UGT y CCOO cobraron 7,6 millones con los ERE sin prestar
"ningún servicio"
Los sindicatos UGT y CCOO cobraron entre 2001 y 2009 un
total de 7,6 millones de euros de dos aseguradoras implicadas en los ERE
fraudulentos de Andalucía pese a que "no prestaron ningún servicio
efectivo", según la exposición razonada elevada por la juez Mercedes Alaya
al Tribunal Supremo.
Dicho texto, al que ha tenido acceso Efe, afirma que las
mediadoras, con las sobrecomisiones que cobraban en cada ERE, pagaban a los
sindicatos, de modo que estos "con dicha retribución facilitaban la
culminación normalizada de los mismos, a pesar de ser entidades sin ánimo de
lucro cuya esencia es la defensa del derecho de los trabajadores y la
negociación colectiva".
Los sindicatos,
mantiene Alaya, "no prestaban ningún servicio efectivo" a los
mediadores pero, según un informe de la Guardia Civil, entre 2001 y 2009
habrían recibido retribuciones por parte de las aseguradoras Vitalia y Uniter
por importe de 7.648.815 euros.
Los sindicatos
emitían facturas a las mediadoras por servicios no prestados y se limitaban,
según la exposición razonada, "a revisar los cálculos actuariales"
realizados por las agencias, sin que estas lo precisaran.
Una veintena de sindicalistas de UGT y CCOO se encuentran
entre los 201 imputados por los ERE, encabezados por un líder estatal, José Luis
Montesinos, secretario general de Fiteqa-CCOO, y un ex secretario general
andaluz, Francisco Fernández Sevilla, de UGT-A.
La juez instructora
mantiene que los sindicatos cobraban entre el 1 y el 1,5 por ciento de la prima
del seguro, "porcentaje muy sustancioso dado el elevado coste de los
seguros, y que inclinaría la balanza hacia una u otra mediadora".
Según un informe de
la Agencia Tributaria, "existen datos suficientes para concluir que el
pago a los sindicatos existió en la época de José Antonio Viera como consejero
de Empleo", dice Alaya en referencia a uno de los siete exconsejeros
andaluces aforados que ha motivado la elevación del caso al Tribunal Supremo.
Así, la entidad Temiqui, cuyo único socio es la Federación
Estatal de Industrias Químicas de UGT, habría cobrado de Vitalia 177.820 euros,
mientras que ITG, en la que el 100 % del accionariado pertenece a UGT, habría
recibido 200.634 euros de Vitalia y de Uniter.
La Federación
Agroalimentaria de UGT Cádiz cobró en 2003 de Vitalia 16.668 euros y la
Federación de Industria de CCOO otros 115.074 euros, mientras que una entidad
denominada Prevenrisk, perteneciente a Vitalia, declaro en 2001 pagos a una de
las federaciones de CCOO por valor de 27.886 euros, afirma la exposición
razonada.
Señala a Griñán
Añade que esta práctica continuó con Antonio Fernández como
consejero de Empleo (2004-2010) "y la imprescindible colaboración de la
Consejería de Hacienda, cuyo titular pasaba a ser José Antonio Griñán"
(2004-2009) y Francisco Vallejo como consejero de Innovación.
En esta época, según datos de la Agencia Tributaria,
"resultan pagos declarados a dichas organizaciones sindicales, que habían
emitido sus correspondientes facturas a las mediadoras por servicios de
asesoramiento que no habrían tenido lugar", asegura Alaya.
Así, Temiqui recibió en este periodo 316.831 euros de
Vitalia y Uniter, mientras que ITG percibió entre 2006 y 2008 un total de
178.673 euros, aunque el escrito de Alaya añade que "un examen de las
cuentas bancarias de Uniter pondría de manifiesto que entre 2007 y 2011 habría
pagado a ITG un total de 1.041.970 euros".
A la Federación Agroalimentaria de UGT le constan entre 2004
y 2010 un total de 425.170 euros en ingresos, la Federación de Industria de
CCOO declaró entre 2004 y 2010 unos ingresos de 436.551 euros y a Atlantis
Asesores, vinculada a CCOO, le constan unos ingresos totales de 972.611 euros
por parte de Uniter o empresas de su grupo, mientras que FGT Asesores de
Recursos Humanos, perteneciente a CCOO, declaró unos ingresos de 518.006 euros
de empresas del grupo Vitalia.
En su exposición al
Supremo, Alaya afirma que "el pago a los sindicatos era indiciariamente de
público y notorio conocimiento de la Consejería de Empleo" de la Junta
debido al contacto tan estrecho que mantenían y que el pago de sobrecomisiones
"sería conocido y autorizado por los máximos responsables del gobierno
autonómico".
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