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jueves, 22 de agosto de 2013

LA OLIGARQUIA FRANQUISTA


La oligarquía franquista.

¿Qué méritos tiene Ana Mato para ser ministra de Sanidad? No sabe medicina, no sabe farmacia, ignora todas las ciencias de la salud y jamás se ha dedicado a ellas. Su mérito es haberse pegado a Rajoy como el percebe a la roca. Ese es su único "mérito", ser amiga y enchufada del jefe, Rajoy y, por supuesto, guardar una disposición canina a ejecutar todas las órdenes que  este le dicte quien, a su vez, las recibe de arriba.

¿Y cuáles son los méritos de Rajoy para ser presidente del gobierno? Hacer la pelota al matrimonio Aznar cuando el marido era el jefe, que lo designó sucesor a dedo. ¿Y cuáles eran los méritos de Aznar? Ninguno. Este oscuro funcionario de Hacienda, que escribía artículos falangistas en un periodiquillo de provincias en su juventud, supo ganarse la confianza del fundador del partido, Fraga, quien también lo ungió sucesor, sin haber él conseguido la ansiada jefatura. Fraga tenía méritos por su cuenta o eso pensó Franco cuando lo nombró ministro de la Dictadura. Los méritos de un ministro de una de las dictaduras más sanguinarias, estúpidas y corruptas del mundo.

Y lo mismo sucede con otros miembros del actual gobierno. ¿Cuáles son los méritos de Wert para ser ministro de Educación? No sabe nada de pedagogía, ni de sistemas educativos. Sus merecimientos parecen haber sido colaborar con la Fundación FAES y hacerse pasar por centrista no siéndolo, para pillar pasta como tertuliano de la SER. Igual que la ministra de Trabajo, Báñez, que no ha trabajado nunca y cree que la legislación laboral y las políticas de empleo caben en una jaculatoria a la virgen del Rocío. Como el ministro de Justicia, Ruiz Gallardón que, siendo fiscal, no ha ejercido en su vida, dedicada por entero a hacer insufrible la de los madrileños como presidente autonómico y alcalde de la capital.

Así sucede con la mayor parte de los ministros de este gobierno, cuyo requisito para el cargo proviene de su evidente falta de competencia. Y cuando muestran alguna, apunta en la dirección de una u otra posible corruptela. El ministro de Defensa, Morenés, tiene intereses en la industria de armamento; el de agricultura, Arias, es un empresario agrícola; el de Economía y competitividad, de Guindos, alto empleado de uno de los bancos, Lehman Brothers, cuyo hundimiento causó la presente crisis.

En realidad, los méritos, la competencia, la idoneidad para el cargo no cuentan. Cuenta el enchufe, la benevolencia del baranda, el clientelismo. Se trata de gentes mediocres, sin obra alguna personal, que han hecho toda su carrera a la sombra de aquel o como políticos profesionales al servicio del PP. Este, según los papeles de Bárcenas, tampoco es un partido al uso habitual, sino una asociación de beneficiarios de las actividades corruptas de un importante sector de la patronal que se vale de ella para gobernar el país, legislar en su provecho y en contra de los intereses del conjunto de la sociedad.

Algo completamente franquista. Incluso el franquismo mostraba mayor pluralismo en la selección de los cargos ministeriales que no solamente procedían del partido del gobierno (el "Movimiento"), como en el caso del PP, sino también del Opus Dei, del tradicionalismo monárquico, del ámbito militar y hasta podían exhibir algunos merecimientos personales.

No es el caso. Y tampoco importa mucho. Lo esencial es la probada lealtad al mando con independencia de los cometidos institucionales que hayan de desempeñarse. Estos son lo de menos. La prueba es el hecho de que la defensora del pueblo sea una marquesa. El desprecio de la derecha por la forma y el fondo de las instituciones democráticas alcanza aquí el nivel de la burla.

En el fondo, al igual que el PP no es un partido normal sino que recuerda una asociación ilícita dedicada al reparto de prebendas más o menos ilegales, tampoco el gobierno es el órgano que ha de elaborar la línea política de la acción del Estado, ni el Parlamento -cantera de futuros paniaguados ministeriales- el que ha de legislar. Ambos son meros instrumentos mediante los cuales la patronal y la iglesia imponen al resto de la sociedad sus criterios e intereses. Con la única diferencia entre ambas de que la patronal paga (si bien luego recupera con creces lo invertido por la vía del chanchullo, la connivencia con el poder y la corrupción) mientras que la Iglesia, siguiendo inveterada costumbre, cobra siempre.

En realidad España está gobernada por la tradicional oligarquía franquista que se vale de estas fieles nulidades para administrar un aparato de asalto al poder por medios presuntamente fraudulentos, a base de la financiación ilegal que le ha permitido ganar elecciones haciendo trampas sistemáticamente hace ya unos veinte años y celebrarlo a bombo y platillo con unos medios y publicistas a sueldo. Por supuesto, esta práctica ha corrompido el funcionamiento normal de las instituciones democráticas a extremos tan ridículos como que el presidente del Tribunal Constitucional sea militante del partido del gobierno. Es decir, de esta pintoresca asociación.

Es absurdo, es de chiste. Pero no hubiera sucedido nada de no haberse destapado esa especie de rackett de Bárcenas. Era inevitable, dada la naturaleza humana. Puedes haber montado con éxito el más exquisito tinglado ilícito en pro de tus intereses oligárquicos, y siempre alguien flaquea, mete demasiado la mano en la caja común (la de la banda) y todo se descubre. Porque ese asunto de los sobresueldos generalizados que el propio Rajoy admite haber cobrado, aunque dándoles nombres angelicales,  no es de recibo y menos en época de crisis.

Y, con los sobresueldos, el régimen de prebendas, bicocas, pagos en especie, cobros dudosos y mamandurrias que han conseguido que la opinión pública tenga el máximo desprecio por los políticos, especialmente los del partido del gobierno, esos que van por ahí presumiendo de no estar en política por la pasta y demostrando lo contrario con sus actos. Unas gentes que han fichado por el PP para hacer carrera y fortuna como podían haberlo hecho por una empresa de cítricos, con la ventaja de que, en donde están, no tienen que trabajar. Y, además, saben que, cuando se les acabe el momio, tendrán un puesto excelsamente remunerado en algunas de las empresas que han privatizado o los han estado pagando. O los hacen embajadores en Londres o eurodiputados.

No es un gobierno, no es un Parlamento, ni un partido; es un instrumento de la oligarquía franquista. Lo muestran a diario sus hijos, esos zangolotinos de Nuevas Generaciones, y algunos de sus especímenes menos adelantados en la escala de la evolución humana que tienen repartidos por las alcaldías del país.

Es imposible tomárselos en serio y, sin embargo, hay que hacerlo porque son peligrosos. Carecen de respeto por los derechos y libertades de los ciudadanos y los reprimen con verdadera saña. Les da igual la deriva autoritaria, fascistizante del régimen porque los llevaría a lo suyo. No solamente están arruinando a la gente, empujándola a la desesperación o al extranjero, sino que ya han conseguido también rebajar nuestra esperanza de vida. Un buen recurso de la oligarquía para resolver el problema de las pensiones.


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