El Juzgado de Primera Instancia e Instrucción número tres de La Línea de la Concepción (Cádiz) ha dictado un auto en el que acuerda la apertura de juicio oral contra el alcalde linense, Juan Carlos Juárez (PP), y los ediles Manuel Aguilera, Vicente Lara, Alfonso González y Gabriel García por un presunto delito continuado de prevaricación por un caso de contratación supuestamente irregular realizada en el Ayuntamiento en 1999.
Según el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la Fiscalía imputa un delito continuado de prevaricación, por lo que solicita una condena de inhabilitación especial para el desempeño de empleo o cargo público durante el tiempo de diez años.
Por su parte, las acusaciones personadas en el caso, ejercidas por José Carrión y por el edil socialista Miguel Tornay, piden, además del delito de prevaricación, la imputación de un delito de malversación de caudales públicos y otro contra los derechos fundamentales.
Por ello, solicitan una condena de 15 años de inhabilitación y seis años de prisión por el supuesto delito de malversación, al entender que se estaba "gastando un dinero en pagar a unas personas que se han contratado de forma ilegal, por lo que se hace mal uso del dinero público", y otros cuatro años de inhabilitación por el supuesto delito contra los derechos fundamentales, al entender que "se vulneran los derechos de igualdad de oportunidades y concurrencia a la Administración pública".
Así, la Fiscalía pide para el alcalde linense un total de diez años de inhabilitación y las acusaciones personadas un total de 29 años de inhabilitación para empleo o cargo público y seis años de prisión.
Según el auto, al que ha tenido acceso Europa Press, la Fiscalía imputa un delito continuado de prevaricación, por lo que solicita una condena de inhabilitación especial para el desempeño de empleo o cargo público durante el tiempo de diez años.
Por su parte, las acusaciones personadas en el caso, ejercidas por José Carrión y por el edil socialista Miguel Tornay, piden, además del delito de prevaricación, la imputación de un delito de malversación de caudales públicos y otro contra los derechos fundamentales.
Por ello, solicitan una condena de 15 años de inhabilitación y seis años de prisión por el supuesto delito de malversación, al entender que se estaba "gastando un dinero en pagar a unas personas que se han contratado de forma ilegal, por lo que se hace mal uso del dinero público", y otros cuatro años de inhabilitación por el supuesto delito contra los derechos fundamentales, al entender que "se vulneran los derechos de igualdad de oportunidades y concurrencia a la Administración pública".
Así, la Fiscalía pide para el alcalde linense un total de diez años de inhabilitación y las acusaciones personadas un total de 29 años de inhabilitación para empleo o cargo público y seis años de prisión.
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