Los ayuntamientos se han echado en brazos del ICO al no tener dinero suficiente para pagar a proveedores. Eso sí, para poder acceder a los 18.000 millones de euros que el Estado va a poner a su disposición, el Gobierno les obliga a presentar antes del 30 de marzo un plan de viabilidad en el que cada uno se comprometa a cerrar 2012 con un déficit máximo del 0,3%. El 15 de marzo es el límite que tienen los ayuntamientos para presentar sus facturas pendientes de pago. A tres días de que expire el plazo, todas las administraciones locales hacen encaje de bolillos para poder cumplir con los requisitos exigidos por Mariano Rajoy.
Lo que en realidad quita el sueño a los 8.114 regidores locales que hay en España es entregar un plan de viabilidad que se ajuste a las exigencias del Gobierno. En privado, más de un alcalde (incluso del PP) critica el Real Decreto y asegura que solo servirá para estrangularles aún más, ya que se les niega todo el margen de maniobra. Además, las cuentas municipales podrán ser revisadas por la Intervención General del Estado, que tendrá potestad para encargar "auditorías de control" a auditorías privadas.
Los más endeudados son los que menos opciones tienen de rechazar el crédito habilitado por el Estado. León ya ha calculado que si el Gobierno le ofrece 180 millones de euros, dejará las cuentas saldadas con 2.400 empresas. La localidad madrileña de Pinto arrastra una deuda comercial de 35 millones de euros y acumula facturas pendientes de pago de 2009. Mientras, Madrid, la ciudad más endeudada de España, debe 900 millones de euros a pymes y autónomos.
No hay siquiera un alcalde que haya manifestado su voluntad firme de no tocar la plantilla para poder cumplir con las exigencias del Gobierno. De hecho, los más apurados ya se han desprendido de parte de sus trabajadores para poder hacer frente a sus gastos, como Torremolinos (redujo su plantilla en 59 trabajadores) o Collado Villalba (39 despidos). Nadie quiere recortar servicios básicos como la educación o la sanidad, y no hay otra opción que acogerse a los límites de gasto establecidos. Todos, eso sí, echan balones fuera utilizando el argumento de que ha sido el Gobierno quien ha puesto las condiciones. Y que ellos solo pueden aceptar.
El doble de trabajadores públicos locales en 13 años
Todos los políticos abogan por reducir el grosor de la administración pública para ayudar a salir de la crisis, ya que no puede haber una dispersión orgánica y organizativa como la que sufre la administración pública española. Nadie niega que las administraciones están sobredimensionadas y cada uno en su ámbito estudia reestructurar la red para evitar duplicidades. Para unos, sobre todo los barones autonómicos, lo mejor es devolver al Estado competencias. El Estado ya ha anunciado en más de una ocasión que sobran diputaciones y ayuntamientos. Los consistorios, por su parte, no están dispuestos a disolverse, aunque muchos están estudiando compartir servicios con las localidades más próximas a sus municipios para cortar la sangría del gasto.
La Encuesta de Población Activa confirma que el número de trabajadores en las corporaciones locales se duplicó en trece años, pasando de 318.300 personas en 1987 hasta 656.600 en 2010. Según el informe de Empleo y gasto de personal en el sector público de la CEOE, el personal que trabaja en la administración local asciende a 14 personas por cada 1.000 habitantes, aunque hay diferencias entre unos municipios y otros. Las regiones uniprovinciales son las que tienen menor proporción de ocupados en la Administración Local, tanto frente a la población total como frente a la población activa, debido en parte a que no cuentan con estructuras administrativas intermedias como Diputaciones Provinciales, Cabildos o Consejos y el personal adscrito a las mismas.
Asimismo, la patronal también observa una cierta relación entre el nivel de desempleo de las regiones y el peso del gasto en personal sobre el total del gasto en los ayuntamientos. Allí donde hay más desempleados, hay más empleados públicos locales. Si se relaciona el gasto en personal con la población de los municipios, CEOE calcula un coste teórico de 389,2 euros por habitante, excluyendo Ceuta y Melilla. País Vasco y Madrid, con 455 y 451 euros por habitante, son los que más gastos per cápita soportan. Las que menos, Galicia, La Rioja y Asturias.
fuente: http://www.elconfidencial.com/espana/2012/03/12/oleada-de-despidos-en-los-ayuntamientos-para-poder-pagar-a-proveedores-94024/
No hay comentarios:
Publicar un comentario