El juez ve indicios de criminalidad por un caso urbanístico en la líder del PP jerezano

El Juzgado de Instrucción número 2 de Jerez ha dictado un auto por el que determina que han surgido «indicios racionales de criminalidad» en el caso de los huertos de ocio contra la popular y por entonces alcaldesa de Jerez María José García Pelayo. En el escrito fechado el 25 de febrero, al que LA VOZ ha tenido acceso, se alude a un presunto delito de prevaricación administrativa relativo a ella y a «otras personas», al tiempo que se recuerda la condición de parlamentaria andaluza de la imputada, por lo que el procedimiento a partir de ahora tendrá que ser remitido al Tribunal Superior de Justicia de Andalucía. El auto apunta a que tanto el 7 de agosto de 2003 como el 18 de noviembre del mismo año García Pelayo no sólo ostentaba el cargo de alcaldesa de la ciudad, sino también el de presidenta del Consejo de Gestión de la Gerencia Municipal de Urbanismo, lo que la relaciona directa e inexorablemente con los hechos juzgados. Las fechas citadas anteriormente corresponden a los días en los que se adoptaron resoluciones presuntamente prevaricadoras en relación al desalojo de las parcelas de los huertos de ocio.En concreto, el 7 de agosto de 2003 se dictó un acuerdo para proceder a la expropiación de unos terrenos de los que los afectados disponían por contrato de cesión, prescindiendo de la tramitación del correspondiente expediente de resolución de estos contratos, como consta en el dictamen judicial. La intención de esta operación no era otra que la transmisión en el mes de octubre del mismo año de dicha finca a la empresa Xera Promociones mediante una permuta, con el fin de destinar este suelo a la construcción de viviendas.El 18 de noviembre de 2003 el Consejo de Gestión de la GMU dictó un nuevo acuerdo desestimando el escrito de alegaciones de los perjudicados y aprobando definitivamente el expediente anterior. De esta forma, según el auto se resolvieron anticipadamente los contratos administrativos y de cesión del uso de las parcelas y se requirió el desalojo en 20 días, aún cuando la Gerencia «no era propietaria del suelo y por tanto no tenía potestad para dictar el acuerdo». De hecho, una sentencia del 14 de julio de 2008 del Juzgado Contencioso-Administrativo de Jerez decretó la nulidad del desalojo, algo que luego fue ratificado por el TSJA en enero del presente año.En el auto del Juzgado de Instrucción número 2 se incide en que todas estas operaciones contaron necesariamente con el beneplácito en forma de firma de la entonces alcaldesa, «con la intención última de favorecer a la empresa privada Xera Promociones con la disponibilidad inmediata de dicha parcela». Dada su condición de aforada al pertenecer al Parlamento de Andalucía, las diligencias tendrán que ser remitidas al TSJA en el plazo más breve posible, «que en ningún caso podrá exceder de tres días». Así, el órgano jerezano no podrá continuar la instrucción de la causa no sólo en lo que respecta a la aforada sino también al resto de imputados, ante el riesgo de que los trámites que se pudieran practicar de ahora en adelante resultaran nulos de pleno derecho. El documento concluye con la puntualización de que contra esa resolución no cabe recurso alguno, pues ya será la Sala de lo Civil y de lo Penal del TSJA la que deberá fijar su propia competencia, como órgano superior jerárquico del de Instrucción.El abogado de los 35 parcelistas afectados, Francisco Pérez Vera, mostró ayer su satisfacción por que el procedimiento se desarrolla según lo previsto, confiando en que el futuro a nivel judicial siga siendo favorable para sus representados. «Yo creo que estamos por el buen camino», sentenció. No obstante, el letrado quiso aclarar que la inculpación de Pelayo no exime de responsabilidad al resto de los imputados, cuyo número supera la veintena. «El auto se refiere exclusivamente a ella por su condición de aforada, para justificar por qué el procedimiento será remitido al TSJA, pero todo se hará extensivo a los demás e incluso habrá algunos casos en los el delito estará mucho más claro».Imputados de renombreEntre los nombres, Pérez Vera volvió a recordar la especial implicación de Pedro Pacheco, que por aquel entonces era el delegado de Urbanismo y fue quien negoció las permutas con Xera Promociones, sin olvidar a personas del actual equipo de Gobierno como el delegado de Fomento, Francisco Lebrero, o la propia alcaldesa, Pilar Sánchez. «Ellos estaban en la oposición, pero habrá que analizar las actas que se dictaron desde órganos colegiados de los que ellos formaban parte y donde de hecho todos votaron a favor, excepto el concejal de Izquierda Unida, Joaquín del Valle».El abogado destacó que Pilar Sánchez «ocultó siempre el expediente y la escritura de la operación, porque se opuso desde un principio a esta demanda». No obstante, pretendió tirarle el guante a la regidora jerezana cuando se refirió a que en la actualidad puede tener una segunda oportunidad si facilita los trámites para obtener la nulidad de la permuta.«Ahora puede demostrar de qué lado está en términos de legalidad, si quiere que se hagan las cosas bien o si prefiere cerrar los ojos. Nosotros tenemos ya los expedientes, pero pediremos que sea el Ayuntamiento el órgano que inicie el procedimiento de nulidad de la permuta. De no ser así, lo solicitaremos por la vía judicial».