes de pago. El auto señala que el buque, el único listo de entrega, "debe quedar inmovilizado y retenido hasta nuevo aviso".

Por otro lado, el consejo de administración de Astilleros de Sevilla aprobó ayer por cuatro votos a uno, suscribir la hoja de ruta propuesta por la Junta para reflotar la compañía. Votaron a favor los dos representantes de Astilleros de Huelva (80%) y los dos representantes sindicales. En contra, el representante de Contenemar, propietario del 20%.

fuente: el pais

El ex alcalde de Llíber, implicado en otro escándalo urbanístico

El fiscal de Medio Ambiente solicita un año y medio de cárcel al ex alcalde de Llíber José Mas, del PP, por un delito de prevaricación derivado de la concesión de 24 licencias para construir otros tantos chalés en suelo rústico. Este escándalo urbanístico, pendiente del juicio en un Juzgado de Lo Penal de Benidorm, es anterior a la investigación judicial que motivó el encarcelamiento del ex regidor el pasado miércoles por avalar otros 300 chalés ilegales a cambio de regalos y dinero. Mas autorizó las licencias ilegales entre 1999 y 2003.

La investigación de los dos casos partió de denuncias de particulares
El actual regidor asegura que tuvo amenazas por frenar casas ilegales
La investigación de ambos casos arrancó a raíz de denuncias de particulares. En el proceso por las 24 licencias, además de José Mas también están acusados el ex aparejador municipal y el por entonces edil de Urbanismo, ya fallecido, del PP. El aparejador, igualmente en prisión por el segundo sumario, se enfrenta a la misma pena de un año y medio de cárcel.
La magistrada de la trama de los 300 chalés imputa a Mas los delitos de cohecho, estafa, contra la ordenación del territorio y prevaricación. Fuentes del caso aseguran que el ex regidor avaló las construcciones ilegales a cambio de regalos y dinero de los promotores de las casas.
En el apartado de las dádivas, el ex regidor habría recibido un lujoso turismo (un Mercedes) por parte de uno de los promotores, "aunque el cohecho en este caso va mucho más allá de esos regalos", precisaron esas fuentes del caso. En su declaración ante la juez, José Mas rechazó esas acusaciones y mantuvo que el coche lo pagó de su bolsillo.
Aparte del ex alcalde José Mas y el aparejador municipal, por el sumario de los 300 chalés los agentes de la Brigada de Delitos Urbanísticos de la Guardia Civil arrestaron a otras cinco personas (constructores y promotores). Los guardias dejaron en libertad a dos de los detenidos antes de ponerlos a disposición judicial por motivos "personales y de salud", señalan fuentes del caso. Mientras, la juez ordenó el encarcelamiento del ex alcalde, el aparejador y el promotor cabecilla de la trama y dejó en libertad con cargos a los otros dos constructores.
Por su supuesta implicación en estos hechos, la Guardia Civil interrogó el miércoles al actual alcalde de Llíber, el socialista Juan Bautista Reus, y a otros cuatro concejales. Estos últimos deberán comparecer ante la juez imputados por prevaricación, siempre según las mismas fuentes.
La investigación policial sospecha que el actual alcalde de Llíber, el socialista Juan Bautista Reus, el hoy edil de Urbanismo y otros dos regidores del PP podrían haber incurrido en un presunto delito de prevaricación. Los cinco, ediles en el mandato entre 1999 y 2003, votaron a favor de algunas de las licencias que les propuso el ex alcalde popular José Mas. Los permisos permitieron la construcción de viviendas en parcelas de menos de 5.000 metros cuadrados, muchas veces con licencias para restaurar ruinas o instalar almacenes.
No obstante, la Guardia Civil no equipara su comportamiento al de José Mas, debido a que éste no había delegado en el pleno la facultad de conceder permisos urbanísticos. Ayer, Reus declaró estar muy "tranquilo" por esa acusación, dijo que en ningún momento fue cómplice de Mas y añadió: "Cuando ganamos las elecciones intentamos paralizar aquellas construcciones, por lo que recibimos amenazas, presiones y difamaciones, hasta el punto de que a mi primer teniente de alcalde le acusaron de violar a sus hijas, cuando él tiene hijos".
Es más, el actual alcalde socialista aseguró que desde que accedió al cargo en 2003 ya sabía que se había abierto una investigación sobre la gestión de su antecesor: "El primer día que llegué al Ayuntamiento ya estaba esperándome la policía para investigar la trama". "Hicimos lo que pudimos para colaborar, aunque es verdad que no pudimos parar todo lo que hizo el PP y que cometimos algunos errores, pero fue sin mala intención y yo no me llevé ningún dinero al bolsillo" añadió Reus.
El alcalde también reveló que los populares, antes de perder las elecciones, esbozaron un concierto previo que recalificaba no aquellos terrenos rústicos donde ya se había construido sino suelo aún virgen donde tenían interés los promotores ahora encausados. De cara al futuro, el actual gobierno del PSPV planifica un nuevo Plan General de Ordenación Urbana (PGOU) del municipio para legalizar la mayor parte de las viviendas -"ya que las personas que compraron de buena fe no tienen culpa de lo que ha pasado"-, si bien Reus no descartó la demolición de algunas de ellas.
Parte de esas viviendas ilegales ni siquiera tienen luz y agua y en una zona de 70 casas impulsada por de uno de los promotores implicados en la trama los propietarios se ven obligados a funcionar con placas solares.

fuente: el pais

Un ecologista español se cuela en la cena de gala de Copenhague

El director ejecutivo de Greenpeace España, Juan López de Uralde, ha intentado colarse este jueves por la noche en la cena de gala de los Jefes de Estado y de Gobierno de la Cumbre del Clima que se celebra en Copenhague. Vestido con traje y pajarita, y acompañado con otra activista con un traje rojo, el dirigente ecologista ha sido interceptado por agentes de seguridad cuando intentaba entrar en la cena que ofrecía la Reina en el Parlamento de Dinamarca.

Las imágenes captadas por la televisión muestran a López de Uralde enseñando una pancarta con el lema "Los políticos hablan, los líderes actúan", justo cuando es agarrado por los miembros de seguridad. Greenpeace Internacional piensa que el ecologista ha sido detenido por la Policía. Este diario intentó sin éxito contactar con López de Uralde.
"Tenemos sólo 24 horas para sacar el mundo del borde del caos climático. Mientras los líderes mundiales cenan, el destino de cientos de millones de personas y de innumerables especies está en juego", ha comentado Melanie Francis, activista de la organización ecologista.

Condenan a cuatro años y medio de cárcel a Vicens un día después de aprobar las cuentas

La Sala de lo Civil y Penal del Tribunal Superior de Justicia de Baleares ha condenado al diputado del Grupo Mixto Bartomeu Vicens a cuatro años y medio de prisión por los delitos de prevaricación y malversación de fondos públicos a raíz del pago de de 12.020 euros públicos a su contable, Tomás Martín, para elaborar un estudio sobre el valor del suelo a cambio y que fue plagiado íntegramente de Internet.
La sentencia obliga además a ocho años de inhabilitación absoluta a Vicens, cuatro al ex director de Territorio y año y medio para el contable. Los acusados deberán hacerse cargo también de las costas procesales.
La sentencia se conoce precisamente un día después de que el Pacte de Govern, que tiene tan sólo un voto más que el PP en el Parlament, aprobase los Presupuestos de la Comunidad con el voto del diputado condenado y ex conseller de Territorio.
El caso, una pieza separada dentro de Son Oms, llevó a Vicens y al ex secretario general de UM y ex director general de Territorio, Damià Nicolau, que a su vez ha sido condenado a dos años y tres meses de cárcel, al banquillo de los acusados.
Tras conocer su sentencia el diputado ha manifestado en el Parlament que no tiene "previsto dimitir" y que "cabe el recurso al Tribunal Supremo", que es su siguiente paso.
Vicens fue suspendido de militancia de UM cuando el juez que instruye el caso Son Oms decretó prisión bajo fianza de 100.000 euros para él, si bien éste mantiene su escaño en la Cámara.
Detalles de la sentencia
El TSJIB considera probado que Vicens encomendó un estudio "de nulo valor para la Administración" a Martín, pagado con fondos públicos, "deseoso" de agradecerle los servicios que le prestaba como contable y aprovechando su condición de conseller insular de Territorio de Mallorca.
El Tribunal reconoce asimismo que Martín se mostró "reticente" al principio a la hora de aceptar el encargo, pero que Vicens le dijo que no se preocupara, que podría hacerlo consultado simplemente unas direcciones de Internet que se le facilitaron.
La sentencia admite que el que entonces era director insular de Ordenación del Territorio, Damià Nicolau, aún consciente de que el informe era innecesario, aceptó intervenir en el expediente de contratación menor y que se abonaron a Martín 10.465,90 euros por el "Estudio sobre el valor del suelo en la isla de Mallorca".
El informe consta de 17 páginas cuyo contenido "íntegro copió (Martín) de las dos o tres páginas web que le habían proporcionado a instancias del señor Vicens" y fue traducido al catalán mediante un programa informático, detalla en la sentencia el TSJIB.
El estudio realizado por Martín solo fue leído por Vicens y Nicolau, no por los técnicos y el personal de la Conselleria, y ninguno de los dos condenados puso pegas al trabajo, que el TSJIB considera una "artimaña" de Vicens para gratificar a su contable, según infirma Efe.
Al abrirse la investigación del caso, antes de declarar por primera vez ante el juez, Tomás Martín compareció voluntariamente ante el magistrado instructor para reconocer la realidad de los hechos y, acto seguido, ingresar al TSJIB en concepto de "reparación del daño" los 12.020 euros que recibió por el informe.
El TSJIB señala que si bien la declaración de Tomás Martín tiene un peso "sensible" en las pruebas de cargo que avalan la condena, "en absoluto es la única", pues existen otras muchas que la confirman.
Entre ellas, el TSJIB señala el hecho de que el informe se encargara escasos meses antes de las elecciones municipales y autonómicas, el que el autor tuviera pocos o nulos conocimientos sobre la materia que versaba el estudio y que el documento está lleno de "generalidades e imprecisiones", entre otras.

Altadis despide hoy a 137 trabajadores y se queda sólo con 67 y una única planta en Cadiz

Altadis consuma hoy en Cádiz el Expediente de Regulación de Empleo que puso en marcha tras ser absorbida por la multinacional inglesa Imperial Tobacco. La planta gaditana pierde a la segunda remesa de compañeros afectados por el plan industrial que la compañía británica acordó con los sindicatos el pasado mes de marzo. Los primeros 53 salieron en junio y ahora toca a otros 137. En total, 190 trabajadores expulsados del mercado laboral con 51 y 52 años -según el grupo de actividad, técnicos administrativos u operarios- y que pasan a engrosar la larga factura de prejubilados del Instituto Nacional de la Seguridad Social en la provincia.Es el sexto ERE. Media docena de reestructuraciones, una cada tres o cuatro años. Sin tiempo para respirar, el complejo tabaquero ha sido cercenado sucesivamente hasta quedarse con sólo 88 almas, 21 de ellas suspendidas en una especie de limbo temporal durante seis meses, el periodo suficiente para alcanzar la edad de corte de la reestructuración y seguir el mismo camino que sus compañeros. Mientras tanto, serán los encargados de recoger las cenizas ayudando en el desmantelamiento de la Planta de Preparación de Ligas (PPL), la segunda línea de producción que cerrará este año tras la de procesamiento de tabaco reconstituido. Además, otros tres empleados pertenecientes a la sección administrativa han optado por el traslado a la fábrica de Logroño, potenciada en esta última reestructuración al absorber la producción de cigarrillos de Alicante -que dejará de funcionar también este mismo año-. Son los únicos que, por su menor edad, no entraban en el ERE de Imperial Tobacco y la movilidad geográfica era su única alternativa al despido, según explicó el delegado estatal de CCOO en Altadis, el gaditano Manuel Pérez.El Centro Industrial Tabaquero de Cádiz, heredero de una tradición de dos siglos y medio -el primer registro es de 1741-, se quedará así el próximo año con sólo 67 trabajadores y una única línea de producción, la de tabaco expandido, dedicada a dar mayor volumen al producto. Además, Imperial Tobacco mantiene, por supuesto, los almacenes, de más de 38.500 metros cuadrados, pertenecientes al recinto interior Zona Franca y beneficiados, por lo tanto, por rebajas arancelarias. Paradójicamente, o más bien representativamente, estos depósitos, y los de Puntales pertenecientes a Logista -cedidos a la ciudad- han tenido una intensa actividad en los últimos meses, según describió el delegado de CCOO, ya que la compañía utiliza estos almacenes para un "juego logístico" de concentración y redistribución a otros centros tanto nacionales (Logroño) como internacionales (Francia).La organización carece además de capacidad comercial y conlleva un nivel de gestión mínimo. Atrás, muy atrás, queda la administración de un complejo que entró en funcionamiento en el año 1989 con 1.157 personas y cuatro centros: la fábrica de cigarros (cerrada en 2005) y tres plantas de preparación de ligas y procesamiento de tabaco reconstituido y expandido. Sólo ha sobrevivido la última y funcionará a tres turnos, por lo que en la factoría difícilmente coincidirán más de 25 personas. Un paraíso excesivo en una ciudad como Cádiz.

Diez viviendas ilegales serán derribadas hoy de una sóla tacada por orden judicial

La picota volverá hoy a hacer su trabajo. A partir de las 8 de la mañana está previsto que la empresa Derribos Aragón, contratada de forma subsidiaria por el Ayuntamiento acatando una orden judicial, inicie las labores de derribo de una decena de viviendas construidas sin licencia en el extrarradio chiclanero.
Las diez viviendas caerán de una sóla tacada. Todas pertenecen a una misma promoción inmobiliaria, levantada hace algo menos de tres años en la zona conocida como Majadillas Bajas de la ciudad, a pocos metros del IES Fernando Quiñones.
Se da la circunstancia de que algunas de estas viviendas están en estos momentos ocupadas por sus propietarios, que según ha podido saber este medio, son familiares del constructor que las levantó en plena época del 'boom' del ladrillo en la ciudad.
Estos derribos tienen una larga historia tras de sí. El procedimiento empezó hace años con una denuncia por parte de los técnicos de la Gerencia de Urbanismo, que les incoaron expediente tras descubrir que se estaban construyendo sin ningún tipo de permisos. A partir de ahí el proceso llegó al juzgado, que ordenó su derribo al promotor de las mismas, algo que éste no llevo a cabo. Meses después ha sido el propio juzgado el que ha conminado al Ayuntamiento de Chiclana a que ejecute de forma subsidiaria las demoliciones de la decena de viviendas, que es precisamente lo que ocurrirá en la mañana de hoy.
La promoción que será reducida a escombros se encuentra ubicada en suelo calificado como urbanizable no sectorizado, y tiene orden firmada de derribo a fecha de septiembre de 2008, durante la etapa del anterior Gobierno municipal cuatripartito.
Está previsto que a la zona se desplacen varias dotaciones de la Guardia Civil y distintos técnicos de la GMU y del juzgado, a efectos de controlar las posibles situaciones de tensión que pudieran producirse durante los trabajos, y para confirmar que en efecto éstos se realizan íntegramente.
Los encargados
La maquinaria y operarios de la empresa especializada Derribos Aragón será la encargada de ejecutar los trabajos, tras haber sido contratada por el Consistorio. Este derribo masivo, el más importante en cuanto a número y repercusión de cuantos se han llevado a cabo hasta el momento en la ciudad, supondrá el tercero que se realiza en el término municipal chiclanero este año 2009.
El primero de ellos tuvo lugar el pasado mes de marzo, cuando en circunstancias parecidas la administración local ordenó la demolición de una vivienda en Majada de los Chivos, cerca de la zona de Bateria Colorá. La vivienda en cuestión, una unifamiliar construida en 2006 y expedientada ese mismo año, era propiedad de una familia de Medina Sidonia.
La segunda de las ejecuciones contra viviendas edificadas al margen del control urbanístico en Chiclana se realizó el pasado mes de noviembre. En este caso la vivienda arrastraba un expediente de derribo desde hacía varios años, y era propiedad de una mujer alemana fallecida en 2008.
Tras llegar a un acuerdo con la autoridad judicial y el Ayuntamiento, fueron los propios familiares de ésta quienes llevaron a cabo el derribo, sufragando su coste.
En ambos casos, de características muy distintas, no se produjeron incidentes ni antes ni durante el proceso de demolición controlada, pese la gran tensión que sobre todo en el primero de ellos había al tratarse la casa del domicilio habitual del hijo del dueño.
Cabe recordar que en Chiclana existen 15.000 viviendas irregulares, la mayoría de las cuales podrán ser legalizadas en los próximos años. Sin embargo, 2.292 de esas casas construidas, según Urbanismo, están en suelo no urbanizable y corren un riesgo real de ser derribadas.

fuente: La Voz

Conflicto con Mercadona en Chiclana

Ante la situación de acoso laboral ejercido por parte del encargado de tienda del supermercado MERCADONA "LOS GALLOS" y con el despido de dos trabajadores de dicho centro, sito en Chiclana de la Frontera ( Cádiz ), tras verse ambos compañeros acosados injustamente y a capricho de este coordinador, y al haberse agotado toda vía de diálogo y entendimiento, este Sindicato decide declarar el conflicto sindical con la empresa acosadora y explotadora MERCADONA.
Continuamente estos compañeros han estado sometidos y soportando una situación insostenible en sus puestos de trabajo a diario, debido entre otras cosas al abuso de poder en el ejercicio de sus funciones por parte del mencionado coordinador, llegando a efectuar acusaciones falsas de hurtos de géneros, provocaciones verbales e incluso llegar a incitar a la violencia con frases malsonantes en algunas ocasiones dirigiéndose a estos compañeros, cambios de turnos de trabajo a capricho.
Esto ha provocado situaciones tan ridículas y absurdas como de llegar al extremo de querer entregar la carta de despido en mano en los propios domicilios de nuestros compañeros, coaccionándolos ante vecinos y familiares, motivando la baja médica por depresión de uno de ellos, afectando de igual manera a su propia compañera.
Si situaciones como estas son permitidas por los gestores y responsables de MERCADONA en el trato diario con sus trabajadores/as, la CNT-AIT no lo va a permitir. Ni con estos compañeros, ni con ningún asalariado/a más.
Expuesto esto, compañeros/as, pedimos la solidaridad y apoyo, comenzando una campaña de boicot contra MERCADONA, a nivel nacional y local, con actos de protesta y piquetes de información ante las puertas de estos supermercados, para la destitución de su cargo de tipos como éste coordinador de tienda, y para la erradicación de una vez por todas de estas prácticas abusivas por parte de supermercados MERCADONA hacia sus trabajadores/as. ¡¡ READMISIÓN DESPEDIDOS !! ¡¡ BOICOT A MERCADONA !! NO COMPRÉIS EN MERCADONA

Envío faxes de protesta:
Av. Alameda Solano, 7
11130 CHICLANA DE LA FRONTERA - CADIZ
Tel: 956 537 418
San Félix, S/N
11130 CHICLANA DE LA FRONTERA - CADIZ
Tel: 956 407 071
Ctra. Barrosa, 115 ( LOS GALLOS )
11130 CHICLANA DE LA FRONTERA - CADIZ
Tel: 956 536 919
e-mail: sugerencias@mercadona.es

Refundación de la izquierda: El coordinador provincial de IU en Málaga desconce por qué Unicaja perdona deudas a IU

Tras ordenar la cancelación de la colaboración mensual de IU en la Tribuna Política por considerar que EL OBSERVADOR publica “mentiras”, esta revista tuvo ayer una breve conversación telefónica con el coordinador provincial de IU, José Antonio Castro, de la cual se extraen varias consideraciones. Como miembro de la Asamblea General de Unicaja, José Antonio Castro, asegura que “no sabe, no tiene ni idea” de cómo se negoció el vencimiento de deuda de 2.663.440 euros de la caja de ahorros con la formación política en la cual milita.
Como ex trabajador de la Diputación de Málaga, Castro se niega a revelar cuánto cobraba por ser técnico del organismo supramunicipal que apenas pisaba. Como parlamentario andaluz, Castro, sin experiencia relevante en el sector privado y con sus estudios de la licenciatura de Sociología apenas empezados, cobra 3.229,82 euros al mes, más dietas de transporte, que se suman a las dietas que cobra de Unicaja.
José Antonio Castro, actual coordinador provincial de IU en Málaga, entró en las Juventudes Comunistas con 17 años y hasta hoy, con 35 años de edad, viene desarrollando su carrera al abrigo del partido político Izquierda Unida. Castro abandonó pronto sus estudios de Sociología, carrera de la que se sacó el primer curso y parte del segundo. Apenas cuenta con experiencia laboral en el mercado privado. Reconoce haber trabajado “en muchas empresas y, en algunos casos, como otra gente de mi generación, incluso sin contrato, desde montaje y desmontaje de muebles, como auxiliar; hasta repartidor de propaganda, camarero o en pizzerías”.
SU ascensión en Izquierda Unida se produce de la mano de históricos dirigentes como Antonio Romero y José Luis Centella y dentro del grupo del Partido Comunista de Andalucía que domina IU.
LA pasada legislatura compatibilizó su cargo institucional como responsable de organización de IU Málaga, con un puesto de técnico en el Grupo Municipal de Izquierda Unida en la Diputación de Málaga. Fuentes del organismo y del partido en que milita aseguran que Castro, pese a tener puesto y sueldo públicos, apenas pisaba la Diputación por sus responsabilidades orgánicas en IU.
Cuando se le comenta esta situación, el coordinador provincial alega que eso “no es así. Cuando estás trabajando en un grupo político en Diputación tienes que atender hasta 60 grupos municipales. No estás encerrado en el despacho, hay un montón de grupos municipales con un montón de historias. No tendría ningún sentido que un montón de técnicos de Diputación estuvieran todo el día en Diputación. Iban a hacer más bien poco”, razona. Se niega, no obstante, a revelar a cuánto ascendía su sueldo. Cabe añadir que su mujer trabaja actualmente el Grupo de IU de Diputación.
Por otra parte, cuando se le pregunta por la negociación gracias a la Unicaja ha concedido créditos vencidos, es decir, créditos que han sido perdonados y que no se tienen que devolver, por valor de 2.663.440 euros (más de 443 millones de las antiguas pesetas) a Izquierda Unida y a Izquierda Unida los Verdes Convocatoria por Andalucía -como se apunta en el Informe Anual del Gobierno Corporativo de esta caja de ahorros de 2008- Castro reconoce que no lo sabe. “No tengo ni idea”, dice.

Er llano Revista EL OBSERVADOR

Campaña contra la crisis en las artes gráficas, la comunicación y los espectáculos de Madrid

El sindicato Artes Gráficas, Comunicación y Espectáculos de CNT-Madrid que engloba a los trabajadores y trabajadoras de estos sectores, golpeados duramente por la crisis, lanza una campaña de información y asesoramiento para intentar que los empresarios dejen de aprovecharse de la situación económica.
"Puedes acercarte cualquier día de de lunes a viernes a partir de las 19:30 a la asesoría sindical y laboral del sindicato de Artes Gráficas, Comunicación y Espectáculos de CNT. Allí te puedes asesorar sobre despidos, reclamación de cantidades, mejora de las condiciones de trabajo, denuncias a la inspección de trabajo, tanto desde un punto legal como sindical, y lo que es más importante: si quieres organizarte con tus compañeros y luchar por tus condiciones de trabajo nos vas a encontrar dispuestos a ayudarte en todo lo que necesites". De esta manera finaliza el comunicado elaborado por el Sindicato de Artes Gráficas, Comunicación y Espectáculos de CNT-Madrid con motivo de la campaña contra la crisis lanzada por esta organización, que visitará en los próximos meses diversas empresas de esta comunidad autónoma para ofrecer su apoyo a las plantillas.El sindicato realiza duras críticas a la patronal, cuya "solución es esclavizarnos un poquito más", y al Gobierno español, que "inyecta millones de dinero público a empresas y entidades financieras sin ningún tipo de control". Tampoco se libran otros actores sociales como los partidos políticos, interesados en "tocar algo de poder para llevarse su parte del pastel en corruptelas varias". Respecto a los sindicatos oficiales, la organización anarcosindicalista afirma que su pasividad se debe a que "quizá de otra forma peligrarían los millones de euros que se sacan todos los años en subvenciones y de las que viven miles de sus liberados sin dar palo al agua". Por ello lo único que han hecho son manifestaciones "de cara a la galería", en referencia a la convocada el pasado 12 de diciembre en Madrid por CC OO y UGT.Frente a los responsables de la crisis, quien resulta perjudicada es la clase obrera. Según el sindicato, en el ámbito de la comunicación y las artes gráficas de Madrid esto se traduce en "expedientes de regulación de empleo (muchos de ellos encubiertos), despidos, reducciones de salario, incumplimiento de los convenios, recortes de derechos, descapitalizaciones interesadas, flexibilización, recortes en seguridad laboral...".El sindicato de CNT resalta que no tiene "ninguna varita mágica" para solucionar esta catástrofe, pero que, con la participación de los afectados, "al menos podemos hacer que no se aprovechen" de los trabajadores y trabajadoras del sector, mostrando una serie de empresas en las que se ha involucrado en las últimas fechas, tanto en Madrid como en otras comunidades autónomas: Preiscam, Artof, Zero Gráfico, ABC.es, América Ibérica, Unidad Editorial, MARCA, Agencia EFE y Promecam.En esta línea, el sindicato se ofrece como punto de asesoramiento y apoyo para cualquier empleado de estos sectores: "No pagues tú la crisis que ellos han montado: ¿Trabajas sin contrato? ¿No hay correspondencia entre las horas que trabajas y las que te pagan o figuran en contrato? ¿Sabes a qué hora entras pero no a que hora sales? ¿Cobras por debajo de lo que te corresponde? ¿Estás sometido a acoso? ¿Te amenazan con el despido? ¿No tienes ni idea de las medidas de prevención de riesgos laborales ni se aplican en tu curro? ¿No sabes cuál es tu convenio? ¿Quieres organizarte y reclamar tus derechos? No te quedes con la duda, acude al sindicato". El sindicato invita también a distribuir el panfleto correspondiente en cada empresa, para lo cual lo pone a disposición del público aquí: http://graficas.cnt.es/documentos/PanfletoCrisis_entero.pdfSindicato de Artes Gráficas, Comunicación y Espectáculos de Madrid - CNThttp://www.cnt.es/graficasgraficas_madrid@cnt.esTfno.: 91 369 09 72 / 692 022 864 Permanencias de lunes a viernes a partir de las 19.30 horas.Plaza de Tirso de Molina, 5, 6º derecha. Madrid.

Salamanca sigue apestando a dictadura

Pasa el tiempo y la ordenanza "reguladora de la convivencia ciudadana" sigue reprimiendo a los movimientos sociales. Esta represión sigue intentando acallar a todo aquel que pretende hacer de las calles un lugar para la expresión de ideas. Esto se materializa desde la imposición de multas dobles (las cuales son ilegales a ojos de la Constitución), hasta la presencia desmesurada de "efectivos de la U.I.P.": esos furgones azules llenos de policías bien armados que los sábados montan guardia en sitios peatonales como puerta Zamora. A esto hay que añadir la presencia de cámaras de videovigilancia colocadas por el centro de la ciudad, lo cual aumenta el clima represivo.
Y es que parece que en esta ciudad el dinero público solo se utiliza para levantar calles y aumentar la vigilancia. En un clima de supuesta crisis, se despide impunemente a cuadrillas enteras de trabajadores mientras se castiga con multas de hasta 1500€ por poner un cartel en lugares sin ningún otro uso, completamente abandonados. Las sanciones está claro a quién perjudican y a quién benefician.
Y toda esta presencia policial ¿para qué?. La policía no sirve pra aumentar la seguridad ciudadana en las calles. ¿Se siente Ud. más seguro o segura últimamente?. Lo que demuestra que quizás el objetivo del ayuntamiento no sea la seguridad, si no acallar a ciertos grupos de ciudadanos que no se conforman.
Desde CNT Salamanca seguimos diciendo que esta ciudad apesta a dictadura.
SOV Salamanca, CNT-AIT.

Parados de Bornos se encierran en el Consistorio en demanda de trabajo

Un grupo de parados de Bornos protagonizó ayer un encierro en la Casa Consistorial para denunciar su desesperada situación de falta de empleo. Los movilizados exigieron al Ayuntamiento y a las empresas constructoras locales el cumplimiento de un acuerdo de rotación de trabajadores eventuales en las obras que se ejecutan en el pueblo con cargo a los fondos públicos estatales.Y es que el Sindicato Andaluz de Trabajadores (SAT) y los contratistas firmaron un acuerdo de concertación social a nivel local hace unos meses, teniendo como mediador al Ayuntamiento, para que los parados del pueblo pudieran acceder de manera rotativa a las actuaciones previstas en los planes anticrisis.

Entonces se consensuó que el 40% de la plantilla fuera provista por las constructoras y el resto, el 60%, procediera de las listas de las oficinas de empleo.

Los movilizados, que comenzaron su protesta en la jornada del martes, sostienen que no se está cumpliendo lo pactado. Antonio Gutiérrez Jiménez, uno de los encerrados, describía así su situación: "Llevo 18 meses en paro y sólo he trabajado un mes en una obra". Ante esto apuntó que "la gente está desesperada; están perdiendo hasta sus casas".Estas declaraciones las hizo momentos antes de que se sentaran a la mesa con las propias constructoras, que, con documentos en la mano, enseñaron las contrataciones hasta la fecha. Uno de los portavoces de las firmas, Manuel Jaén, aclaró que se mantendrá el acuerdo. Explicó que hasta el día de hoy ha habido una mesa de seguimiento, la última el pasado 3 de diciembre, en la que han estado representadas todas las partes: sindicato, constructoras y formaciones políticas para velar por las contrataciones. En este sentido, recordó que "si ha habido una actuación errónea puntual, después se ha corregido y compensado". Defendió la actuación de estas empresas a la hora de crear empleo.

Crónica de la concentracion en Mercadona Puçol

Un grupo de compañeros de C.N.T nos hemos concentrado en las puertas de Mercacoso Puçol, para que dicha empresa pague lo que debe a nuestros compañer@s despedid@s y haga una declaración pública desmintiendo las acusaciones vertidas sobre ellos (Mas información sobre el del despido http://www.cnt.es/mercadona ).
El típico pagado por mercacoso ha empezado a hacernos fotos a distancia, lógicamente nosotros le hemos pagado con la misma moneda.
La concentración estaba transcurriendo con normalidad informando a los transeúntes sobre lo que ocurría en mercacoso y de la forma de actuar de esta gente a la hora de despedir a sus trabajadores, hasta la llegada de los cuerpos de seguridad del estado (Guardia civil) que irrumpieron en la concentración para posiblemente intentar desinformar a la ciudadanía que allí se estaba concentrando, puesto que afirmaban que no teníamos derecho a concéntranos por no haber pedido permiso a la delegación de gobierno, a lo que se les informo que éramos una concentración de trabajadores ejerciendo nuestro derecho sindical y que como el número de concentrados no superaba la veintena no hacía falta, continuando su argumentación, dijeron que sí que debíamos haber solicitado permiso ya que portábamos una pancarta y ello convertía nuestra concentración en una manifestación y que, según estos agentes” tan versados,” dicho hecho se encontraba reflejado en la constitución…(sip)
No sabemos a qué clases de derecho han asistido…
Dichos agentes prosiguieron con su intento de intimidación hacia nosotros, ellos sabrán, nosotros continuamos con nuestra labor sindical sin entrar en provocaciones, parece que éste hecho les molestara aún más y empezaron a solicitar que nos identificáramos con DNI a lo cual se les pregunto, que qué infracción o delito habíamos cometido, a lo que respondieron que estábamos alterando el orden público, de nuevo se les volvió a insistir que era una reivindicación sindical, que estábamos en la acera, que no cortábamos el paso de la gente, ni estábamos increpando a nadie y que esto era un derecho sindical.
Pero les dio totalmente igual y prosiguieron con su identificación.
Nosotros también proseguimos con la nuestra que era informar a la ciudadanía de Puçol de los hechos acaecidos en mercacoso sobre el despido del compañero Ramón con treinta un años de dedicación a esta empresa, despedido, calumniado y sin pagarle el despido. Al igual que la compañera Inma, igualmente despedida, calumniada y a la que tampoco han pagado por su despido.

(Mas información sobre el del despido http://www.cnt.es/mercadona ).
Se corearon eslóganes cómo:
Si tienes pruebas sácalas.
Si sacas las pruebas nos vamos.
Boicot, boicot a mercadona.
Mercadona, acosa y despide.
Obrero si no luchas, nadie te escucha.
Y no podía faltar
Míralos estos son los piquetes del patrón
De nuevo las fuerzas de protección del estado volvieron a la carga, ya que se ve que con una identificación no habían tenido suficiente y recurrieron a una segunda. El propietario de mercacoso podrá estar contento al ver como las fuerzas del orden público velan por sus intereses.
Nosotros proseguimos con nuestra labor sindical de informar. Pero la gota que ya colmó el vaso, fue cuando las fuerzas del orden público “creyeron identificar en nuestras filas a un terrorista peligroso porque otra cosa no se entiende”
Este era,
Aun que parezca mentira a este menor con tan solo dos años le fue tomada la filiación por los agentes de la guardia civil. Ole, ole y ole.
Llegado este momento y tras haber aguantado el acoso más de dos horas, ya dijimos basta e informamos a los agentes de que si no iban a realizar ninguna detención hicieran el favor de irse para que pudiéramos proseguir con nuestra labor sindical, hecho que así ocurrió.
Dimos por concluida la concentración sobre las 14h, tras informar a los allí presentes de que volveríamos.
A pesar de los percances anteriormente relatados, es de destacar el buen recibimiento que nuestra concentración desató entre los vecinos de Puçol y clientes de Mercadona que ese día se pararon a escuchar, nos animaron a continuar y nos apoyaron en nuestras reivindicaciones. Asimismo el comportamiento de la Policía Local, que en ningún momento nos molestó, e incluso actuó atemperando y calmando a los fogosos y jóvenes agentes de la guardia civil, que por otro lado ni siquiera sabemos si poseen jurisdicción para intervenir en el término municipal o era competencia de la policía local. Ya se verá.
Salud y Anarquía.

Xaquín Rodríguez, Regidor de Rairiz (Ourense), está acusado de acoso, ilegalidades urbanísticas, contrataciones irregulares…

“O te presentas a las elecciones o te echo”. Cristina Gándara nunca hubiese imaginado que su primera incursión en política se produciría a la fuerza, presionada por Xaquín Rodríguez, el alcalde del municipio orensano de Rairiz de Veiga (1.700 habitantes), en el que ejerce como trabajadora social. “Le pedí que me diera tiempo para pensármelo, pero me obligó a ir en las listas del BNG en las municipales de 2007.

Lo único que le rogué entonces es que no me pusiera en puestos altos. En las elecciones generales del año pasado volvió a amenazarme, quería que repartiese propaganda electoral y que acudiese a actos del partido. Me llegó a prometer un contrato indefinido si aceptaba”, rememora. Cristina, en nómina del Ayuntamiento desde hace seis años, llegó a asumir como algo normal que el alcalde la coaccionara. Hasta que los gritos, amenazas y golpes en la mesa se convirtieron en una constante. Marisa Carnero, que lleva más de dos décadas como administrativa, coincide con Cristina y asegura que empezó a sufrir acoso laboral por parte del regidor poco después de llegar a Rairiz, hace tres años.

Ambas aseveran que hace tiempo que el alcalde utiliza los servicios del Ayuntamiento, con un censo de población rural y envejecida de más del 75 por ciento, en beneficio propio. “Emplea a las auxiliares de ayuda a domicilio para ‘carrexar’ [conseguir] votos; las obliga a llevar a los ancianos a votar. Le hemos pedido por favor que no politice el servicio”, solloza Marisa, quien acusa a la empleada de la farmacia, hermana del alcalde, de “retener” hasta el día de los comicios los DNI de los jubilados con la excusa de que “los necesita” para dispensarles la medicación.

Marisa y Cristina mantienen que las presiones que padecen en su lugar de trabajo llegaron con las denuncias por las irregularidades que, dicen, comenzaron a observar en la Casa Consistorial. “Todo lo que nos pasa es por querer hacer las cosas bien. Aguantamos insultos; [el alcalde] nos dice que somos ‘parvas’ [tontas] e incluso, un día me empujó porque le pillé desviando 10.000 euros que debían ser para una subvención”, explica Marisa.

Las responsables de los servicios sociales de Rairiz se han querellado contra su jefe porque, a pesar de que el juez no lo considera probado, un estudio realizado por el Departamento de Psicología Social de la Universidad de Santiago de Compostela ha cuantificado en un 48 por ciento el mobbing que ambas han padecido y que terminó por materializarse en una baja médica de año y medio de duración por “depresión reactiva”.

Ambas solicitaron el alta voluntaria porque, pese a todo, insisten, les gusta el trabajo que realizan.Desde que en octubre se reincorporaron a sus puestos, aseguran que la presión no ha hecho más que agudizarse. Acusan al alcalde de dejarles notas sobre sus mesas instándolas a marcharse. “Me ha llegado a pedir que falsee informes, que certifique que algunos usuarios no cuentan con ayudas a domicilio sin ser cierto.

Cuando le respondí que no podía hacer eso porque no quería que me inhabilitasen, me contestó que él firmaba cosas similares todos los días”, relata Cristina. En la denuncia penal presentada en el juzgado se recoge que el alcalde –que en julio abandonó las filas del Bloque Nacionalista Galego (BNG)– “siempre trata de beneficiar a personas de su entorno”.

El alcalde, que rechaza las acusaciones, asegura que todo es fruto de una “campaña de desgaste y de desprestigio en mi contra. Aquí se han hecho muchas cosas buenas en los últimos años. Lo que ocurre es que hay dos personas que pretenden campar a sus anchas y no quieren trabajar. Hay varias quejas de gente del pueblo en contra de Cristina porque no cumple con su cometido”.

El regidor niega también haber instado a la trabajadora social a que se sumase a la candidatura del BNG. “Le interesaba ir en las listas para consolidar su puesto de trabajo, aunque ahora lo niegue”, justifica.

“Vivimos en el siglo XIX”

A pesar de que el alcalde insiste en quitar hierro a las denuncias, lo cierto es que en una inspección de la Consejería de Trabajo y Bienestar de la Xunta, realizada el 12 de noviembre, se detectaron numerosas irregularidades, como la falta de un registro de beneficiarios de los servicios sociales. Una situación de la que el alcalde culpa a las denunciantes: “Tenemos testigos de que son ellas las que se llevan en bolsas los expedientes; la trabajadora que las sustituyó durante la baja sí cumplía con su cometido correctamente”, disculpa resuelto. Las trabajadoras sociales de Rairiz advierten de que el resto de los empleados del Ayuntamiento reciben presiones para que declaren a favor del alcalde. “Nos ha puesto en contra de los demás”, explica Cristina, quien estando de baja médica recibió una notificación de despido que el Tribunal Superior declaró nulo. “Antes el acoso era sutil, ahora no”, asegura.

Las denuncias contra el regidor no son hechos aislados. Manuel Pérez, conductor del camión de recogida de basura, se ha visto obligado a pleitear por los asuntos más insignificantes. A la hora de solicitar las vacaciones, días de asuntos propios, reclamar el pago de su sueldo o de las prestaciones durante un periodo de baja, ha de acudir al juzgado. Los tribunales le han dado la razón en una decena de ocasiones.

Desde la Confederación Intersindical Galega (CIG) calculan que la deuda del Ayuntamiento con Manuel y con la Inspección de Trabajo ronda los 50.000 euros. Anxo García, líder de la CIG en Verín, asegura que “vivimos en el siglo XIX. Aquí, es difícil poder trabajar si no participas en el partido del alcalde y eso no es de recibo. En la provincia, a estas alturas, se suceden los despidos por cuestiones ideológicas. El caso de Xaquín, antes en el BNG y ahora coqueteando con el PP, es uno más”.“No tiene principios ni ética.

El cien por cien de lo que hace el alcalde es para utilizar el pueblo a su antojo. Sólo quiere trabajadores sumisos”, denuncia Eulogio Fernández, portavoz municipal del PSdeG-PSOE. El edil socialista se revuelve en la silla mientras aporta pruebas de que el regidor “no se ciñe a los presupuestos municipales [1,2 millones]”, gasta “indiscriminadamente” y acumula impagos “de 20.000 y 30.000 euros, algo contrario a la ley”. Sólo correspondientes al año 2007, la secretaria judicial –la quinta funcionaria en pasar por el puesto en los últimos tres años– ha dado cuenta de 56 actuaciones del alcalde contrarias a derecho. “Son frecuentes las contrataciones de personal sin pasar por el Inem.

A cargo del Plan E del Gobierno se han realizado adjudicaciones directas de obras por valor de 306.000 euros que se fraccionaron en tres obras otorgadas a una misma empresa. Tenemos pruebas que acreditan que se compraron veinte marquesinas en Portugal, a 1.500 euros cada una, y que el Ayuntamiento facturó a 7.500 euros”, prosigue Fernández.Obras en entredichoTampoco las obras de construcción de una escuela infantil están ausentes de polémica. Los socialistas denuncian irregularidades “en la tramitación de facturas del proyecto, la modalidad de la ejecución de las obras, en la dirección de los trabajos, la contratación de medios personales y en la certificación de la escuela”.

Existe incluso duplicidad de facturas. Así, lo acredita un informe interno al que ha tenido acceso interviú, en el que la interventora municipal expresa sus reparos a los gastos de finalización de los trabajos. Según la funcionaria, “o las facturas de los trabajos están incorrectamente datadas o el gasto al que se refieren no fueron ejecutados para esa obra”. Además, hace constar que existen “irregularidades en la justificación de la subvención recibida”.

Para el alcalde, no hay nada anormal porque “es frecuente que se certifiquen obras con prisas y a veces con errores de forma”.La que sí cumplió las normas fue Eva Paz, que ha sufrido en sus propias carnes las supuestas irregularidades que se suceden en Rairiz. “He gastado mucho dinero en tasas del Ayuntamiento cada vez que se abría una convocatoria pública de empleo, y en todos los casos mi documentación ha desaparecido de manera misteriosa”.

Eva también da fe de la inadecuada administración de las ayudas a domicilio. “Mi abuelo pagaba todos los meses por un servicio que había dejado de recibir. Cuando reclamamos, el alcalde me despachó con un «cállate, que no eres de los míos»”. El delito de Eva fue el de figurar como suplente en las listas del PP.

fuente: Interviu

Militares argentinos mataron hace 30 años en Madrid a Noemí Gianetti, una de las madres de la plaza de mayo

Esto es como volver a nacer”. A sus 29 años, Martín reivindica desde Buenos Aires la identidad que le robaron. Hoy sabe que sus apellidos son Amarilla y Molfino. Sus verdaderos padres –Guillermo y Marcela– integran la larga lista de miles de opositores políticos desaparecidos por la dictadura argentina. Marcela fue detenida junto a su marido el 17 de octubre de 1979. Estaba recién embarazada de su cuarto hijo y aún no lo había contado en casa. Después de dar a luz a Martín, los militares se lo quitaron y lo entregaron a un funcionario de los servicios de inteligencia del Ejército. Una vez despojada de la criatura, mataron a Marcela.Aquel bebé, Martín, reconstruye ahora su pasado, y también el de su familia. Las dudas generadas por los datos de su partida de nacimiento, en la que consta que nació en el hospital del centro militar Campo de Mayo –donde eran trasladadas las detenidas en estado de gestación–, se agravaron cuando buscó fotos de su supuesta madre embarazada. No encontró ninguna. El testimonio aportado a principios de noviembre por un militar arrepentido a las Abuelas de Plaza de Mayo, revelando que Marcela Molfino había parido a un niño durante su paso por ese centro, permitió rearmar el puzle. Las pruebas de ADN se encargaron del resto. El reencuentro se produjo en las oficinas de las Abuelas. Hubo lágrimas, risas y abrazos. También rabia, la misma de hace casi 30 años, cuando su abuela, Noemí Giannetti, fue secuestrada en Perú y asesinada en Madrid, en agosto de 1980. Su delito: reclamar a nivel internacional que su hija y su yerno fueran devueltos con vida. De hecho, los Molfino están marcados a sangre y fuego por el régimen. Dos años antes del secuestro de Guillermo y Marcela, otros dos hijos de Noemí, Alejandra y Miguel Ángel, fueron detenidos por la dictadura. Alejandra conoció el destierro y tuvo que refugiarse en París. Miguel Ángel recorrió los campos de exterminio, lo sometieron a distintos métodos de tortura y permaneció preso durante siete años. En medio de esta oleada represiva, Noemí Giannetti y otro de sus hijos, Gustavo, se exiliaron a París. Noemí recorrió despachos, habló con políticos europeos e incluso acudió a la sede de Naciones Unidas en Ginebra (Suiza) para denunciar la persecución que sufría su familia. Luego se instaló en Lima (Perú), donde la dictadura había dado paso a una incipiente democracia. Desde allí quería amplificar la lucha por los derechos humanos en Argentina.Las investigaciones de su caso muestran que sobre las diez de la noche del 12 de junio de 1980, varios hombres armados secuestraron a Noemí en su casa de la capital peruana. Ese mismo día habían sido detenidos tres militantes del movimiento montoneros, radicados en esta ciudad: María Inés Raverta, Julio César Ramírez y Federico Frías. La operación estaba enmarcada en el denominado Plan Cóndor, que imperaba en el Cono Sur y mediante el cual las dictaduras latinoamericanas establecían mecanismos represivos de colaboración.El 18 de julio, Noemí subió a un avión de la compañía Varig en el aeropuerto de Río de Janeiro. Su destino sería Madrid. La acompañaban dos hombres que, según confesó tiempo después una azafata, “no la dejaban ni ir al baño sola”. En Barajas la esperaban otros dos individuos, también argentinos, que la llevaron hasta un hotel situado en el número 37 de la madrileña calle Tutor. La habitación, situada en la última planta del edificio, estaba reservada a nombre de Federico Frías, uno de los montoneros secuestrados en Lima y que, al igual que sus compañeros raptados ese día, jamás volvió a aparecer. Sus captores aprovecharon la documentación para alquilar la habitación a su nombre. Cuatro días después, el olor a fétido que salía de la habitación 604, en cuya puerta colgaba el cartel de No molestar, llamó la atención de una de las encargadas de la limpieza, que se animó a entrar. Dentro, la escena era siniestra: Giannetti yacía muerta en la cama, tapada con varias mantas. El insoportable calor veraniego también había hecho lo suyo, y el cuerpo ya estaba en avanzado estado de descomposición. En la mesa de noche había un pasaporte argentino a nombre de María del Carmen Sáenz. Había sido introducida en España con esa documentación falsa. Nunca se conocieron oficialmente las causas de su muerte. La primera autopsia certificó que había fallecido a raíz de una “insuficiencia cardiorrespiratoria provocada por causas exógenas”. Según fuentes conocedoras del caso, la habían envenenado con unas pastillas que le provocaron la parada cardiaca. El secretario de Derechos Humanos del gobierno argentino, Eduardo Luis Duhalde, ha revelado a interviú que los autores de aquel crimen “pertenecían al Batallón 601 del servicio de inteligencia del Ejército argentino”. “Próximamente vamos a aportar pruebas sobre los agentes civiles que trasladaron a la señora Giannetti a Madrid. Los tenemos identificados, pero sus nombres tendrán que ser confirmados por la Justicia”, afirma Duhalde, quien estuvo refugiado en España entre 1976 y 1984. A comienzos del próximo año publicará un libro sobre las actividades represivas de la dictadura en el extranjero. El caso Molfino ocupa un buen tramo. Datos ocultosA su juicio, los servicios secretos españoles de la época “encubrieron la información” sobre este asesinato y se negaron a colaborar con la Justicia, tanto en 1980 como en 1998, cuando el juez Baltasar Garzón, a petición de la familia, reabrió el caso. El responsable de Derechos Humanos sostiene que “cuando la Audiencia Nacional incluyó este crimen entre la política de asesinatos en el exterior de la dictadura argentina, tampoco logró información por parte de los servicios españoles”. “Ni siquiera fue posible conseguir el listado de pasajeros que volaron en el avión que trasladó a esta señora a España”, destaca. Los familiares de la mujer coinciden. “El Grupo de Tareas (unidad militar) que fue a España contó con el apoyo del CESID, y esto, lamentablemente, no se ha investigado”, denuncia Gustavo Molfino, hijo de la fallecida. Una de las diligencias solicitadas por su abogado, Carlos Pipino Martínez, fue precisamente que el Centro Nacional de Inteligencia (CNI) aclarara su conocimiento sobre este crimen. Según el letrado, estas preguntas siguen sin respuesta. “Tienen que pagar los que la mataron, pero también los que hicieron la vista gorda”. Lo dice Javier Molfino, uno de sus nietos que vive en Madrid. “Se van a cumplir 30 años del asesinato, y es mucho tiempo para no haber llegado a nada”, se lamenta. Al otro lado del charco, su primo Martín habla más despacio, con la emoción contenida. “La historia de mi familia es tremenda”, afirma desde Buenos Aires, donde estos días se prepara para los trámites que le devolverán sus apellidos verdaderos. Entre mate y mate, Martín mira una antigua foto de su madre y sonríe. En este caso, los asesinos no pudieron contra la verdad.

fuente: Interviu

La Diputación investiga la desaparición de 24.000 euros para ocio de los trabajadores

El presidente de la Diputación de Granada, Antonio Martínez Caler, ha anunciado la apertura de una investigación por el supuesto desfalco de 24.000 euros que fueron transferidos a la Comisión de Ocio y Tiempo Libre, que gestionan trabajadores de la misma institución. Caler advirtió que "se depurarán las responsabilidades políticas" que se encuentren en los hechos.
El presidente explicó que tuvo conocimiento de la "desaparición" de la partida el pasado día 7 de diciembre, advertido por el área de Recursos Humanos de Diputación, tomando el día 9 las "diligencias necesarias" para que se abriese un expediente informativo sobre el tema.
La Diputación, en virtud del acuerdo suscrito con los sindicatos, transfiere anualmente una partida al área de Ocio y Tiempo Libre para que desarrolle su cometido, que consiste en organizar actividades para los empleados de la institución, como viajes, cursos o cenas de Navidad. De hecho, Caler explicó que las previstas para este año se han suspendido a cuenta de la supuesta falta de fondos derivada de este suceso.
Según detalló, "en el momento en que se aprueban los presupuestos se hace la transferencia correspondiente al área y al final del ejercicio se comprueban los justificantes de los gastos". Así, "lo que haya sucedido en el camino con el dinero es algo que tendrán que demostrar los responsables de la transferencia", sentenció el presidente.
También aseguró que se comprobará si lo que ha sucedido puede tener detrás alguna responsabilidad "que no sea de un trabajador o de una asociación", es decir, "una responsabilidad política".
Los trabajadores conocieron los hechos el pasado lunes a través de un correo electrónico en el que se les informaba de que los almuerzos navideños previstos para el 17 y el 18 de este mes quedaban suspendidos.
Caler aseguró que el asunto se ha mantenido en secreto "para respetar la presunción de inocencia de los presuntos culpables", aunque no confirmó si han sido ya identificados. Por el momento, será el área de Recursos Humanos la encargada de investigar los hechos con la supervisión de su responsable, el diputado Francisco Javier Torices.

Sábado 19 de Diciembre. Concentración por los/as trabajadores/as de Gadis

Nueva protesta sindical contra la política labora de la empresa, en este caso frente al Gadis de la c/ Esgueva 15, a las 12.00h. ¡Acude y muestra tu rechazo!
Después del esfuerzo que supone informar a tod@s y cada un@ de l@s trabajadores/as de Gadis acerca de la política laboral de la empresa y de repartir en mano una tabla reivindicativa elaborada por este sindicato, volvemos a salir a la calle para mostrar públicamente nuestro rechazo a este tipo de trato para con l@s trabajadores/as de Gadis y extensible a todo el sector del comercio.
Recuerda: Hoy protestas por ell@s, pero mañana puedes ser tú, tu hermana o un amigo quien se vea indefenso frente al abuso de poder de la patronal.

CNT-Valladolid