Las tropelías del gilismo siguen pasando factura a sus principales responsables. El Tribunal de Cuentas ha condenado al ex alcalde de Marbella Julián Muñoz y a otros dos altos cargos de la extinta sociedad municipal Contratas 2000 SL, Modesto Perodia y Esteban Guzmán, a devolver a las arcas municipales 50,8 millones de euros como "responsables directos" de un agujero contable de 34,9 millones en la sociedad más sus correspondientes intereses.
El fallo del máximo órgano fiscalizador del Estado cierra en la vía administrativa uno de los episodios de corrupción más sonados de Marbella. Sin embargo, parte de las irregularidades destapadas por el Tribunal de Cuentas seguirán vivas en los juzgados penales, ya que forman parte del sumario del llamado caso Saqueo II, que se juzgará próximamente en la Audiencia Nacional.
Entre octubre de 1996 y diciembre de 1999, la sociedad municipal Contratas 2000 SL, presidida por el entonces concejal Julián Muñoz, firmó 25 contratos con las empresas del arquitecto Carlos Monteverde para realizar 73 proyectos de obras para el Ayuntamiento de Marbella. Los proyectos, valorados en 571 millones de euros y desconocidos por el Pleno municipal, eran absolutamente inviables: se necesitaría la recaudación íntegra del consistorio durante cinco años para llevarlos a cabo, y eso sin pagar los salarios de los trabajadores o dejando a deber los servicios de agua, luz o teléfono.
De los 73 proyectos, las empresas de Monteverde sólo entregaron 42, ya que las 31 restantes se correspondían con obras ya realizadas por el Ayuntamiento y que habían sido encargadas y diseñadas por otros arquitectos. En los 42 proyectos por los que Monteverde percibió 41,8 millones de euros, hay 13 que son meros plagios de otras ciudades. Así, los planos del Auditorio y Escuela de Música son calcados a un centro similar en Las Rozas (Madrid) y los de un hospital se corresponden exactamente en estructura y emplazamiento con un centro sanitario de Santa Coloma (Barcelona). Pero hay algunos ejemplos más curiosos: el proyecto de instituto de educación secundaria tiene un pliego de condiciones técnicas de un centro penitenciario.
Los honorarios por estos proyectos supuestamente fraudulentos y nunca realizados se fueron pagando "en efectivo" hasta un total de 27,9 millones de euros. Además, los responsables de las sociedades no entregaron al Tribunal de Cuentas los contratos de nueve empresas acreedoras que reclamaban un total de 11,6 millones de euros en facturas aceptadas y reconocidas.
La sentencia, firmada el 30 de diciembre y conocida ayer, es producto de la demanda interpuesta por el consistorio marbellí en junio de 2007. En ella, el Ayuntamiento reclamaba a los ahora condenados un total de 47 millones más los intereses, sin embargo el Tribunal de Cuentas ha reducido los perjuicios ocasionados a las arcas públicas a 34,9 millones. Contra esta sentencia del Tribunal de Cuentas, Muñoz, Perodia y Guzmán pueden interponer recurso de apelación.
La alcaldesa marbellí, Ángeles Muñoz, del PP, aseguró ayer que "no cejará" hasta que el Ayuntamiento recupere los 50,7 millones de euros. La regidora anunció que los servicios jurídicos municipales están trabajando para localizar bienes embargables de los tres condenados, y recordó que la Audiencia Nacional ya ha condenado al ex asesor urbanístico marbellí Juan Antonio Roca, al abogado José Luis Sierra y al asesor fiscal Manuel Jorge Castel a pagar 23 millones al municipio por el caso Saqueo I.
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