La Guardia Civil detuvo ayer a trece personas en la denominada operación Arco contra una trama de corrupción urbanística en Málaga. Entre los arrestados destaca el alcalde socialista del municipio malagueño de Alcaucín, José Manuel Martín Alba, dos de sus hijas y el aparejador municipal. También fueron detenidos el adjunto al jefe del Servicio de Arquitectura de la Diputación Provincial de Málaga, dos funcionarios de ese organismo y varios administradores, apoderados de empresas y gestores inmobiliarios. La Fiscalía Anticorrupción les imputa delitos de cohecho, blanqueo de capitales, prevaricación, tráfico de influencias, falsedad, delito urbanístico y actividades prohibidas a los funcionarios. Según los primeros datos, la red se dedicaba a encubrir la construcción desde viviendas unifamiliares a urbanizaciones en parcelaciones ilegales realizadas en suelo rústico de la comarca malagueña de la Axarquía. Además de las detenciones, agentes de la Guardia Civil registraron numerosas dependencias municipales en Alcaucín, viviendas particulares de los arrestados y distintos despachos del área del Servicio de Arquitectura de la Diputación malagueña. Fue el Servicio de Protección de la Naturaleza (SEPRONA) de la Guardia Civil el que inició las pesquisas a impulso de varias organizaciones ecologistas que desde hace años denuncian el aumento de las construcciones ilegales en la sierra de la Axarquía, de alto valor medioambiental. Al descubrir los primeros indicios de una posible trama corrupta, el caso pasó a la Fiscalía de Málaga, que a su vez lo derivó a Anticorrupción. Las pesquisas detectaron la trama de parcelación irregular y construcción en suelo rústico, promovida al parecer desde el Ayuntamiento de Alcaucín, que habría contado para ello con los informes favorables emitidos por la diputación malagueña. La Guardia Civil investiga si este actuar fraudulento se extendió al vecino municipio de La Viñuela, cuyo alcalde, también del PSOE, es un habitual de las investigaciones de la Fiscalía Anticorrupción por delitos urbanísticos.La Diputación de Málaga, gobernada por PSOE e IU, se desvinculó de la actividad de la presunta trama de corrupción. El vicepresidente de la entidad, el socialista Francisco Fernández España, aseguró que los hechos investigados forman parte de «la actividad privada de los presuntos implicados y en ningún caso están relacionados con la que desarrollan para la institución».«Tolerancia cero»Por su parte, el PSOE anunció ayer que expulsará a todos los militantes que sean imputados en el caso del Ayuntamiento de Alcaucín. La comisión ejecutiva del PSOE de Málaga y la regional de Andalucía aseguraron que los socialistas mantendrán «tolerancia cero» ante la corrupción.El vicepresidente del PSOE de Andalucía, Luis Pizarro, anunció el envío de un escrito a los órganos de garantía del partido para tramitar la expulsión de José Martín Alba y de todos aquellos afiliados que estén relacionados con los posibles delitos. Pizarro subrayó el respeto y respaldo de su formación al trabajo de jueces y fuerzas de seguridad del Estado contra la corrupción y apostilló que el partido «va a asumir responsabilidades y no se va a querellar contra el juez instructor», en referencia al PP y su acusación a Baltasar Garzón.
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