Una juez investiga a la Falange por la
ejecución sistemática de personas durante la Guerra Civil
EUROPA PRESS
MADRID.- El juzgado de instrucción
número 1 de Almazán (Soria) ha reabierto un caso del franquismo para esclarecer
la muerte de diez personas en la localidad de Barcones el 14 de agosto de 1936
y ha solicitado a la Guardia Civil que envíe las posibles órdenes de ejecución
e informe si estas fueron puestas a disposición del Instituto Armado o de la
Falange por parte de un mando militar con el fin de averiguar si fueron únicas
o "sistemáticas".
Así consta en un auto en el que la magistrada María Luisa García reabre las actuaciones tras el hallazgo de los restos mortales de seis de las víctimas tras los trabajos de exhumación llevados a cabo por la Fundación Aranzadi, dirigida por el médico especialista en Medicina Legal y Forense Francisco Etxeberria, quien recientemente ha dirigido el proyecto de búsqueda de los restos de Miguel de Cervantes en el convento de las Trinitarias de Madrid.
El juzgado reabre ahora la causa, que había sido archivada de forma provisional por la falta de autor conocido, ordena dar traslado a la Fiscalía y solicita a la compañía de la Guardia Civil del puesto de Almazán que remita las "hojas de servicio" de las zonas afectadas, Almazán, Barcones, San Esteban de Gormaz y Burgo de Osma, correspondientes a los días 13 y 14 de agosto de 1936.
Así consta en un auto en el que la magistrada María Luisa García reabre las actuaciones tras el hallazgo de los restos mortales de seis de las víctimas tras los trabajos de exhumación llevados a cabo por la Fundación Aranzadi, dirigida por el médico especialista en Medicina Legal y Forense Francisco Etxeberria, quien recientemente ha dirigido el proyecto de búsqueda de los restos de Miguel de Cervantes en el convento de las Trinitarias de Madrid.
El juzgado reabre ahora la causa, que había sido archivada de forma provisional por la falta de autor conocido, ordena dar traslado a la Fiscalía y solicita a la compañía de la Guardia Civil del puesto de Almazán que remita las "hojas de servicio" de las zonas afectadas, Almazán, Barcones, San Esteban de Gormaz y Burgo de Osma, correspondientes a los días 13 y 14 de agosto de 1936.
Además, reclama al Instituto Armado que
mande al juzgado las "posibles órdenes de ejecución o similares" e
investigue las "órdenes puestas a disposición de Guardia Civil y
Falange dadas por el comandante militar y se averigüe si fueron únicas, o
bien si fueron sistemáticas".
La magistrada también se dirige a la Subdelegación del Gobierno, ubicada en Soria, para que informe al órgano judicial de la "documentación del Gobierno civil relativa al crimen, ya que dependía del propio gobernador Rafael Sevillano".
"Única" causa abierta en España
La denuncia ha sido interpuesta por el presidente de la Asociación Soriana para el Recuerdo y la Dignidad, Iván Aparicio, defendido por el abogado especializado en Derechos Humanos, Eduardo Ranz, que ha destacado que se trata de la "única" causa abierta en España por los crímenes de la dictadura y de la Guerra Civil. Otras denuncias por las desapariciones y crímenes franquistas están siendo investigadas en Argentina por parte de la juez María Servini.
La causa de investigación de los 10 civiles asesinados en Barcones la mañana del 14 de agosto de 1936 comenzó con la denuncia interpuesta por la Asociación Recuerdo y Dignidad de Soria el 12 de julio de 2013. Una semana después, comenzaron los trabajos de exhumación dirigidos por Etxeberría, que, gracias a los investigadores de la asociación y al relato de un testigo, dieron con la localización de la fosa que albergaba a seis víctimas.
El pasado 1 de noviembre, coincidiendo con la festividad de Todos los Santos, se entregaron a sus familias los cuerpos de los seis vecinos de San Esteban de Gormaz exhumados. En concreto, se trataba de Juan Ballano Pérez, agricultor de 31 años; Juan Pablo Rica, concejal de Cultura de 54 años; Bernabé Esteban Benito, jornalero de 37 años; Mariano González Carracedo, ferroviario de 35 años; Cándido Muyo Arranz, agricultor de 25 años; y Máximo Redondo García guardabarreras de 37 años en el momento de su fallecimiento.
Continúa la búsqueda de Arsenio Martínez, Tomás Cué, Antonio Lafuente y Fermín González todos vecinos de Soria y miembros de la CNT, según ha informado la asociación denunciante.
La magistrada también se dirige a la Subdelegación del Gobierno, ubicada en Soria, para que informe al órgano judicial de la "documentación del Gobierno civil relativa al crimen, ya que dependía del propio gobernador Rafael Sevillano".
"Única" causa abierta en España
La denuncia ha sido interpuesta por el presidente de la Asociación Soriana para el Recuerdo y la Dignidad, Iván Aparicio, defendido por el abogado especializado en Derechos Humanos, Eduardo Ranz, que ha destacado que se trata de la "única" causa abierta en España por los crímenes de la dictadura y de la Guerra Civil. Otras denuncias por las desapariciones y crímenes franquistas están siendo investigadas en Argentina por parte de la juez María Servini.
La causa de investigación de los 10 civiles asesinados en Barcones la mañana del 14 de agosto de 1936 comenzó con la denuncia interpuesta por la Asociación Recuerdo y Dignidad de Soria el 12 de julio de 2013. Una semana después, comenzaron los trabajos de exhumación dirigidos por Etxeberría, que, gracias a los investigadores de la asociación y al relato de un testigo, dieron con la localización de la fosa que albergaba a seis víctimas.
El pasado 1 de noviembre, coincidiendo con la festividad de Todos los Santos, se entregaron a sus familias los cuerpos de los seis vecinos de San Esteban de Gormaz exhumados. En concreto, se trataba de Juan Ballano Pérez, agricultor de 31 años; Juan Pablo Rica, concejal de Cultura de 54 años; Bernabé Esteban Benito, jornalero de 37 años; Mariano González Carracedo, ferroviario de 35 años; Cándido Muyo Arranz, agricultor de 25 años; y Máximo Redondo García guardabarreras de 37 años en el momento de su fallecimiento.
Continúa la búsqueda de Arsenio Martínez, Tomás Cué, Antonio Lafuente y Fermín González todos vecinos de Soria y miembros de la CNT, según ha informado la asociación denunciante.
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