La Audiencia ordena detener y
encarcelar a Rodríguez de Castro
La Audiencia Provincial de Cádiz
ha ordenado buscar, detener y encarcelar a Manuel Rodríguez de Castro, ex
delegado de la Zona Franca de Cádiz, que fue condenado en julio de 2013 a ocho
años de prisión por malversación de caudales públicos y fraude en la obtención
de subvenciones públicas en el caso Rilco. La orden fue dictada por la Sección
Tercera el mes pasado, inmediatamente después de conocer que el Tribunal
Supremo había ratificado la pena de cárcel.
No ha habido plazo para un
ingreso voluntario ni ha quedado abierta la posibilidad de aplazar el
encarcelamiento mediante un recurso de amparo ante el Tribunal Constitucional.
La Policía tiene orden de localizar a Rodríguez de Castro, detenerlo y
conducirlo a prisión para que comience a cumplir la pena que ha sido confirmada
por el Tribunal Supremo.
Pese a que esa orden fue dictada
hace casi un mes, Rodríguez de Castro aún no ha ingresado en prisión o al menos
todavía no le consta a la Audiencia que haya sido detenido. Las últimas
noticias que han tenido los medios de comunicación del ex delegado de la Zona
Franca se remontan a principios de este mes. El pasado día 1, Rodríguez de
Castro envió un comunicado a la agencia Efe en el que respondía con amenazas
tras haber sido reprobado por el pleno del Ayuntamiento de Cádiz. La moción fue
presentada por el PSOE y contó con los votos favorables del PP, el partido que
en 1996 situó a Rodríguez de Castro al frente de la Zona Franca de Cádiz y lo
mantuvo hasta 2001.
El ex delegado cargó
especialmente en su comunicado contra la alcaldesa, Teófila Martínez.
"Sobrevive políticamente aún como consecuencia de mi silencio acerca de su
actuación en el caso Rilco", dijo Rodríguez de Castro.
Teófila Martínez se sumó con su
voto a la reprobación y al ex delegado debió sorprenderle y dolerle esa
actitud, que contrasta tanto con la que la alcaldesa mantuvo cuando Rodríguez
de Castro dimitió en 2001, acuciado por las noticias acerca de sus gastos
personales excesivos (con cargo a la Zona Franca). Entonces, la alcaldesa, que
era y es por su cargo la presidenta del Consorcio de la Zona Franca, defendió a
Rodríguez de Castro sin fisuras. "Aquí han vilipendiado a una persona y se
ha linchado a un gestor que ha procurado siempre los beneficios económicos para
esta tierra", dijo Teófila Martínez.
Más adelante, en 2005, la
alcaldesa recogió velas y dijo que Rodríguez de Castro "tuvo que dimitir
porque así se le solicitó". Pero hasta el mes pasado, con la reprobación
tras conocer que el Tribunal Supremo había confirmado la condena por el caso
Rilco, Teófila Martínez no había ido más allá.
La Red Iberoamericana de
Logística y Comercio, Rilco, fue un proyecto de Rodríguez de Castro concebido
como una plataforma de comercio electrónico que sirvió para sustraer dinero en
beneficio propio, según determinó la sentencia. Por Rilco, la Zona Franca de
Cádiz obtuvo subvenciones millonarias que lejos de destinarse a la red de
comercio electrónico, fueron a parar al ex delegado.
El Tribunal Supremo respaldó la
sentencia de la Audiencia Provincial de Cádiz al sancionando los "abusos
de poder". El alto tribunal subrayó: "Nada lesiona más la confianza
de los ciudadanos en sus instituciones que ver convertidos a sus representantes
públicos en los vulneradores de la legalidad de la que ellos deberían ser los
primeros custodios".
La sentencia del Tribunal
Supremo, de 137 páginas y de la que es ponente el magistrado Cándido
Conde-Pumpido, confirmó la absolución de Miguel Osuna, que también fue delegado
especial en el Consorcio de la Zona Franca de Cádiz y sucedió en ese cargo a
Rodríguez de Castro.
Osuna, delegado entre 2001 y
2004, sí fue condenado en el Tribunal de Cuentas y después en el Tribunal
Supremo a devolver más de 2,6 millones a la Zona Franca. La sentencia del caso
Rilco considera que Miguel Osuna realizó pagos injustificados y que incurrió en
una grave negligencia en el ejercicio de sus funciones, pero que lo hizo sin
dolo, sin voluntad de cometer un delito.
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