Argentina.- Cinco ex jueces argentinos serán juzgados por
cómplices en crímenes de la dictadura militar
BUENOS AIRES, 3 Feb. (EUROPA PRESS) -
Cinco ex jueces argentinos se sentarán a partir del 17 de
febrero en el banquillo de los acusados por su presunta complicidad en los
crímenes cometidos durante la dictadura militar.
Entre ellos se
encuentran el septuagenario Otilio Romano, quien fue detenido en agosto del año
pasado tras haberse fugado a Chile en 2011, y Luis Francisco Miret, amigo y
compañero de carrera del anterior, quien en marzo del año 2011 fue destituido
por un jurado de enjuiciamiento por "mal desempeño en sus funciones y
presunta comisión de delitos".
Tanto Miret como Romano fueron fiscales y jueces -se
alternaban los cargos por períodos- en la última dictadura militar, y pese a
que organismos de Derechos Humanos denunciaron su complicidad con el accionar
represivo, continuaron ejerciendo sus cargos públicos en la democracia.
Sin embargo, la
justifica federal los empezó a investigar: juntó pruebas, testimonios y
documentos que los responsabilizó en la legitimación judicial del horror. A
partir del 17 de febrero, serán juzgados por delitos de Lesa Humanidad, según
informa la agencia nacional de noticias jurídicas Infojus.
Miret y Romano formaban parte de la cúpula de la justicia
que legitimó la cadena del horror. El procedimiento se repetía y estaba tan
aceitado como un mecanismo de relojería.
Así lo explicó Pablo Salinas, abogado querellante del
Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos, que fue uno de los pioneros en
denunciarlos: "A cada secuestro, a cada desaparición, los familiares
presentaban un hábeas corpus. ¿Qué se hacía con esa presentación judicial?
Simplemente, los fiscales y los jueces, en vez de investigar, los archivaban y
miraban para otro lado. Sabían muy bien lo que estaba pasando. Y, al mismo
tiempo, le daban valor a los testimonios que se tomaban bajo tortura en los
centros clandestinos. De esa forma, avalaban las detenciones ilegales y las
torturas", enfatizó.
Se trata de dos de los cinco juristas que estarán sentados
en el banquillo de acusados. Ellos son los más mediáticos, los que ostentaron
liderazgo y jerarquía de una corporación tan impune como poderosa.
Además de Miret y Romano, los tribunales federales de Mendoza
imputaron a otros tres ex jueces: Gabriel Guzzo, Guillermo Petra y Rolando
Carrizo, todos funcionales a los procedimientos ilegales practicados a partir
del golpe de Estado de 1976.
El punto común de la acusación a los cinco jueces es por no
haber investigado las denuncias de detenciones ilegales, desapariciones y
asesinatos que llegaron por centenares a sus juzgados en forma de hábeas corpus
y demás recursos.
El denominado "juicio a jueces" comenzará a partir
del 17 de febrero después de dos años de procesamiento y más de dos décadas de
investigación.
Pero no sólo habrá jueces imputados. Será un megajuicio -se
unificaron varias causas, el más importante en la historia de Mendoza- con 41
imputados entre militares, policías y cinco ex integrantes del sistema
judicial, y cerca de 200 víctimas.
Se calcula, además, que habrá más de 200 testigos que
aportarán sus relatos sobre lo ocurrido en el centro clandestino de detención y
tortura que funcionaba en el 'D2', por donde pasaron la mayor parte de las
víctimas, pero también por el Liceo Militar General Espejo y la Penitenciaría
de Boulogne Sur Mer.
SIETE JUICIOS POR DELITOS DE LESA HUMANIDAD
En total, siete juicios por delitos de lesa humanidad
cometidos durante la dictadura cívico militar comenzarán tras la feria judicial
en Capital Federal, Rosario, Mendoza, Tucumán, San Juan y Jujuy.
Así, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal 4 de la Capital
Federal fijó para el 13 de febrero el inicio de un nuevo juicio por crímenes
cometidos en el centro clandestino de detención 'El Vesubio'. En este proceso
serán juzgados cinco represores por delitos cometidos en perjuicio de 204
víctimas.
A su vez, el Tribunal
Oral Federal 2 de la ciudad santafesina de Rosario fijó para el 14 de febrero
el inicio de un nuevo juicio por delitos de lesa humanidad en perjuicio de 43
víctimas, en el que serán juzgados nueve represores, informa la agencia pública
argentina Télam.
En tanto, en Mendoza, unos 42 imputados, entre los que se
encuentran los ex jueces Otilio Romano y Luis Miret, serán juzgados a partir
del 17 de febrero.
Y el mismo día, pero en Tucumán, comenzará el juicio por el
asesinato del militante del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT),
Osvaldo De Benedetti.
Por otra parte, en marzo comenzará el tercer juicio por
delitos de lesa humanidad cometidos en San Juan, proceso que investigará el
período que abarca desde octubre de 1974, fecha en que se sancionó la Ley
20.840 de Actividades Subversivas hasta el golpe de Estado.
Y también ese mismo mes comenzará el juicio por delitos
cometidos bajo la órbita del Primer Cuerpo del Ejército en las ciudades de San
Nicolás, San Pedro y Pergamino. Este proceso comprende los casos de ochenta
víctimas, investigados en ocho expedientes conexos que serán tratados en
conjunto.
En el juicio estarán sentados en el banquillo de los
acusados el ex coronel Manuel Fernando Saint Amant, otros dos militares y
varios policías, entre ellos el comisario Edgardo Mastandrea, quien también
está procesado junto a otros siete represores en una causa elevada a juicio
oral, sobre secuestros, torturas y ejecuciones en la ciudad de Junín.
Finalmente, el 3 de abril comenzará en Jujuy el juicio
correspondiente a la causa 'Marengo Horacio Domingo y otros por Privación
ilegítima de la libertad y torturas', relacionada con el traslado, el 7 de
octubre de 1976, de presos políticos alojados en el Penal de Gorriti al
aeropuerto de El Cadillal y conducidos en un avión Hércules a la Unidad penal 9
de La Plata, quienes durante el viaje fueron torturados, golpeados, amenazados
y humillados por los represores.
Por otra parte, aún sin fechas definidas, la justicia
chaqueña tiene previsto realizar este año tres juicios y entre ellos se juzgará
por primera vez en la provincia el abuso sexual de una presa política y la connivencia
de funcionarios judiciales federales con la represión.
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