La nuera de Pizarro evaluaba las ayudas de Bahía Competitiva

La gerente provincial de Idea confirmó a la Policía que su representante en la comisión era la nuera del histórico socialista, asesora de libre designación

La nuera del cabeza de lista del PSOE por Cádiz en las próximas autonómicas evaluaba los proyectos empresariales que debían recibir subvenciones

Pero no son los únicos integrantes de la órbita socialista que aparecen en esta investigación que toca de lleno al PSOE gaditano.

En el proceso de adjudicación de las ayudas públicas a estas empresas fantasmas y de cuestionable solvencia participó la nuera de Luis Pizarro, cabeza de lista del PSOE por Cádiz en las próximas autonómicas, exconsejero de Gobernación y figura clave del socialismo en esta provincia. Gema Herrera Cabezas es la esposa del hijo mayor de Luis Pizarro. Trabaja como asesora en la gerencia provincial de la Agencia Idea en un puesto al que accedió por designación libre; es decir, sin pelearlo en un concurso oposición público. Actualmente se encuentra de baja por maternidad, desde el pasado mes de noviembre.

Sin embargo, cuando estalló el escándalo el año pasado, al conocerse que el Ministerio de Industria iba detrás del empresario gallego, al que le reclamaban las subvenciones que había percibido por unos proyectos empresariales fracasados, Herrera había tenido un papel en la concesión de esas ayudas a un promotor que ahora se encuentra en prisión. Era la representante de la Agencia Idea en la comisión evaluadora donde se seleccionaban los proyectos que recibirían respaldo económico. Tuvo una participación directa en ese proceso y fue una de las tres personas que recibió, vía email, las instrucciones precisas para modificar las baremaciones y beneficiar a determinadas firmas en detrimentos de otras en la última convocatoria del Plan Bahía. El resultado fue que el entramado de Ouviña, que no ha sacado adelante ningún proyecto empresarial en la provincia, concentró más del 30% de las subvenciones que se iban a repartir el año pasado.

Gema Herrera aparece en los primeros informes policiales de una investigación que arrancó a mediados de junio. La gerente provincial de la Agencia, Rosa Mellado, la cita en su declaración en calidad de testigo ante los funcionarios policiales. Lo hace a la hora de describir cuál era el procedimiento de selección de proyectos en una mesa tripartita compuesta por cuatro personas: dos técnicos del Instituto de Empresa y Desarrollo Tecnológico (IEDT, dependiente de la Diputación), un representante de Bahía Competitiva y un cuarto miembro vinculado a la Agencia de Innovación. Ese puesto lo ocupaba la nuera de Pizarro.

La gerente provincial de Idea explicó a los agentes que la decisión adoptada por esa mesa se trasladaba al Ministerio de Industria, que aprobaba en último término. Esto obedece a que el dinero que percibían los proyectos empresariales sale del programa Reindus, que inyecta capital a distintas zonas del país con dificultades en el desarrollo del tejido industrial. Si bien, como demuestra la investigación, al conglomerado de empresas fallidas de Dávila Ouviña y de dos familias más que están relacionadas con el gallego -los Arespacochaga y los Retolaza Gaviña- no tuvieron problemas en recibir dinero de convocatorias del año 2009 y 2010.

La Policía concluye que el origen de este fraude millonario está en «la falta de control sobre los documentos que certifican los requisitos exigibles» para que dinero público no acabara en manos de empresarios sin ninguna vocación de crear empleo sino todo lo contrario.

El email de la discordia

La Policía dedica un apartado específico en su atestado a un documento que esgrimió el PP, nada más hacerse con el gobierno de la Diputación Provincial, que incluyó en la denuncia que ha presentado en la Fiscalía de Cádiz y que se ha incorporado a las diligencias de investigación 9/11 abiertas por el Ministerio Público. Se trata de un correo electrónico que fue remitido desde la Agencia Idea a los técnicos del IEDT para que se modificaran las baremaciones y se favoreciera a unas determinadas empresas, elevando las puntuaciones y los créditos concedidos. Dicha comunicación se produjo en el mes de febrero pasado cuando se dirimía el destino final del paquete de subvenciones que quedaron paralizadas al destaparse el fraude. Fuentes cercanas al caso señalaron que ese tipo de indicaciones pudieron producirse en convocatorias anteriores en las que se llegó a librar dinero público a unos proyectos falsos.

Este periódico ha tenido acceso a ese correo electrónico en el que consta como uno de los tres destinatarios, Gema Herrera. Para la Udyco, esa comunicación evidenciaría «la alteración de todo el orden de tramitación de los proyectos» y «demostraría un plan preconcebido y un empeño en beneficiar determinados proyectos al margen de cualquier criterio objetivo».

En el mes de julio, cuando la operación policial que acabaría con el arresto de Ouviña estaba en ciernes, la prensa local se hizo eco de la queja de los técnicos de la IEDT que aseguraron haber recibido presiones para ponderar mejor a determinadas empresas, dejando a un lado lo que debe ser una baremación aséptica. Además no se quedaron en la mera crítica. Al recibir las indicaciones de qué proyectos debían ser subvencionados y cuáles no, los técnicos que participaban en la misma mesa que la nuera de Pizarro advirtieron que se estaba concentrando mucha ayuda pública a una serie de empresas de escasa solvencia. El ruego de estos funcionarios de la Diputación cayó en saco roto en un primer momento porque las empresas del entramado de Ouviña pasaron el corte y no fue hasta que Industria publicó en el BOE que se le reclamaba el reembolso de las subvenciones concedidas en las dos anteriores convocatorias, cuando se paralizó el proceso.

La Policía reconoce en su atestado que tuvo conocimiento a través de la prensa de esa comunicación electrónica, que ahora ha adquirido categoría de indicio sólido. Ninguna de las personas que han declarado en calidad de testigos ni la propia Agencia Idea, que obra en las actuaciones como el organismo que denunció el posible fraude, aportó copia de ese correo electrónico. Tampoco consta que la nuera de Pizarro se opusiera a esas indicaciones como sí hicieron sus otros compañeros de la mesa de evaluación del IEDT. El hallazgo de ese email ha reforzado las sospechas policiales en torno a la otra integrante de la mesa por parte de Bahía Competitiva, Rosa Pérez Cano, a quien la Udyco señala directamente como posible miembro de la trama.

Efectivamente, como consta en las actuaciones, en el mes de abril la Agencia Idea denuncia el posible pufo, pero lo hace al detectarse avales falsos emitidos por una sucursal de A Pobra (A Coruña), la misma localidad de Dávila Ouviña. Por esas fechas ya se había cursado al Ministerio el listado de proyectos que debían recibir financiación. Los del gallego estaban dentro.

Su nombre ha pasado desapercibido hasta la fecha en la investigación abierta por el fraude millonario en el seno del Plan Bahía Competitiva, cometido por un entramado de empresas liderado por el empresario gallego Manuel Dávila Ouviña. Unos hechos que investiga la Udyco de Sevilla y que ha revelado hasta la fecha la pérdida de 24,7 millones de euros que debían haber servido para atraer empresas a la zona con mayor tasa de paro de Europa. Sin embargo, el dinero ha acabado en paraísos fiscales y fondos de inversión. Un fiasco que ha supuesto la imputación del responsable político del citado plan, Antonio Perales, y su sobrina Ofelia (hija del malogrado Alfonso Perales, exconsejero de la Junta).

Fuente: http://www.lavozdigital.es/cadiz/v/20120311/cadiz/intrincado-fraude-ayudas-bahia-20120311.html